La Corte Constitucional admitió estudiar una demanda que pide tumbar toda la reforma tributaria que impulsó el Gobierno de Gustavo Petro, por vicios de trámite. La radicó una de las voces más visibles de la oposición, el senador del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay. El congresista sostiene que se vulneraron principios de la Constitución, pues, por ejemplo, no fueron escuchadas proposiciones de algunos legisladores, la ley se tramitó en un tiempo tan corto que es imposible que se haya estudiado todo el texto, en las conciliaciones excluyeron a la oposición, así como en reuniones que se dieron entra las mesas directivas de Cámara y Senado.
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En concreto, el senador Miguel Uribe considera que con el paso de la reforma tributaria por el Congreso se violaron principios como el de la publicidad, la consecutividad, entre otros. Aunque la Corte Constitucional no admitió estudiar todos sus argumentos, y se suma a otra serie de demandas contra la tributaria, esta podría ser una estocada, ya que pide tumbar la totalidad del primer proyecto que logró tramitar el Gobierno en el Congreso, que promete recaudar $20 billones para financiar buena parte de las iniciativas de Petro. Hasta ahora, solo fue admitida y se pidieron algunas pruebas.
El primer reproche del senador Uribe Turbay es que no se dio “una discusión juiciosa, un debate claro en cumplimiento de garantías completas y transparentes y finalmente una votación con la consciencia”. Supuestamente, las mesas directivas de Cámara y Senado se abstuvieron de escuchar un sinnúmero de proposiciones. Por ejemplo, el congresista uribista asegura que personalmente suscribió “más de 40 proposiciones, las cuales no fueron objeto de siquiera lectura, mucho menos de discusión o de justificación en su rechazo por parte del Gobierno (lo que probaría) la ausencia de cumplimiento de las disposiciones legales”.
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Incluso, Uribe Turbay adjuntó en su demanda una intervención suya en el Congreso en la que le advirtió al presidente del Senado, Roy Barreras, que era necesario aplazar uno de los debates para estudiar a fondo el proyecto de ley. Esa proposición fue negada. De hecho, según cifras de la demanda, en el trámite se la tributaria se hicieron 909 proposiciones, de las cuales seis quedaron como constancias, y las demás no fueron resueltas de ninguna manera.
En segundo lugar, Miguel Uribe rechazó que, “el escaso tiempo del que disponían los congresistas constituye evidencia concreta, clara e irrebatible, de la imposibilidad absoluta de leer las proposiciones y la ponencia”. Según sus cuentas, el proyecto de la tributaria tenía 1.408 páginas, cada una con 200 caracteres, por lo que hubiera tomado 36 horas leerlo completamente. Pero entre la radicación de la ponencia y el primer debate solo pasaron 35 horas. Según le dijo Uribe a la Corte, votar un proyecto en esas condiciones “dista mucho de ser un mero vicio de forma, puesto que, como consecuencia de ello, los congresistas no pudieron representar adecuadamente al pueblo”.
Finalmente, el senador del Centro Democrático cuestionó que en la conciliación del proyecto hayan excluido a la oposición. Esta fase final del trámite de la ley se da cuando hay discrepancias entre el texto aprobado en Cámara y Senado. La mesa directiva designó para la tarea de conciliar a dos senadores, Clara López y Juan Diego Echavarría; y a dos representantes, Jorge Hernán Bastidas y Álvaro Henry Monedero. Respectivamente de Colombia Humana, el Partido Liberal, el Pacto Histórico y, nuevamente, el Liberal. Es decir, todos eran representantes de la bancada de Gobierno.
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La magistrada Cristina Pardo aceptó estudiar la demanda por las tres primeras razones. A su juicio, esos tres argumentos cumplían todos los requisitos para que la Corte entre a estudiar si en el trámite de la ley se respetó la Constitución. No obstante, el último argumento fue hecho a un lado, porque a su parecer, “no es claro que toda reunión sostenida entre parlamentarios en donde se discutan temas de la agenda legislativa pueda asimilarse a una sesión que deba tramitarse al seno de la actividad legislativa en la sede del Congreso de la República”. Así las cosas, Pardo pidió una serie de pruebas a la Cámara, el Senado, el Ministerio de Hacienda, la Dian y Presidencia.
A las dos cámaras del Congreso, por ejemplo, les pidió todas las gacetas de los debates en los que fue aprobado el texto de la tributaria, así como los videos de las sesiones y copia de cada una de las proposiciones radicadas en el trámite. A Presidencia, Hacienda y la Dian, les pidió sentar una posición sobre la demanda del senador. Y también les solicitó intervenir a universidades y centros de pensamiento, como la Universidad de Los Andes, Externado, Libre,; así como el Instituto de Derecho Tributario, la Academia de Jurisprudencia y Dejusticia. Al comprometer billones con los que el Gobierno ya contaba lo que suceda con esta demanda será determinante para el rumbo del país.
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