El Consejo de Estado admitió para su estudio una acción de tutela que pide revivir el Acto Legislativo 007 de 2011 en el que se modificaban algunos artículos y disposiciones para dar luz verde a la entonces intención de reformar la administración de justicia. La iniciativa, en ese entonces, fue radicada por el exministro del Interior, Germán Vargas Lleras, e hizo un éxitoso trámite en el Congreso hasta que llegó a promulgación del expresidente Juan Manuel Santos quien formuló una serie de objeciones. Tras varias sesiones extraordinarias para ser analizadas, el proyecto fue archivado.
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Con la tutela de cuatro páginas que reposa en el despacho de la magistrada Martha Vásquez, el abogado Alfonso Clavijo González, autor de la iniciativa, busca que se declare aprobado el Acto Legislativo de 2011 porque, a su juicio, cumplió con los ocho debates reglamentarios en el Congreso de la República para convertirse en un hecho. En diálogo con El Espectador, el abogado aclaró que el documento que daba vida a esa reforma a la justicia entonces no debía pasar a promulgación del presidente de turno. Así las cosas, su pretensión es que el viejo Acto Legislativo quede en firme.
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“Lo que han hecho es manipular para que no lo publiquen. Además, se debe tener en cuenta que los Actos Legislativos no se pueden objetar por el presidente ni tampoco se deben tramitar en sesiones extraordinarias”, dijo el abogado Clavijo, quien añadió que con la acción de tutela pretende que el actual presidente del Congreso remita el Acto Legislativo al actual mandatario Iván Duque para que se registre la publicación del documento que, en su momento, fue polémico por las críticas que generó en todos los sectores.
La petición de Clavijo González, quien fue senador durante 2006 y 2010, se registra a pocos meses de que el actual Congreso aprobara la reforma a la justicia que propuso el Gobierno Duque y que lideró el ministro de Justicia, Wilson Ruiz. La pretensión del exsenador Clavijo, entre otras cosas, también obedece a que, a su juicio, la reforma actual no suple las necesidades actuales que requiere la justicia en el país.
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El abogado quien espera salir victorioso con la acción de tutela tiene claro que en caso de que accedan a sus pretensiones, la actual reforma a la justicia debe ser derogada y la que queda vigente se deberá ajustar a las necesidades que hoy demanda el sector judicial. Lo que perseguía el documento de 2011 era, básicamente, desaparecer el Consejo Superior de la Judicatura; dar trámite a los procesos mediante tiempos razonables; la Rama Judicial tendría autonomía presupuestal, patrimonial y administrativa; toda persona podría acceder a la justicia y habría una hoja de ruta que indicaría en cuáles casos no era necesario el apoyo de un abogado.
Sobre la puja que ha existido en relación con la elección de los magistrados, el documento establecía que los togados de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado deberían ser escogidos por las mismas corporaciones y sus convocatorias debían ser públicas. Además, que sus periodos debían ser individuales y por 12 años, diferente a lo ocurrido actualmente donde la estadía de un magistrado en un alto tribunal dura ocho. También abría la puerta a facultar a la Fiscalía General para realizar capturas de manera excepcional y fijar los delitos en los que procedan estas detenciones.
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La polémica tutela será estudiada por la magistrada Martha Vásquez del Consejo de Estado, quien tiene la responsabilidad de analizar si efectivamente existe vulneración al debido proceso legislativo, a la participación democrática y a la división de poder como lo reclama el abogado y exsenador Clavijo González.
El miembro del Club de Abogados resaltó que las modificaciones que quedaron plasmadas en el documento de 2011 dan pie para generar cambios que necesita el sector judicial en este momento. La postura no es descabellada ante los ojos del exministro Juan Carlos Esguerra, quien fungió como jefe de la cartera de justicia cuando se creó la iniciativa en cuestión. Aunque el archivo de ese Acto Legislativo llevó a Esguerra a poner sobre el escritorio del expresidente su renuncia, el exfuncionario considera que la acción de tutela no es la vía para reclamar que se ponga en vigencia la antigua reforma.
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Pese a que la la demanda fue admitida por el Consejo de Estado, el exministro considera que no hay vulneración de derechos humanos y que, por el contrario, se le está dando mal uso al recurso de la tutela. “Se le está torciendo de nuevo la finalidad a la acción de tutela”, dijo Esguerra en diálogo con este diario.
Aunque el documento fallido de 2011 le costó la dimisión, el exministro reconoce que la reforma de ese entonces era mejor opción que la se concretó en junio de este año en el Congreso de la República. Ahora, el debate que abre el abogado Clavijo González está en el Consejo de Estado que tiempo atrás conoció de una acción legal sobre el mismo caso. En ese entonces, según dijo el abogado, la Sala Plena le dio la razón en que los Actos Legislativos no debían ser objetados por el presidente y, que contrario a ello, lo que debía demandar era el acto administrativo por el cual el documento llegó al despacho del expresidente.
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