Su oficina acaba de revelar un informe sobre los resultados de una alianza entre Estados Unidos y Ecuador que interesa a Colombia porque ese mismo tipo de acuerdo llegará pronto a este país con el gobierno De la Espriella ¿Por qué el título de su informe que se describe con la frase “Abusos, preguntas sin respuesta y la cooperación en seguridad entre Estados Unidos y Ecuador”, se titula Una alianza peligrosa?
Hasta hace muy poco tiempo, Ecuador era uno de los países más pacíficos de América Latina. Tristemente, y debido a la expansión del crimen organizado, hoy tiene la segunda tasa de homicidios más alta del hemisferio occidental, después de Haití. Desde enero de 2024, el presidente Noboa ha declarado estados de excepción, lleva a los militares a las calles y afirma que existen varios conflictos armados en su país. Nada ha sido efectivo para reducir la inseguridad: entre 2024 y 2025 la tasa de homicidios volvió a incrementarse en un 40%. Por eso, su nueva estrategia fue la de afianzar la cooperación en seguridad con Estados Unidos. Nuestro informe (y su título) recogen evidencias de que, bajo esa alianza, se han cometido graves violaciones a los derechos humanos.
Entonces, y a la luz de los hallazgos de su informe, ¿no resultaría cierto que el alto impacto de inseguridad en Ecuador se deba a la falta de controles militares colombianos en la frontera entre los dos países, como dijo Noboa para justificar el alza del 100% en aranceles a nuestros productos?
La seguridad se ha deteriorado tanto en Ecuador como en Colombia. Ninguno de los dos gobiernos ha sido efectivo en la lucha contra el crimen organizado en la frontera, por distintas razones. En la administración Petro, la política de Paz Total permitió el fortalecimiento del control territorial y poblacional de los grupos armados. Con Noboa, la militarización y los estados de excepción ha terminado en el crecimiento de las denuncias por desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales. Una política de seguridad efectiva y respetuosa para la frontera, requiere cooperación entre los gobiernos de ambos países para fortalecer la capacidad de investigación y judicialización de los dos Estados.
¿Cuál es la esencia del acuerdo de cooperación que, en esa materia de seguridad se está ejecutando entre los gobiernos Trump y Noboa? ¿Estados Unidos se limita a proporcionarle a Ecuador equipos, armamento y capacitación o también incluye personal militar norteamericano actuando en los enfrentamientos contra las organizaciones delictivas del país vecino?
La cooperación bilateral de seguridad entre Estados Unidos y Ecuador se basa en una serie de acuerdos poco transparentes. Estos incluyen la Asistencia en Interceptación Aérea, el SOFA (Status of Forces Agreement), el Acuerdo de Operaciones Marítimas Transnacionales Ilícitas, la presencia de un oficial ecuatoriano en el Centro de Identificación de Objetivos, un pacto sobre seguridad de la información, y un memorando de entendimiento para el intercambio de inteligencia. En su conjunto, permiten una cooperación de aproximadamente 40 millones de dólares al año para el despliegue militar de Estados Unidos en Ecuador, la realización de operaciones conjuntas, la dotación de equipos, actividades de capacitación, y procesos de extradición.
¿Todos esos factores de cooperación son permitidos por las leyes y la Constitución de Ecuador o se están ejecutando en contravía de la normatividad de ese país?
La Constitución ecuatoriana prohíbe establecer bases militares extranjeras en ese país. Noboa intentó cambiar esta disposición por consulta popular pero el 61% de la población votó en contra. La Corte de Ecuador declaró inconstitucional algunas de las normas tramitadas por el Gobierno, incluyendo varias relacionadas con las declaratorias de conflicto armado y con la recolección de material de inteligencia, sin las garantías legales debidas.
Ustedes llaman la atención sobre la “insistencia (del gobierno Noboa) en enmarcar los enfrentamientos con los grupos del crimen organizado como si se tratara de un conflicto armado”. ¿Por qué es riesgosa, para los derechos de la gente, esa confusión?
El crimen organizado es, en mi opinión, el peor flagelo de América Latina. Todos los gobiernos de la región tendrían que ser mucho más efectivos para proteger a la población civil frente a las amenazas de estos grupos. Pero caracterizarlos como partes de un conflicto armado no solo es ineficiente, sino que provoca el riesgo de que se cometan graves violaciones a los derechos humanos. Según el Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra, el Derecho Internacional Humanitario no es aplicable a motines, disturbios, tensiones o actos de violencia que no lleguen al umbral de un conflicto armado. Esto es importante porque solo en el contexto de un conflicto armado, puede un Estado lanzar operaciones militares ofensivas con uso de la fuerza letal como primera opción. En un estado de derecho, el crimen organizado se investiga y se le vence en juicio. Matar a personas en un bombardeo contra el crimen organizado, constituye una ejecución extrajudicial.
La decisión de considerar a las bandas criminales como parte en un conflicto armado parece ser una tendencia política extendida. ¿Es una estrategia impuesta o sugerida por el gobierno de Estados Unidos?
No. La decisión de Noboa de caracterizar lo que sucede en Ecuador como un conflicto armado es de enero de 2024, anterior a la elección de Trump.
Ustedes documentan varios incidentes graves ocurridos en desarrollo de la alianza militar Ecuador - Estados Unidos en los cuales constataron abusos en contra de habitantes de las zonas intervenidas, incluidos ataques con drones, tortura y detenciones arbitrarias. El primer caso relacionado, es el de una operación militar conjunta en Sucumbíos, frontera con Colombia, en marzo de este año, que en su momento fue denunciada por Petro. ¿Cuál era el objetivo de ese operativo militar y cómo se ejecutó?
Esta operación tuvo lugar entre el 1° y el 6 de marzo de este año, en la comunidad de San Martín (muy cerca de la frontera con Colombia). Fue una operación conjunta entre Estados Unidos y Ecuador que en que se quemaron tres propiedades, de las cuales dos fueron bombardeadas después. Y, también, se presentó la detención arbitraria y tortura a cuatro personas. Para nosotros (en HRW) no es claro cuál era el supuesto objetivo militar de esta operación. Verificamos imágenes satelitales, fotografías y videos. Nuestra conclusión es que se trataba de una finca lechera y de dos fincas abandonadas hace años. Ninguna de las cuatro personas detenidas tenía antecedentes penales en Colombia o en Ecuador. Se trata de un ataque muy poco profesional, seguramente basado en inteligencia de mala calidad que no contribuyó, en nada, a debilitar el crimen organizado.
La justicia de Ecuador, ¿ha abierto alguna investigación independiente sobre este operativo y sus presuntos responsables o no hay libertad o interés en realizarla?
La Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo de Ecuador abrieron investigaciones por las denuncias de tortura en este caso. Pero no hay una investigación abierta sobre los bombardeos ni sobre la quema de propiedades.
Exactamente, ¿qué les pasó a las personas que se encontraban en la vereda atacada? ¿Es cierto que entre las víctimas había varios colombianos y que cuando los militares supieron que eran nacionales de este país, los maltrataron más que antes?
Las cuatro personas detenidas arbitrariamente, son colombianas. Fueron llevadas por soldados ecuatorianos al Batallón de Selva Número 56 y, allí, fueron torturadas. Las golpearon, asfixiaron con agua, les aplicaron descargas eléctricas, las amenazaron con cortarles los dedos y sacarles las uñas, les apuntaron con armas de fuego y las amenazaron de muerte. Nosotros verificamos documentos médicos sobre las lesiones que sufrieron y compartimos fotos de su condición física con expertos forenses. Su conclusión es que las heridas sufridas son consistentes con la tortura descrita por las víctimas. Finalmente, los soldados ecuatorianos que participaron en esa operación, fueron entregaron a la fiscalía de ese país en donde los dejaron en libertad.
El Comando Sur de Estados Unidos “cobró” el ataque en la frontera colombo-ecuatoriana cuando publicó que esa unidad militar y la de Ecuador “lanzaron operaciones contra organizaciones terroristas designadas…”. Otros mensajes oficiales relacionan la operación como conjunta pero, ¿entregaron alguna evidencia de que en las fincas atacadas estaban hombres del grupo ilegal armado Comandos de la Frontera como dijeron después?
Ninguna. Ni las autoridades de Estados Unidos ni las ecuatorianas entregaron datos al respecto.
Un segundo incidente que HRW relata, es el de varias embarcaciones pesqueras ecuatorianas atacadas en el Pacífico ¿Cómo ocurrieron esos casos, especialmente el que sufrieron dos pescadores que sobrevivieron a uno de los bombardeos, y que terminaron en un barco de Estados Unidos que los dejó a más de 2 mil millas náuticas de su vivienda en Ecuador?
Como es de público conocimiento, Estados Unidos lanzó una operación militar en contra de embarcaciones en el Pacífico y el Caribe. El resultado ha sido la ejecución extrajudicial de más de 220 latinoamericanos. Para ser claros, no importa si traficaban droga o no: en un Estado de derecho, se procesa penalmente a los criminales, no se les ejecuta de manera sumaria. El informe se concentra en tres lanchas pesqueras que estaban cerca de las Islas Galápagos en eventos que tuvieron lugar entre enero y marzo de este año. En los tres casos, el modus operandi fue el mismo. Las lanchas reportan que fueron seguidas por otra embarcación con bandera de Estados Unidos e informan que fueron vigiladas con drones. Precisamente, dos pesqueras fueron atacadas por drones cargados con explosivos. Luego del ataque, una embarcación blanca y azul se acercó y detuvo, arbitrariamente, a los sobrevivientes.
¿Qué sucedió con las víctimas que sobrevivieron a los ataques de los drones?
Las víctimas reportan que las personas que los detuvieron tenían camuflados caqui con insignias de Estados Unidos. Posteriormente, fueron entregadas a guardacostas salvadoreños que afirmaron que las recibieron a solicitud de oficiales estadounidenses. Fueron transferidas a El Salvador y, después de varios días en ese país, fueron enviadas de regreso a Ecuador. Los sobrevivientes de la tercera embarcación (que estaban pescando fuera del bote) reportaron haber visto una columna de humo; y contaron que cuando se acercaron para ver qué pasaba, encontraron que la lancha había desaparecido.
De esos ataques a las lanchas, ¿cuántos pescadores ecuatorianos murieron y cuántos están desaparecidos?
Como resultado de estos tres ataques, hay ocho pescadores desaparecidos y otros cuatro sufrieron lesiones graves. Nuevamente revisamos expedientes médicos que fueron analizados por expertos forenses y que concluyeron que las lesiones son consistentes con un ataque con drones cargados con explosivos.
Del otro lado: ¿cuáles pruebas reunieron ustedes, en HRW, de que estas víctimas de ataques a lanchas, eran pescadores de la comunidad y no narcotraficantes? ¿Sus investigadores preguntaron a los gobiernos de los dos países si las atacaron porque tenían pruebas de que eran vehículos de narcotráfico y qué les contestaron?
Examinamos los antecedentes penales de todos los pescadores. Ninguno tiene condenas por delitos violentos o potencialmente violentos, ni investigación por narcotráfico o crimen organizado. Una de las embarcaciones había sido inspeccionada por el guardacostas de Ecuador justo antes de sufrir el ataque, y no encontró nada fuera de regla. No tenemos ninguna razón para concluir que no fueran pescadores o barcos pesqueros. El gobierno de Ecuador afirma que no intervino en esos ataques. El gobierno de Estados Unidos señaló que ni el Departamento de Defensa ni el guardacostas estadounidense estuvieron involucrados, pero tampoco descartaron, explícitamente, la participación de otras agencias norteamericanas. Ninguno de los dos gobiernos ha entregado pruebas sobre la supuesta participación de los pescadores en alguna actividad ilícita. La compañía de contratistas privados militares de Erik Prince (exmilitar y contratista estadounidense) también negó haber estado implicada en estos hechos.
Las conclusiones de su informe son relevantes para Colombia puesto que estamos a las puertas de una nueva administración que está completamente alineada con las políticas de seguridad y defensa de Estados Unidos. ¿Cuál es su primera impresión sobre los anuncios que se han hecho en estos días respecto de mayores niveles de cooperación militar entre los gobiernos Trum – De la Espriella?
Los hallazgos de este informe sobre la alianza Estados Unidos – Ecuador deben ser un llamado de atención a todos gobiernos de América Latina que aceptan una cooperación en seguridad con Estados Unidos, sin la debida inteligencia y haciendo uso ilegal de la fuerza. Los bombardeos que propone Estados Unidos serán muy espectaculares en televisión y redes sociales, pero en terreno ponen en riesgo a la población civil y, en la práctica, son muy poco efectivos para combatir al crimen organizado en un nivel serio.
Además, se ha anunciado en círculos castrenses de Estados Unidos, la creación – para Colombia - de un “Plan Patriota 2.0” que alude al primer Plan Patriota ejecutado en los gobiernos Uribe Vélez, precisamente para incrementar la cooperación militar. ¿Le preocupan a HRW estos anuncios por lo visto y analizado en Ecuador?
Por ahora hay muy poca claridad sobre lo que va a hacer o en qué va a consistir el Plan Patriota 2.0. De manera muy desafortunada, bajo el gobierno Petro se agravó la situación humanitaria: crecieron los secuestros, el desplazamiento, los confinamientos, el reclutamiento de menores y, aunque en menor medida, también el homicidio. Ante esta realidad, Colombia necesita poner en marcha, cuanto antes, una robusta política de seguridad y justicia que sea al mismo tiempo efectiva y respetuosa de los derechos humanos. Derrotar la capacidad del crimen organizado de atacar a la población civil, pasa por fortalecer la capacidad de investigación judicial y forense; concentrar la acción penal en el lavado de activos, las redes de corrupción, el tráfico de armas y el reclutamiento y mejorar la inteligencia gracias a la confianza ciudadana. Nada de eso se logra con bombardeos basados en mala inteligencia y que terminan siendo violatorios de los derechos humanos.
“Un informe con muchas verificaciones”
¿Cuál fue el método que HRW División Américas aplicó en esta investigación que concluye que se han presentado graves abusos a los derechos de los ecuatorianos y que hay muchas preguntas sin respuesta?
Este es un informe con muchas verificaciones. Se basa en 62 entrevistas a víctimas, familiares, abogados, funcionarios y periodistas. Y corroboramos sus testimonios con el análisis de más de 100 fotos y videos, expedientes judiciales y médicos; también examinamos imágenes satelitales y los sistemas de monitoreo de embarcaciones y de detección de incendios.
Ese valioso archivo que contiene el informe, ¿a cuáles entidades u organizaciones privadas o públicas pertenece? Es decir, ¿en dónde lo obtuvieron ustedes?
Usamos distintas fuentes para corroborar los testimonios: fuentes oficiales de las que provienen, por ejemplo, expedientes judiciales y declaraciones, tanto de Ecuador como de Estados Unidos; fotografías y videos compartidos por los abogados, víctimas y miembros de la comunidad; sistemas públicos de imágenes satelitales, monitoreo de embarcaciones y de detección de fuegos; y organizaciones especializadas, entre estas, el Grupo Independiente de Expertos Forenses y el Consejo Internacional de Rehabilitación para Víctimas de Tortura.
