Acusan al máximo accionista del Unión Magdalena por presunto homicidio de un juez

Eduardo Dávila, expresidente del Unión Magdalena.

Foto: El Heraldo

Eduardo Enrique Dávila, máximo dirigente del Unión Magdalena, confrontará un nuevo juicio penal, pues en las últimas horas la Fiscalía lo acusó por el presunto homicidio de un viejo conocido: Javier Alfredo Cotes Laurens, juez especializado de Santa Marta, quien lo condenó en noviembre de 1996 a diez años de prisión por narcotráfico. Se trata del tercer juicio en el historial de Dávila, quien con condena en firme por homicidio sigue representando al equipo samario.

En contexto: Expresidente del Unión Magdalena, condenado a 34 años de prisión.

De acuerdo con la Fiscalía, en diciembre de 2001, Eduardo Enrique Dávila habría contratado a un grupo paramilitar para que asesinara al funcionario judicial, pues lo tendría fichado como aquel hombre que lo condenó por tener dos toneladas de marihuana en su casa. Bajo esa investigación, al dirigente deportivo le secuestraron bienes en Santa Marta y le quitaron el 25% de las acciones que tenía del Unión Magdalena, hoy en la segunda división del fútbol colombiano.

“Las investigaciones dan cuenta de que, a cambio de favores y supuestos servicios de seguridad, el hoy procesado habría financiado una red sicarial conocida como Los Chamizos, que estaban al servicio del entonces jefe paramilitar de la Sierra Nevada de Santa Marta, Hernán Giraldo Serna, y un clan familiar conocido como Los Rojas”, agregó la Fiscalía. De acuerdo con el ente investigador, no cabe duda que Los Chamizos asesinaron al juez Cotes, tras dispararle tres veces en el barrio Santa Elena de Santa Marta.

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La Fiscalía, entonces, llamó a un nuevo juicio penal al máximo accionista del “Ciclón” y mantuvo la medida de aseguramiento que tiene en firme, pues el 26 de julio de 2012 fue condenado por el homicidio agravado de Carmen Josefa Vergara Díazgranados, conocida como “La Nena”. De acuerdo con la investigación, Eduardo Enrique Dávila ordenó el asesinato de quien era amiga de su segunda esposa, crimen que se llevó a cabo el 18 de enero de 2007 en la vía a El Rodadero.

Carmen Josefa Vergara, para la fecha de los hechos, estaba encargada de administrar las finanzas de María del Pilar Espinosa, quien quedó a cargo de varios negocios de su exesposo Jorge Gnecco Cerchar, asesinado a sangre fría por paramilitares en 2001. Luego de eso, Espinosa inició una relación con el mismo Eduardo Enrique Dávila, lo que terminó en su segundo matrimonio. Carmen Josefa Vergara le recomendó a Espinosa terminar esa relación, por lo cual la viuda decidió dejar el país, dejándole los negocios a “La Nena”.

Antecedentes: Dictan medida de aseguramiento a dueño del Unión Magdalena.

A Carmen Josefa Vergara se le entregó un carro blindado, por parte de los Gnecco, pues había sufrido un atentado, que se le atribuyó en su momento a Eduardo Enrique Dávila. En 2006, María del Pilar Espinosa regresó al país y le habría pedido ese vehículo protegido a “La Nena”, presuntamente para que anduviera en su carro particular. Luego de eso, Eduardo Enrique Dávila planeó el asesinato de Vergara, contratando a sicarios que la interceptaron en El Rodadero, por el cerro Ziruma. Tras ser declarado culpable, el máximo accionista del “Ciclón” fue recluido en la cárcel El Bosque de Barranquilla.

De acuerdo con el portal VerdadAbierta, el temido paramilitar Hernán Giraldo Serna, conocido como El Señor de la Sierra, señaló a Eduardo Enrique Dávila en versiones ante juzgados de Justicia y Paz, indicando presuntas alianzas políticas en la región. Incluso, el 23 de febrero de 2011, José Domingo Dávila, hermano del máximo accionista del Unión magdalena, fue condenado a siete años y seis meses de prisión por lograr alianzas con el Bloque Resistencia Tayrona de las AUC, comandado por el “para” Giraldo Serna.

Sobre el Bloque Resistencia Tayrona: Niegan libertad a prueba del exjefe paramilitar Hernán Giraldo.

José Domingo Dávila, conocido como “Chelo” y exgobernador de Magdalena, fue condenado por firmar el “Pacto de Chivolo”, en ese departamento, con paramilitares de la talla de Rodrigo Tovar Pupo, Jorge 40, y Hernán Giraldo Serna. De acuerdo con la investigación, El Señor de la Sierra se comprometió a contratar buses para que electores comprados se desplazaran a los lugares de votación. Los políticos beneficiados, como “Chelo”, respondieron destinando un porcentaje del presupuesto de contratación, en ayudas para el grupo paramilitar a través de contratos fachada.

De Hernán Giraldo se sabe que está recluido en la cárcel de Itagüí, desde principio de año, cuando Estados Unidos lo devolvió en extradición tras pagar una condena de 12 años por narcotráfico. A pesar de que El Señor de la Sierra se sometió a la ley de Justicia y Paz, por lo cual obtuvo una pena reducida, a cambio de su desmovilización y colaboración con las autoridades, un par de denuncias por violencia sexual contra menores de edad lo tienen sin libertad a prueba. Giraldo Serna es conocido por, en la época dura del paramilitarismo, contratar proxenetas que le llevaban menores de edad por catálogo.

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