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Después de haber admitido los delitos de cohecho (soborno) y tráfico de influencias ante la Corte Suprema de Justicia, el camino del suspendido congresista Bernardo Elías apuntaba en una sola dirección: la condena, tal como ocurrió este miércoles. Elías, el segundo senador más votado del país en 2014 -el primero es su coterráneo, Musa Besaile, detenido y llamado a juicio por el escándalo del cartel de la toga-, pagará una condena de seis años y ocho meses de prisión por haber formado parte del esquema de corrupción que la constructora brasileña Odebrecht ideó en distintos países de todo el mundo, del cual Colombia no estuvo exento.
En diciembre del año pasado, la Sala de Instrucción que lleva el caso del Ñoño Elías validó su aceptación de cargos. Elías admitió haber gestionado reuniones entre Eleuberto Martorelli, entonces presidente de Odebrecht en Colombia, y Luis Fernando Andrade, expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, para que se discutieran asuntos de la adición Ocaña-Gamarra al contrato de la Ruta del Sol 2, adjudicado a Odebrecht y sus socios Episol (de Corficolombiana) y CSS Constructores. Andrade, llamado a juicio por estos hechos, niega haberse extralimitado en sus funciones. Martorelli está en busca de un principio de oportunidad, pero hace una semana fue rechazado por un juez que consideró que su cooperación judicial no ha sido suficiente para las víctimas.
El suspendido senador Elías, por su parte, ha dicho que su papel en la cadena de Odebrecht era limitado, porque las decisiones de los proyectos viales le correspondían exclusivamente al Ejecutivo. Pero otros testigos del caso, como el exsenador Otto Bula, le han contado a la Fiscalía que Elías formaba parte de un grupo conocido como Los Buldózer, integrado por miembros del Congreso que, desde sus escaños, terminaron prestándose a los intereses de Odebrecht a cambio de largas sumas de dinero. Por eso la Fiscalía sigue investigándolo por dos delitos más graves que esos por los que acaba de ser condenado: concierto para delinquir y lavado de activos.
Elías y la Corte Suprema pactaron una matriz de colaboración, es decir, una hoja de ruta sobre las delaciones que hará el suspendido congresista. Con ella, espera capotear la parte más difícil de su expediente, que son los dos cargos por los que sigue investigado; aunque el senador los rechaza de plano. Con ellos se juega también la posibilidad de pasar mucho más tiempo tras las rejas pues, según el Código Penal, por concierto para delinquir la pena puede ser de hasta nueve años en prisión; por lavado de activos la sanción puede llegar a ser de 15 años.
El 10 de agosto del año pasado, el suspendido senador fue arrestado en su propia casa. El dispositivo del CTI de la Fiscalía incluyó a su director, general (r) Luis Pérez Albarán, quien personalmente le notificó al congresista sahagunés de su detención. Otra de las declaraciones que tiene la Corte en contra de Elías es la de Gabriel Dumar, su amigo de infancia, quien a través de una empresa que representaba terminó recibiendo de Odebrecht para entregarle al congresista. El dinero ingresó a través de un contrato ficticio por $10.200 millones y la plata, al parecer, se usó para financiar la campaña de Elías al Congreso.