27 Aug 2019 - 5:55 p. m.

Al magistrado Malo no le dieron cupo en guarnición militar por no ser del Ejército

Para la Corte Suprema, el argumento de no haber sido militar para ser trasladado a uno de estos centros, es una violación a los derechos del togado suspendido. El alto tribunal aseguró que es admisible ese argumento. En su decisión, recordó que en estos sitios de reclusión se encuentran personas como el exministro Andrés Felipe Arias, que tampoco son ni fueron uniformados.

Redacción Judicial

Gustavo Malo a su llegada a la audiencia preparatoria por el llamado cartel de la toga. / Óscar Pérez - El Espectador.
Gustavo Malo a su llegada a la audiencia preparatoria por el llamado cartel de la toga. / Óscar Pérez - El Espectador.
Foto: OSCAR_PEREZ

Más allá de que el hoy supendido magistrado Gustavo Malo haya tenido o no vínculos con el escándalo de corrupción conocido como el cartel de la toga, su permanencia en una cárcel de máxima seguridad o en una prisión ordinaria, es una violación a sus derechos humanos. Así lo dejó de claro la Corte Suprema de Justicia en la decisión que tomó al estudiar una tutela que presentó el extogado en contra de las entidades que no lo han sacado de la prisión de alta seguridad.

Para la Corte, es inadmisible que el Inpec y los directores de los centros de reclusión de miembros de la fuerza pública le nieguen a Malo el ingreso a estos lugares, cuando se sabe que han admitido a otras personas. El alto tribunal hace referencia al caso del exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias quien, luego de su extradición a Colombia permanece recluido en una guarnición militar, sin que nadie sepa nada de él.

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La Corte agregó que esta situación es todavía más problemática pues el mismo alto tribunal fue el que ordenó al Inpec que trasladara a Malo a uno centro especial de reclusión pues era peligroso que el magistrado permaneciera en una prisión ordinaria o de máxima seguridad pues ahí han parado cientos de personas a las que él mismo condenó durante su trabajo como magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Aunque el Inpec trató de defender su decisión de no trasladarlo, aduciendo que no había cupos en otro lugar,  y los directores de los centros explicaron que no podían aceptar a Malo pues no era militar, la Corte Suprema les llamó fuertemente la atención. Primero, los calificó de desobedientes pues no han cumplido con la orden del alto tribunal. Y en seguida, les recordó que ellos no tienen el mandato para controvertir o calificar una decisión judicial como la que tomó la Corte al ordenar el traslado de Malo.

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Simplemente, dice el fallo, lo que han debido hacer era cumplir con la orden del alto tribunal. Además de recordar el caso de Andrés Felipe Arias, la sentencia menciona el de quien fue hasta junio de este año, el gobernador del Caquetá, Álvaro Pacheco Álvarez. En junio de este año, la Corte Suprema condenó a siete años de cárcel por vínculos con grupos paramilitares y hoy se encuentra detenido en una guarnición militar.

Ni Pacheco Álvarez ni Arias son militares, explicó la Corte, y de todas maneras están en estos centros especiales de reclusión, de manera que no hay ningún argumento para no darle cupo a Malo. Así las cosas, y después de la vaciada al Inpet, el alto tribunal le ordenó a la institución que en 24 horas, ni una más, tome las decisiones del caso para que el magistrado sea trasladado.

(Aquí puede consultar el fallo de tutela de la Corte Suprema de Justicia en este caso)

Malo es investigado porque supuestamente era una pieza clave del cartel de la toga. Cabe recordar que ya fue acusado por el Congreso de la República por, supuestamente, hacer parte del cartel de la toga, que acudía a congresistas y otros aforados que eran investigados para “favorecerlos con decisiones o impidiendo aperturas formales de investigación, a cambio de altas sumas de dinero” . Él, ha reiterado, no tiene nada que ver con estos hechos.

Entre quienes habrían pagado, estarían el exsenador Musa Besaile, que habría dado $2.000 millones para dilatar la apertura de una investigación en su contra y el exsenador Álvaro Ashton, que habría entregado $1.200 millones con el fin de que se archivara una indagación preliminar en su contra, “adelantada por sus relaciones con el Bloque Norte de las Autodefensas.

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