Eduard Alirio Calderón Muñoz, director nacional Anticorrupción de la Fiscalía, lleva 12 en la entidad. Llegó de la seccional del Valle del Cauca a asumir una de las dependencias más importantes del ente acusador. En su labor, y con el equipo de fiscales, le ha puesto la lupa a casos de relevancia nacional. En diálogo con este diario mencionó las líneas de investigación que hay contra la exsenador Aida Merlano, lo complejo que es abordar la investigación por corrupción con los OCAD-Paz y las denuncias que recibió sobre la UNP y la SAE.
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Este gobierno ha dicho que ha encontrado indicios de corrupción en varias entidades, por ejemplo, la Sociedad de Activos Especiales y la Unidad Nacional de Protección. Empecemos por la SAE ¿en qué va la indagación?
Se anuncia el mayor caso de corrupción del país, pero nosotros esperábamos que se entregaran los insumos o de dónde se sacaba la información para hacer esa afirmación. Citamos al director de la SAE para que entregara esa información y lo que se nos informa es un tema de desorden administrativo externo de la SAE, pero no es corrupción. Que a través del desorden se pueda facilitar la corrupción es una cosa muy diferente, pero el desorden no es corrupción. No se ha encontrado nada nuevo.
Es decir, ¿que no le siguieron el rumbo a las nuevas alertas?
Tuvimos ánimo de avanzar en esas situaciones. Lo que se hizo fue tratar de hacer unas reuniones con ellos para priorizar casos relacionados con bienes que tiene que ver con el Clan del Golfo y con bienes que tengan relacionados con minas o minería ilegal.
¿Por qué priorizar eso?
Un análisis evidencia que se pueden generar mayores rentas. Puede generar más cantidad de dinero una mina explotada. Entonces, hay que analizar las minas que fueron entregadas a la SAE, a quiénes fueron entregadas, bajo qué circunstancias, quién es su depositario, si hubo irregularidades en esas situaciones y determinar si en esas explotaciones se está generando algún tipo de corrupción que permita que los grupos delincuenciales hayan continuado con el manejo de esas minas.
¿En esas minas hay títulos mineros formales que entraron a extinción de dominio de varios grupos armados?
Eso es lo que se nos ha informado y la idea es profundizar en eso. Verificar en manos de quiénes están esas minas con títulos mineros. Saber quién las está explotando.
¿Si hay irregularidades en eso lo más pertinente es que asuman responsabilidad funcionarios de la SAE?
Buscamos establecer cómo fue el proceso para llegar a entregar ese depositario final y establecer si se presentaron alguna serie de irregularidades. Es decir, que no cumplieron con los protocolos que tiene la SAE y que, de pronto, se hubiese querido favorecer a determinada persona o grupo ilegal.
Otro tema de corrupción que se ha puesto sobre la mesa es la Unidad Nacional de Protección. El director ha denunciado cartelización en los contratistas, incluso presiones de los sindicatos. ¿Qué acciones ha hecho la Fiscalía para esclarecer estas denuncias?
El director afirmó haber encontrado irregularidades en unos vehículos sobre que no tendrían el blindaje que se había ofrecido. Pero, eso no es un tema de rango penal o administrativo porque los contratos están en ejecución. Es decir, la persona que esté como supervisor tendrá que ejecutar las pólizas y exigirle al contratista que se ciña a lo que se postuló. Entonces vemos es más un incumplimiento contractual más allá del delito de un contrato sin requisitos legales.
¿Y sobre la cartelización?
Estamos con todo el equipo de expertos en contratación mirando si se configuró alguna situación. Lo que encontramos es que contratistas se concertaban para presentarse en varios procesos y asegurar alguno. Estamos evaluando si esa situación constituye un delito.
¿Hay más líneas de investigación en la UNP?
Tenemos varias: Una surge a raíz de la captura de un funcionario con estupefaciente en el departamento de Cauca. Es un tema de narcotráfico, que consiste en mover por el país esas camionetas con droga. El otro tema es presunta corrupción que involucra a funcionarios públicos, especialmente a policías, y otra serie de funcionarios que facilitarían esa actividad.
Se está avanzando en esas líneas. El fiscal general dispuso la creación de un grupo y, estamos trabajando de la mano con la Dirección de Narcotráfico y Crimen Organizado para que cada uno acoja, de acuerdo con su especialidad, las líneas investigativas en ese aspecto.
Hay otro tema que también le compete a la Fiscalía y es Aida Merlano ahora que está en Colombia, ¿qué líneas investigativas hay sobre ella y los señalamientos que ha hecho?
Aida Merlano afrontará un proceso por fuga de presos. En medio de esa fuga ella denuncia que intentaron asesinarla y que también fue violada. Habría tres escenarios, más la corrupción electoral que es lo que ha venido sosteniendo desde Venezuela. Esperamos que ella estando acá pueda brindar más información de las afirmaciones que ha hecho para que pueda ser corroborada o se pueda confirmar lo que ella dice.
Es decir, ¿hasta la fecha no ha entregado ninguna prueba?
No, a la Dirección Anticorrupción, no. No tengo conocimiento si en las otras diligencias que ella ha tenido haya entregado algo. Pero a la dirección anticorrupción frente a delitos electorales, no.
Por eso la llamaron a una declaración…
Por eso está llamada y esperamos poderla entrevistar el 30 de marzo para que pueda aportar lo que ella dice que tiene y acreditar sus afirmaciones frente a determinadas personas.
Ella ha salpicado desde expresidentes hasta exfiscales y empresarios, pero lo único que está en firme es el proceso del empresario Julio Gerlein, ¿cómo va el caso?
La Fiscalía ya lo imputó, lo acusó y lo llevó a juicio. El proceso está en Barranquilla. Ya se escucharon las pruebas de cargos. Incluso, Aida Merlano desde Venezuela hizo su declaración ante el juez. Esperamos que ese proceso termine este año, para que se determine si le asiste alguna responsabilidad a Julio Gerlein frente a la financiación ilegal de las campañas.
¿Tienen premura en el proceso?
Sí. Hay unos temas que pueden bordear la prescripción de las acciones penales y esa es la idea de avanzar un poco en ese proceso, para que el paso del tiempo no limite la actuación de la justicia.
Hay otro tema que también es de interés nacional y es el escándalo de corrupción en Centros Poblados ¿Por qué la estrategia parece centrarse en lograr preacuerdos con los implicados?
Nosotros siempre hemos dicho que tiene que haber una pena y una pena de prisión, mucho más para los reincidentes. No es que se quiera privilegiar un preacuerdo. Creo que la lectura no es esa. La lectura que debemos hacer es si queremos recuperar los dineros que fueron mal invertidos y que puede que se pierdan. La pregunta es, ¿queremos que se pierdan los $70 mil millones o queremos recuperarlos? Y es por eso es por lo que hay que ser muy claros. Entonces no es privilegiar, es mirar qué, es lo que más le interesa a la sociedad.
Usted habla de la importancia de recuperar ese dinero, ¿Cuéntenos en qué va la recuperación de ese dinero?
Lo primero que tenemos que decir es que, según abogados, hay una manifestación de las personas de querer reintegrar los dineros. Pero, tenemos que verla materializada. Obviamente eso parte del hecho de si hay negociaciones o no, dependiendo de las facilidades. En este momento, entendemos que la Agencia Jurídica del Estado y las defensas han estado en conversaciones para lograr el reintegro de ese dinero, esperamos que lo que pase en ese escenario nos lo presenten para evaluarlo y presentarlo a un juez.
Lo que se nos ha dicho es que avanzan por buen camino esas negociaciones que superarían el reintegro de los $70 mil millones, pero esperamos que eso sea aterrizado con un documento para verificar si procede una negociación o no. Queremos que el país y el Estado tenga la reparación para este tipo de casos.
La corrupción de OCAD-Paz también es de su unidad. Si bien hay aforados bajo la lupa en la Corte Suprema también hay particulares ¿Cómo se han movido en el caso y qué han encontrado?
Es un tema bastante complicado. Es una situación en la que uno no puede establecer responsabilidades en un corto tiempo. La razón es muy sencilla. Si uno mira la dinámica son recursos que eran financiados para territorios PDET. Hay recursos para diversos proyectos de vías, infraestructura, piscicultura, entre otros. Estamos hablando de más de $22 billones. De esos proyectos pueden haberse generado 5.000 contratos. En ese orden, tendríamos que analizar esa suma. La tarea no es nada fácil.
Hemos evaluado las denuncias sobre cómo se han asignado recursos y contrataciones directas. De acuerdo con eso seleccionamos una serie de contratos y estamos tratando de establecer el modus operandi donde confluyen unas mismas personas.
¿De esas denuncias hay compulsa a la Corte Suprema?
No. Seguramente en la labor de trabajo articulado que hacemos con la Sala de Instrucción compartiremos información para evidenciar si hay perdida de recursos o si se generó pagos a funcionarios públicos para la asignación de esos recursos.
¿Se han citado personas para declarar en este caso?
Se citó a Emilio Archila quien dijo que le llegó un anónimo denunciando esos eventos, pero quedó en anónimos sin precisar qué proyectos o qué concretos. Quedó la información gaseosa.
¿Las marionetas del exsenador Mario Castaño es otro hecho de corrupción que está por resolverse por completo en la Fiscalía?
Es uno de los temas de corrupción más grandes del país. Nosotros iniciamos el caso en tres fases. Llegamos al anillo más cercano del exsenador. Cuando capturamos dijeron que era persecución política. Al mes siguiente, la Corte Suprema ordena captura del exsenador y sigue diciendo que es una persecución política. Mientras eso pasó, siete alcaldes fueron capturados a la vez. Eso nunca se había visto en la Fiscalía. Y, apenas capturamos a los alcaldes, Mario Castaño acepta cargos.
Fueron capturados 30 personas de esas 22 han aceptado cargos. Los otros ocho están en proceso de negociación. En el proceso tuvimos suficiencia probatoria. Seguramente vendrán otras acciones derivadas de ese expediente. Con el equipo de fiscales estamos haciéndole seguimiento al tema y es posible que durante los próximos meses tomemos otras decisiones como rezago de la investigación.
Hay una persona cercana al exsenador que firmó principio de oportunidad y esto sirvió para esclarecer qué tipo de hechos…
Ella (Nova Lorena Cañón) fue la primera testigo. Cuando se estaba practicando las pruebas ella fue entrevistada por la Corte Suprema y lo tuvo (al exsenador) cara a cara para decirle todo lo que él hizo. Todas esas acciones llevan a Mario Castaño a decir que acepta responsabilidad. El principio de oportunidad ha esclarecido otras situaciones con unos alcaldes con quienes nos ha llevado a una serie de negociaciones y penas.
Juan Camilo Martínez, pieza clave en la organización está prófugo de la justicia, ¿han adoptado mecanismos para dar con el paradero?
No sabemos dónde está. Se están activando los mecanismos ante Interpol para dar alerta.
¿Han considerado en judicializarlo en contumacia?
Sí, pero las investigaciones penales son progresivas. Lo que teníamos contra él ya se ha ampliado. Queremos tener información certera para definir su situación.
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