Agro Ingreso Seguro, ante jueces penales

Una feria de subsidios, que podría ascender a los $300 mil millones, es lo que hasta el momento ha encontrado la Fiscalía durante la investigación que abrió tras el escándalo por las presuntas irregularidades del programa Agro Ingreso Seguro (AIS), del Ministerio de Agricultura, el cual otorgó millonarios beneficios a familias que eran solventes.

Las evidencias que ha recaudado la Unidad Especializada de Delitos contra la Administración Pública son firmes y por eso la fiscal general, Viviane Morales, anunció que formulará imputación y pedirá medida de aseguramiento contra siete exfuncionarios del Minagricultura y a 15 beneficiados del programa, que recibieron millonarios auxilios, miembros de dos familias específicamente: la Vives Lacouture y la familia Dávila.

Martín Antonio Moreno Sanjuán, fiscal encargado del caso, radicó ante los juzgados municipales de control de garantías de Bogotá la solicitud de audiencia.

A los indiciados los procesarán por interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, prevaricato por acción, prevaricato por omisión, violación al régimen de inhabilidades y falsedad ideológica en documento público.

A la lista de investigados se suman otras 50 personas, entre funcionarios, contratistas y particulares, que posiblemente también se beneficiaron del programa.

Agro Ingreso Seguro surgió como un programa gubernamental, que buscaba beneficiar a agricultores para “reducir la desigualdad en el campo y preparar el sector agropecuario para enfrentar el reto de la internacionalización”.

Sin embargo, tras una investigación de la revista Cambio, reventó el escándalo cuando se descubrió que familias de grandes empresarios y con solvencia económica se beneficiaron con millonarios subsidios no reembolsables. Entre ellas la familia Dávila, una de las más influyentes de Santa Marta, que recibió casi $2.200 millones en subsidios, y la familia Vives Lacouture, algunos de cuyos miembros han desempeñado cargos públicos, que recibió auxilios por casi $5.000 millones.

Una de las beneficiadas fue la exseñorita Colombia Valerie Domínguez, con un subsidio no reembolsable por $306 millones para un proyecto de riego y drenaje. Junto a ella también su novio, el comisionista Juan Manuel Dávila Fernández de Soto, con otro por $435 millones, y su cuñada Ana María Dávila, Reina del Mar 1999, a quien le otorgaron un subsidio por $448 millones.

En el caso de la exseñorita Colombia, sólo se le formulará imputación por falsedad en documento privado y tentativa de peculado por apropiación, ya que ella renunció al subsidio, razón por la que no solicitarán en su contra medida de aseguramiento.

Otras familias beneficiadas fueron los Lacouture Dangond y Lacouture Pinedo, con parientes que fueron cercanos al Gobierno de Álvaro Uribe y quienes recibieron subsidios por $5.235 millones.

Hasta ahora no se conoce decisión en contra del exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, pese a que bajo su administración posiblemente fue cuando se dieron las irregularidades  sobre las que la Fiscalía dice tener evidencias y por las que llevará a audiencia a los primeros 22 procesados.

Procesados por AIS

La Fiscalía formulará imputación a Juan Camilo Salazar, exviceministro de Agricultura; y los funcionarios Juan David Ortega, Camila Reyes, Javier Enrique Romero, Tulia Eugenia Méndez, Oskar August Schoerder  y Rodolfo José Campo.

Por la familia Dávila a Juan Manuel Dávila Jimeno, María Clara Fernández de Soto, Valerie Domínguez Tarut y a los hermanos Juan Manuel y Ana María Dávila Fernández de Soto.

Por la familia Vives Lacouture a los hermanos Álvaro Luis, Inés Margarita, Roberto Eusebio, María Teresa, Patricia y José Francisco Vives Lacouture. También a Silvia Rosa Vives de Sánchez, María Luisa Zúñiga Vives, Silvia Rosa Campo Vives y Roxana María Castro Solano.