La Juez 51 Penal del Circuito de Bogotá aceptó el documento que varias Organizaciones no Gubernamentales (ONGs) entregaron al Gobierno de Estados Unidos en el que se afirma que el Ejército tiene responsabilidad en el holocausto del Palacio de Justicia, como parte del material probatorio que será tenido en cuenta en el juicio que se adelanta contra el ex comandante del Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia, Iván Ramírez Quintero.
El Embajador de Estados Unidos en Colombia había aclarado en su momento que el documento no es oficial del Departamento de Estado y mucho menos del gobierno norteamericano, sino que fue presentado a éste por investigadores independientes.
Así mismo, la titular del despacho aceptó que se le tome versión al actual presidente de la Cortes Constitucional, Nilson Pinilla Pinilla, quien también presiden la Comisión de la Verdad, un organismo dispuesto para esclarecer lo sucedido durante la retoma del Palacio, en nombre de la historia.
Según la juez Cristina Trejos, del análisis del documento que mantenía en su poder el archivo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, se derivará la pertinencia o no de las declaraciones de Michael Evans, vocero de ese organismo, que fueron solicitadas por la parte civil.
De la misma manera la juez ordenó el traslado de varias pruebas que ya fueron practicadas en los demás procesos que se adelantan por el holocausto, entre ellas las declaraciones del ex cabo segundo del Ejército Tirso Armando Sáenz y el también ex uniformado Edgar Villamizar Espinel.
Por otra parte, solicitó copia de entrevistas realizadas al magistrado Nilson Pinilla y al coronel (r) Alfonso Plazas Vega, que fueron publicadas por medios de prensa y radiales en los años 2007 y 2008.
La titular del juzgado manifestó que del análisis de estos documentos relacionados con el coronel Plazas dependerá la decisión de llamar o no a declarar al ex uniformado dentro de este juicio, que pretende esclarecer la responsabilidad o no del general Iván Ramírez en la desaparición de civiles durante la retoma del palacio de Justicia en noviembre de 1985.
Finalmente, fue aceptada como prueba la transliteración de una grabación en la que supuestos agentes del B2 del Ejército reconocen haber sido testigo de las torturas a las que fueron sometidos varios civiles rescatados del Palacio en llamas y que fueron remitidos a la Escuela de Caballería del Ejército Nacional.
Frente a ello el abogado defensor, Jhon Fernando Vásquez dijo que le pedirá a la juez que reconsidere su decisión, pues según él, se trata de un documento que no tiene sustento, toda vez que la cinta en la que estaba la grabación no es de conocimiento público.
Se trata de una grabación que fue entregada al padre de uno de los desaparecidos, Enrique Rodríguez, quien dejó la prueba testimonial en manos de la Procuraduría sin antes cerciorarse de su contenido.
Luego de generada la transcripción de las supuestas confesiones, que fueron certificadas por un juez, la cinta desapareció y hasta el momento no se tiene el menor rastro de su existencia, salvo el documento ya citado.
Por Elespectador.com
