Ahora que Álvaro Uribe renunció al Senado: ¿qué pasará con su proceso judicial?

La estrategia de defensa del senador y expresidente Álvaro Uribe acaba de incluir una decisión clave para su futuro político y judicial: la renuncia de Uribe al Congreso. Se acaba de conocer que el congresista, luego de una reunión remota con sus asesores, tomó la decisión de dejar el Congreso. Uribe está detenido en su finca El Ubérrimo, y desde allí tomó la decisión alegando falta de garantías procesales, como la violación a su presunción de inocencia o la falta de una investigación objetiva, alega él. Su decisión llega antes de cumplir su primera semana detenido. (Seis principios y derechos que se le violaron al expresidente Uribe, según su defensa)

El pasado 3 de agosto, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia tomó la determinación de ordenar el arresto domiciliario del expresidente Uribe. En una providencia de 1.554 páginas, el alto tribunal evaluó todas las evidencias que tenía sobre la mesa, las indagatorias que rindieron tanto Uribe como el congresista del Centro Democrático por el Huila, Álvaro Hernán Prada, interceptaciones telefónicas, videos y registros carcelarios. Todo para determinar que había indicios de que el senador Uribe trató de manipular testigos en su favor y que, por eso, debía ser privado de la libertad.

El Espectador habló con abogados que conocen de cerca los procedimientos de los aforados constitucionales -como lo será el expresidente Uribe hasta el momento en que el Congreso acepte su dimisión- para entender las vías que puede tomar el proceso una vez Uribe no haga parte del Senado. Lo que tendrá que ocurrir luego de que su renuncia se haga oficial es que el Congreso o los abogados del expresidente notifiquen a la Sala de Instrucción de la Corte que él ya no es senador, para que esta entre a evaluar si el proceso puede seguir en su manos o no. (Las pruebas contra Uribe son “claras, inequívocas y concluyentes”: Corte Suprema)

Si el proceso continúa a cargo de la Corte Suprema, no cambia nada aun si Uribe ya no es senador: seguirá bajo las reglas de juego de la Ley 600 de 2000, con la que se ha llevado adelante todo el expediente en su contra por tratarse de un aforado. Si el proceso se remite a la Fiscalía, habrá un cambio sustancial: Uribe pasará a ser investigado bajo la Ley 906 de 2004, es decir, el sistema penal acusatorio. Que el caso siga en la Corte o quede asignado a la Fiscalía depende de la respuesta a un interrogante esencial, que deberá resolver la Sala de Instrucción: ¿tuvieron los hechos relación con las funciones de Uribe como congresista?

El expresidente Uribe es investigado por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. En 2014, él denunció al congresista Iván Cepeda, lo acusó de haber orquestado un cartel de falsos testigos en su contra. El 16 de febrero de 2018, la Corte Suprema concluyó que no había pruebas suficientes para investigar a Cepeda y que, en cambio, sí había indicios de que Uribe había tratado de manipular algunos testigos. Por eso ordenó abrir un proceso en su contra, en el marco del cual fue llamado a indagatoria el 8 de octubre de 2019 y para el cual se resolvió su situación jurídica el pasado 3 de agosto. (El giro del “Tuso” Sierra: de acusador de los Uribe a testigo en favor del expresidente)

En pocas palabras, la Sala de Instrucción afirma haber hallado evidencias de que Uribe, a través del abogado Diego Cadena y de otras personas, como el representante Prada, trató, por un lado, de conseguir que Juan Guillermo Monsalve se retractara. Se trata de un hombre condenado por delitos con los Rastrojos a 37 años de prisión que, además, es hijo de un antiguo mayordomo de la finca Guacharacas, ubicada en el nordeste antioqueño, que fue propiedad de los Uribe hasta 1996. Monsalve ha declarado que fue testigo de cómo el senador Uribe y su hermano, Santiago Uribe, promovieron el grupo paramilitar Bloque Metro en Antioquia.

Por otra parte, Uribe, también por medio del abogado Diego Cadena -señala la Sala de Instrucción-, habría hecho pagos a testigos como Carlos Enrique Vélez o Eurídice Cortés, ambos exparamilitares, para que hablaran en favor suyo. Vélez llegó a declarar incluso que a él lo había buscado el congresista Iván Cepeda para ofrecerle prebendas en contra del senador Uribe, pero luego admitió que, tras decirlo, recibió no menos de $48 millones de parte de Diego Cadena. Este abogado, por su parte, se encuentra también detenido e investigado por los mismos delitos que Uribe.

Tanto Cadena como Uribe han rechazado los señalamientos en su contra. Uribe, por su parte, le dijo a la Corte Suprema en su indagatoria que su único interés era que se conociera “la verdad” y, desde que está detenido, solo se refiere a Iván Cepeda como el “senador Farc”. Él y sus abogados defensores sostienen que el suyo es un proceso con “sesgos”. Cadena, por su parte, también ha manifestado que él es inocente. Su socio Juan José Salazar también está bajo investigación por estos hechos, aunque tanto él como el representante Prada -quien dice igualmente que es inocente- quedaron en libertad.

En la Corte Suprema tienen que tomar ahora la decisión de si Uribe es llamado o no a juicio. Si el caso llegara a pasar a la Fiscalía, todo lo que se ha hecho en la investigación es válido y sería un fiscal -el que asigne la cabeza del organismo, Francisco Barbosa- el que determine si lo acusa o no. En el escenario en que el caso se quede en la Fiscalía, la defensa de Uribe podría acudir ante un juez o jueza de Garantías para solicitar que la orden de detención que emitió la Corte Suprema se caiga. Y si la Fiscalía decidiera acusarlo, el expresidente de la República Álvaro Uribe sería juzgado por un juez penal del Circuito.

Caso Uribe: este es el documento completo de la Corte Suprema

La estrategia de defensa del senador y expresidente Álvaro Uribe acaba de incluir una decisión clave para su futuro político y judicial: la renuncia de Uribe al Congreso. Se acaba de conocer que el congresista, luego de una reunión remota con sus asesores, tomó la decisión de dejar el Congreso. Uribe está detenido en su finca El Ubérrimo, y desde allí tomó la decisión alegando falta de garantías procesales, como la violación a su presunción de inocencia o la falta de una investigación objetiva, alega él. Su decisión llega antes de cumplir su primera semana detenido. (Seis principios y derechos que se le violaron al expresidente Uribe, según su defensa)

El pasado 3 de agosto, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia tomó la determinación de ordenar el arresto domiciliario del expresidente Uribe. En una providencia de 1.554 páginas, el alto tribunal evaluó todas las evidencias que tenía sobre la mesa, las indagatorias que rindieron tanto Uribe como el congresista del Centro Democrático por el Huila, Álvaro Hernán Prada, interceptaciones telefónicas, videos y registros carcelarios. Todo para determinar que había indicios de que el senador Uribe trató de manipular testigos en su favor y que, por eso, debía ser privado de la libertad.

El Espectador habló con abogados que conocen de cerca los procedimientos de los aforados constitucionales -como lo será el expresidente Uribe hasta el momento en que el Congreso acepte su dimisión- para entender las vías que puede tomar el proceso una vez Uribe no haga parte del Senado. Lo que tendrá que ocurrir luego de que su renuncia se haga oficial es que el Congreso o los abogados del expresidente notifiquen a la Sala de Instrucción de la Corte que él ya no es senador, para que esta entre a evaluar si el proceso puede seguir en su manos o no. (Las pruebas contra Uribe son “claras, inequívocas y concluyentes”: Corte Suprema)

Si el proceso continúa a cargo de la Corte Suprema, no cambia nada aun si Uribe ya no es senador: seguirá bajo las reglas de juego de la Ley 600 de 2000, con la que se ha llevado adelante todo el expediente en su contra por tratarse de un aforado. Si el proceso se remite a la Fiscalía, habrá un cambio sustancial: Uribe pasará a ser investigado bajo la Ley 906 de 2004, es decir, el sistema penal acusatorio. Que el caso siga en la Corte o quede asignado a la Fiscalía depende de la respuesta a un interrogante esencial, que deberá resolver la Sala de Instrucción: ¿tuvieron los hechos relación con las funciones de Uribe como congresista?

El expresidente Uribe es investigado por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. En 2014, él denunció al congresista Iván Cepeda, lo acusó de haber orquestado un cartel de falsos testigos en su contra. El 16 de febrero de 2018, la Corte Suprema concluyó que no había pruebas suficientes para investigar a Cepeda y que, en cambio, sí había indicios de que Uribe había tratado de manipular algunos testigos. Por eso ordenó abrir un proceso en su contra, en el marco del cual fue llamado a indagatoria el 8 de octubre de 2019 y para el cual se resolvió su situación jurídica el pasado 3 de agosto. (El giro del “Tuso” Sierra: de acusador de los Uribe a testigo en favor del expresidente)

En pocas palabras, la Sala de Instrucción afirma haber hallado evidencias de que Uribe, a través del abogado Diego Cadena y de otras personas, como el representante Prada, trató, por un lado, de conseguir que Juan Guillermo Monsalve se retractara. Se trata de un hombre condenado por delitos con los Rastrojos a 37 años de prisión que, además, es hijo de un antiguo mayordomo de la finca Guacharacas, ubicada en el nordeste antioqueño, que fue propiedad de los Uribe hasta 1996. Monsalve ha declarado que fue testigo de cómo el senador Uribe y su hermano, Santiago Uribe, promovieron el grupo paramilitar Bloque Metro en Antioquia.

Por otra parte, Uribe, también por medio del abogado Diego Cadena -señala la Sala de Instrucción-, habría hecho pagos a testigos como Carlos Enrique Vélez o Eurídice Cortés, ambos exparamilitares, para que hablaran en favor suyo. Vélez llegó a declarar incluso que a él lo había buscado el congresista Iván Cepeda para ofrecerle prebendas en contra del senador Uribe, pero luego admitió que, tras decirlo, recibió no menos de $48 millones de parte de Diego Cadena. Este abogado, por su parte, se encuentra también detenido e investigado por los mismos delitos que Uribe.

Tanto Cadena como Uribe han rechazado los señalamientos en su contra. Uribe, por su parte, le dijo a la Corte Suprema en su indagatoria que su único interés era que se conociera “la verdad” y, desde que está detenido, solo se refiere a Iván Cepeda como el “senador Farc”. Él y sus abogados defensores sostienen que el suyo es un proceso con “sesgos”. Cadena, por su parte, también ha manifestado que él es inocente. Su socio Juan José Salazar también está bajo investigación por estos hechos, aunque tanto él como el representante Prada -quien dice igualmente que es inocente- quedaron en libertad.

En la Corte Suprema tienen que tomar ahora la decisión de si Uribe es llamado o no a juicio. Si el caso llegara a pasar a la Fiscalía, todo lo que se ha hecho en la investigación es válido y sería un fiscal -el que asigne la cabeza del organismo, Francisco Barbosa- el que determine si lo acusa o no. En el escenario en que el caso se quede en la Fiscalía, la defensa de Uribe podría acudir ante un juez o jueza de Garantías para solicitar que la orden de detención que emitió la Corte Suprema se caiga. Y si la Fiscalía decidiera acusarlo, el expresidente de la República Álvaro Uribe sería juzgado por un juez penal del Circuito.

Caso Uribe: este es el documento completo de la Corte Suprema