Afectación en casa de máquinas de Hidroituango se extendió: Procuraduría

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) deberá considerar si modifica la licencia ambiental del proyecto Hidroituango para incluir a los municipios de Tarazá, Cáceres, Caucasia y Nechí en el área de influencia con el fin de verificar y ordenar un proceso de seguimiento y control ambiental en esas zonas. La solicitud la hizo la Procuraduría en medio del análisis a la zona sobre la afectación que pudieron tener los habitantes de esa región posterior a la puesta en marcha de la hidroeléctrica.

“Actualmente la licencia ambiental determina que los municipios de Buriticá, Peque, Liborina, Sabanalarga, Toledo, Briceño, San Andrés de Cuerquía, Yarumal, Olaya, Ituango y Valdivia, están dentro de la zona de influencia. No obstante, en razón a la contingencia de 2018 y al cierre de las compuertas de captación de la casa de maquinas de 2019, las afectaciones del proyecto se extendieron”, resaltó el Ministerio Público.

Lea aquí: Fiscalía imputará a Luis Alfredo Ramos por emergencia en Hidroituango

La Procuraduría, en cabeza de Margarita Cabello, advirtió que es necesario revisar el seguimiento que despliega la ANLA sobre el Plan de Manejo Ambiental aprobado para verificar los daños causados a los municipios en donde se construyó la hidroeléctrica. En materia penal, la Fiscalía, en julio pasado, anunció que imputará cargos al exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, condenado por parapolítica.

A juicio del ente acusador, Ramos está perfilado en una investigación por irregularidades halladas en la contratación y el manejo del proyecto Hidroituango. La investigación, hasta el momento, vincula a nueve personas, entre exfuncionarios y particulares, y se desarrolla en tres frentes. El primero tiene que ver con la contratación del megaproyecto, que según datos de la Contraloría, será rentable en 32 años.

Lea también: Reaseguradores encontraron errores de construcción en Hidroituango

La contratación data de marzo de 2011, cuando Hidroituango SA y EPM Ituango celebraron un acuerdo de financiación, construcción, operación, mantenimiento y transferencia final de la generadora eléctrica. La Gobernación y el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA) participaron directamente del acuerdo, el cual fue entregado mediante negociación directa a la Empresa de Servicios Públicos de Medellín (EPM). Desde entonces habría comenzado las irregularidades.

“Esta actuación habría vulnerado principios esenciales de la contratación pública previstos en la Constitución y diferentes normas. En ese sentido, la Fiscalía imputará el delito de interés indebido en la celebración de contratos al exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos Botero; al exgerente del IDEA, Álvaro de Jesús Vásquez Osorio; al exalcalde de Medellín, Fabio Alfonso Salazar Jaramillo; y al ex gerente general de EPM ESP, Federico José Restrepo Posada”, señaló la Fiscalía en su momento.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) deberá considerar si modifica la licencia ambiental del proyecto Hidroituango para incluir a los municipios de Tarazá, Cáceres, Caucasia y Nechí en el área de influencia con el fin de verificar y ordenar un proceso de seguimiento y control ambiental en esas zonas. La solicitud la hizo la Procuraduría en medio del análisis a la zona sobre la afectación que pudieron tener los habitantes de esa región posterior a la puesta en marcha de la hidroeléctrica.

“Actualmente la licencia ambiental determina que los municipios de Buriticá, Peque, Liborina, Sabanalarga, Toledo, Briceño, San Andrés de Cuerquía, Yarumal, Olaya, Ituango y Valdivia, están dentro de la zona de influencia. No obstante, en razón a la contingencia de 2018 y al cierre de las compuertas de captación de la casa de maquinas de 2019, las afectaciones del proyecto se extendieron”, resaltó el Ministerio Público.

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La Procuraduría, en cabeza de Margarita Cabello, advirtió que es necesario revisar el seguimiento que despliega la ANLA sobre el Plan de Manejo Ambiental aprobado para verificar los daños causados a los municipios en donde se construyó la hidroeléctrica. En materia penal, la Fiscalía, en julio pasado, anunció que imputará cargos al exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, condenado por parapolítica.

A juicio del ente acusador, Ramos está perfilado en una investigación por irregularidades halladas en la contratación y el manejo del proyecto Hidroituango. La investigación, hasta el momento, vincula a nueve personas, entre exfuncionarios y particulares, y se desarrolla en tres frentes. El primero tiene que ver con la contratación del megaproyecto, que según datos de la Contraloría, será rentable en 32 años.

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La contratación data de marzo de 2011, cuando Hidroituango SA y EPM Ituango celebraron un acuerdo de financiación, construcción, operación, mantenimiento y transferencia final de la generadora eléctrica. La Gobernación y el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA) participaron directamente del acuerdo, el cual fue entregado mediante negociación directa a la Empresa de Servicios Públicos de Medellín (EPM). Desde entonces habría comenzado las irregularidades.

“Esta actuación habría vulnerado principios esenciales de la contratación pública previstos en la Constitución y diferentes normas. En ese sentido, la Fiscalía imputará el delito de interés indebido en la celebración de contratos al exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos Botero; al exgerente del IDEA, Álvaro de Jesús Vásquez Osorio; al exalcalde de Medellín, Fabio Alfonso Salazar Jaramillo; y al ex gerente general de EPM ESP, Federico José Restrepo Posada”, señaló la Fiscalía en su momento.

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