Agentes de la Sijín sí habrían sido alertados de toma del Palacio un mes antes

Desde octubre de 1985, un mes antes de la toma del Palacio de Justicia, autoridades castrenses como la Sijín habrían alertado a sus hombres sobre la eventual acción de los guerrilleros del M-19 en el máximo escenario de la justicia colombiana, según lo manifestó el ex agente Edgar Torres, testigo dentro del juicio que enfrenta el general (r) Iván Ramírez Quintero, como presunto responsable de la desaparición de 11 civiles durante la retoma.

Torres señaló en diligencia ante la Juez 51 Penal del Circuito de Bogotá, Cristina Trejos, que él mismo tuvo la misión de ejercer labores de vigilancia alrededor y en el interior del edificio y que el mismo día en el que se inició la tragedia estaba cumpliendo funciones, en ese sentido.

Para la parte civil, en este caso representada por el jurista Rafael Barrios, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, esta revelación indica claramente que la mentada vigilancia sobre el Palacio, que supuestamente había sido intempestivamente levantada ocho días atrás, en realidad, siempre se mantuvo vigente, lo que constituye un agravante frente a la responsabilidad de las fuerzas del orden, que habrían terminado contribuyendo de manera consciente y dolosa a la configuración de la acción criminal por parte de la insurgencia, de comprobarse la tesis.

Sin embargo, los ex integrantes del Ejército Nacional vinculados al proceso y los testigos que de esa fuerza han sido citados a declarar coinciden en afirmar que no conocían la voz de alerta por parte de las autoridades anticipándose al plan del M-19 para tomarse el Palacio, o que simplemente se trataba de un anuncio que, según criterios de cualificación previamente establecidos por los militares, no revestían la importancia suficiente como para considerar que se trataba de una amenaza inminente.

El testigo afirmó recordar que sobre las 11:00 de la mañana se produjo el ingreso al Palacio de una muchacha que acudía frecuentemente y que, por la descripción física que de ella hizo, podría ser la guerrillera Irma Franco, indica la parte civil.

Para el jurista Barrios, esta versión puede poner al descubierto elementos probatorios importantes en torno a la desaparición de la insurgente, si se tienen en cuenta testimonios como el del comandante (r) del Cuerpo de Bomberos de Bogotá, general (r) Félix Gallardo, quien admitió haber llamado al hermano de la desparecida, que era conocido suyo, porque escuchó que se mencionaba su nombre dentro de la Casa del Florero, lugar al que iban siendo trasladadas las personas que abandonaban con vida el Palacio.

"Cuando salía de la Casa del Florero, oí que había una persona que se llamaba Irma Franco, que la tenían allá. Entonces, yo llamé al señor Jorge Franco y le dije (...) Escuché el nombre y que la tenían detenida", precisó el General (r), que llegó al grado de teniente, actuando al servicio de la Policía.

Desde octubre de 1985, un mes antes de la toma del Palacio de Justicia, autoridades castrenses como la Sijín habrían alertado a sus hombres sobre la eventual acción de los guerrilleros del M-19 en el máximo escenario de la justicia colombiana, según lo manifestó el ex agente Edgar Torres, testigo dentro del juicio que enfrenta el general (r) Iván Ramírez Quintero, como presunto responsable de la desaparición de 11 civiles durante la retoma.

Torres señaló en diligencia ante la Juez 51 Penal del Circuito de Bogotá, Cristina Trejos, que él mismo tuvo la misión de ejercer labores de vigilancia alrededor y en el interior del edificio y que el mismo día en el que se inició la tragedia estaba cumpliendo funciones, en ese sentido.

Para la parte civil, en este caso representada por el jurista Rafael Barrios, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, esta revelación indica claramente que la mentada vigilancia sobre el Palacio, que supuestamente había sido intempestivamente levantada ocho días atrás, en realidad, siempre se mantuvo vigente, lo que constituye un agravante frente a la responsabilidad de las fuerzas del orden, que habrían terminado contribuyendo de manera consciente y dolosa a la configuración de la acción criminal por parte de la insurgencia, de comprobarse la tesis.

Sin embargo, los ex integrantes del Ejército Nacional vinculados al proceso y los testigos que de esa fuerza han sido citados a declarar coinciden en afirmar que no conocían la voz de alerta por parte de las autoridades anticipándose al plan del M-19 para tomarse el Palacio, o que simplemente se trataba de un anuncio que, según criterios de cualificación previamente establecidos por los militares, no revestían la importancia suficiente como para considerar que se trataba de una amenaza inminente.

El testigo afirmó recordar que sobre las 11:00 de la mañana se produjo el ingreso al Palacio de una muchacha que acudía frecuentemente y que, por la descripción física que de ella hizo, podría ser la guerrillera Irma Franco, indica la parte civil.

Para el jurista Barrios, esta versión puede poner al descubierto elementos probatorios importantes en torno a la desaparición de la insurgente, si se tienen en cuenta testimonios como el del comandante (r) del Cuerpo de Bomberos de Bogotá, general (r) Félix Gallardo, quien admitió haber llamado al hermano de la desparecida, que era conocido suyo, porque escuchó que se mencionaba su nombre dentro de la Casa del Florero, lugar al que iban siendo trasladadas las personas que abandonaban con vida el Palacio.

"Cuando salía de la Casa del Florero, oí que había una persona que se llamaba Irma Franco, que la tenían allá. Entonces, yo llamé al señor Jorge Franco y le dije (...) Escuché el nombre y que la tenían detenida", precisó el General (r), que llegó al grado de teniente, actuando al servicio de la Policía.