Acusados 5 militares por 'falso positivo' en La Guajira
Se les endilgan cargos por secuestro y homicidio en persona protegida.
El Espectador
Cinco militares más fueron vinculados formalmente a un nuevo caso de ‘falso positivo’ ocurrido en La Guajira, luego de que un fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario dictara resolución de acusación por su presunta responsabilidad en ese tipo de ejecución extrajudicial.
Los militares son sospechosos de haber incurrido en los delitos de homicidio agravado y secuestro simple, con ocasión de la desaparición y posterior asesinato de los civiles Giovanny Cortez Mindiola y Carlos Augusto González Cortés, señaló la parte acusadora.
Los hechos materia de investigación se produjeron el 23 de noviembre de 2006 en el corregimiento Cañaverales, municipio guajiro de San Juan del Cesar, donde las víctimas fueron requeridas por miembros del Batallón No. 7 de Alta Montaña, supuestamente, para cumplir con algunas encomiendas.
Posteriormente, uniformados presentaron sus cadáveres como el producto de bajas de la guerrilla de las Farc que se produjeron como consecuencia de enfrentamientos armados de los militares con ese grupo insurgente.
Un fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, DIH, determinó que la confrontación, en realidad, nunca se produjo y que los muertos no eran más que civiles.
La determinación cobija al sargento (r) Alfonso Castillo Blanquicett, al cabo (r) Rodrigo Vargas Montoya, y a los exsoldados profesionales Wilson Fabio Solarte Buesaquillo, Walter Viáfara Bonilla y Waldir Restrepo Vega.
El 17 de agosto de 2010 un fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Barranquilla confirmó la medida de aseguramiento que pesaba sobre los suboficiales y soldados, que se encuentran privados de su libertad de manera preventiva, mientras se demuestra en juicio si fueron responsables o no del crimen.
Cinco militares más fueron vinculados formalmente a un nuevo caso de ‘falso positivo’ ocurrido en La Guajira, luego de que un fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario dictara resolución de acusación por su presunta responsabilidad en ese tipo de ejecución extrajudicial.
Los militares son sospechosos de haber incurrido en los delitos de homicidio agravado y secuestro simple, con ocasión de la desaparición y posterior asesinato de los civiles Giovanny Cortez Mindiola y Carlos Augusto González Cortés, señaló la parte acusadora.
Los hechos materia de investigación se produjeron el 23 de noviembre de 2006 en el corregimiento Cañaverales, municipio guajiro de San Juan del Cesar, donde las víctimas fueron requeridas por miembros del Batallón No. 7 de Alta Montaña, supuestamente, para cumplir con algunas encomiendas.
Posteriormente, uniformados presentaron sus cadáveres como el producto de bajas de la guerrilla de las Farc que se produjeron como consecuencia de enfrentamientos armados de los militares con ese grupo insurgente.
Un fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, DIH, determinó que la confrontación, en realidad, nunca se produjo y que los muertos no eran más que civiles.
La determinación cobija al sargento (r) Alfonso Castillo Blanquicett, al cabo (r) Rodrigo Vargas Montoya, y a los exsoldados profesionales Wilson Fabio Solarte Buesaquillo, Walter Viáfara Bonilla y Waldir Restrepo Vega.
El 17 de agosto de 2010 un fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Barranquilla confirmó la medida de aseguramiento que pesaba sobre los suboficiales y soldados, que se encuentran privados de su libertad de manera preventiva, mientras se demuestra en juicio si fueron responsables o no del crimen.