La excongresista del Partido Conservador, Aida Merlano Rebolledo, es la primera política de ese nivel en ser condenada por compra de votos. En 2019 se fugó de la custodia del Inpec hasta Venezuela, luego fue recapturada por las autoridades de ese país en 2020, hasta que el pasado 10 de marzo fue deportada y de nuevo quedó en manos de la justicia colombiana. Debido a supuestas amenazas en contra de su vida, la solicitud de un cupo para pagar su condena en un centro penitenciario del Atlántico prosperó. Hasta este domingo estará recluida en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá y será trasladada al Batallón de Ingenieros Vergara y Velasco de Malambo, en ese departamento.
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Desde hace un mes, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) tomó cartas en el asunto, tras la denuncia que hizo la excongresista en la que decía que estaba en riesgo de ser asesinada. Dentro de las medidas que adoptó el Inpec para proteger a la mujer, están las verificaciones constantes de seguridad, además de ordenar que, para cualquier desplazamiento que Merlano deba realizar en la cárcel, tiene que estar acompañada por un guardia del cuerpo de custodia.
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Antes de que el Inpec tomara cartas en el asunto, el abogado Miguel Ángel del Río, quien defiende los intereses de la excongresista y confirmó en Noticias Caracol el recurso del traslado, denunció también un presunto maltrato físico por parte de una guardia de seguridad de la cárcel El Buen Pastor. Ante esto, la Procuraduría abrió una indagación contra algunos funcionarios, porque al parecer cuenta con la información de dos ciudadanas que mencionan que Merlano ha sido víctima de “ultrajes y agresiones”. Las pruebas las habría suministrado el defensor del Río.
Desde que estaba en Venezuela, Merlano ha dicho que está dispuesta a colaborar con la justicia colombiana para esclarecer el escándalo de corrupción electoral que la llevó a prisión y que también involucra a dos poderosas familias del Atlántico: los Char y los Gerlein. Por meses y en audiencias virtuales, la excongresista prometió contar todo lo que sabe de la presunta participación de esas familias en una poderosa red de compra masiva de votos en la costa Caribe. Aunque desde hace meses ha dicho que tiene pruebas en contra de una decena de políticos, ha entregado muy poco para soportar sus versiones.
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Se espera entonces que la política conservadora, quien se fugó en 2019 tras atender una cita odontológica en el norte de Bogotá, revele las pruebas que ha prometido desde que regresó deportada de Venezuela. Además, porque no solo ha prometido demostrar cómo fue el apoyo de familias como los Char para su llegada al Senado en 2018; también ha mencionado al político Germán Vargas Lleras, al exfiscal Néstor Humberto Martínez y al expresidente Iván Duque por participar en un supuesto montaje judicial en su contra. Sin embargo, es un proceso que apenas parece comenzar.
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