Alejandro Lyons: luz verde a su extradición, pero aún se demora la entrega a Colombia

Alejandro Lyons, del Partido de la U, fue clave para destapar el cartel de la toga. Crédito: El Universal

Alejandro Lyons Muskus, exgobernador de Córdoba, quien fue testigo protegido de la DEA, recobró su libertad en Estados Unidos, luego de que el 29 de mayo un juez de ese país así lo ordenara. Este condenado político no es uno más de la extensa lista de congresistas colombianos con líos judiciales. Hace ocho años fue pieza clave para destapar uno de los más grandes escándalos de corrupción en Colombia: el cartel de la toga, una estructura de alto nivel político y judicial que torció procesos penales en la Corte Suprema de Justicia. Hace 19 días, su abogada pagó una fianza de US$200.000, mientras que él firmó un documento comprometiéndose a no salir del estado de Florida y no cometer delitos.

Ese día, Lyons paró el conteo de su calendario con 1.489 días tras las rejas por una orden de extradición en su contra vigente. Desde mayo de 2021, el Gobierno colombiano intenta traerlo de vuelta para que cumpla una pena de cinco años de prisión, impuesta en 2018 por la Corte Suprema de Justicia. El alto tribunal lo condenó por liderar una red de corrupción que se robó $9.000 millones de las regalías departamentales, hechos que incluso el político del Partido de la U aceptó ante los estrados judiciales. Aunque ese trámite migratorio y judicial marcha a paso lento, El Espectador conoció que se acerca una resolución y que parte de ella está en poder de las autoridades colombianas.

En un documento de 39 páginas, fechado el 15 de mayo de 2025, el juez Edwin G. Torres, de la Corte del Distrito Sur de Florida, avaló la extradición del condenado, de 44 años. Eso solo será posible, dice el funcionario judicial, si la Corte Suprema de Justicia y el Departamento de Estado contestan dos asuntos que fueron expuestos recientemente por la defensa de Lyons. Primero, su abogada manifestó que la vida de su cliente corre peligro si vuelve a Colombia, ya que el exgobernador fue un testigo fundamental para desmontar el cartel de la toga, organización criminal compuesta por magistrados, congresistas, gobernadores, fiscales y abogados que torcieron procesos ante la Sala Penal del alto tribunal.

En este caso, el condenado terminó siendo colaborador de las autoridades y su testimonio fue usado para procesar penalmente a 22 personas en Colombia. Entre mayo y junio de 2017, el exgobernador de Córdoba se reunió en un centro comercial de Miami con el entonces fiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, con el fin de planear una estrategia para corromper el proceso por el que terminó condenado un año más tarde: el del millonario robo de las regalías de Córdoba mientras fue la cabeza departamental, entre 2012 y 2015. Lo que no sabía Moreno, el alto funcionario del ente investigador, es que Lyons grabó esas conversaciones y estaba colaborando con la DEA y la Fiscalía colombiana.

Esas grabaciones fueron fundamentales para capturar a los principales integrantes de uno de los peores escándalos de corrupción en la justicia colombiana. Desde entonces, Lyons no volvió a pisar Colombia, pero testificó ante los jueces colombianos desde un centro de detención en Estados Unidos. Ese tiempo que lleva tras las rejas es parte de sus argumentos para no regresar a pagar una pena en Colombia. Su abogado dice que ha cumplido más del 60 % de la condena que le impuso la Corte Suprema, con lo cual podría acceder a una libertad condicional. Además, aportó información que daría cuenta del “buen comportamiento” durante su detención en Florida.

Dos fuentes del caso señalan que la determinación del juez Torres fue, en pocas palabras, salomónica. Aunque autorizó la extradición de Lyons, porque cumplía todos los requisitos del tratado bilateral entre Colombia y Estados Unidos, también reconoció los cálculos sobre un posible cumplimiento de la pena por parte del político, pero señala que es la Corte Suprema la que debe certificar esa situación. “El juez dijo que los temores por la vida del exgobernador en Colombia son fundados, aunque también aclara que los tribunales no tienen competencia para frenar la extradición por razones humanitarias, y que esas decisiones corresponden al Departamento de Estado de los Estados Unidos”, relató la fuente del caso.

Para tomar esta decisión, el juez Torres se basó en el caso del dictador venezolano Marcos Pérez Jiménez que, en los años 60, fue solicitado por las autoridades de su país por un caso de malversación de fondos gubernamentales. El militar, quien también salió del país para radicarse en Miami, terminó extraditado y condenado en un mediático juicio. En esa solicitud de extradición, hubo un extenso litigio en EE. UU., con múltiples recursos, que se resolvió con la extradición del alto oficial en 1963. El juez Edwin Torres comentó que en el caso Jiménez se condicionó la extradición del uniformado hasta que se garantizaran condiciones de seguridad al entonces prófugo y derrocado dictador.

Las cuentas pendientes de Lyons

Lyons todavía tiene compromisos con la justicia en Colombia. Por ejemplo, en marzo de 2025, un juzgado penal de Montería lo solicitó para que declarara como testigo “clave” en el juicio contra el exsecretario de Salud de Córdoba, Edwin Preciado, por un escándalo de corrupción del que el exgobernador fue su cerebro: el cartel de la hemofilia. A raíz de su papel central en esta organización criminal, su prima, la excongresista del Partido de la U, Sara Piedrahita Lyons, afronta un juicio ante la Corte Suprema. Aparentemente, a su campaña entró parte de los dineros de ese escándalo de corrupción, en el que se robaron $50.000 millones de la salud del departamento.

Lyons, quien está inhabilitado para ejercer cargos públicos hasta 2033, retornaría a Colombia en un escenario distinto al que dejó a comienzos de 2017, cuando viajó a Estados Unidos. Se reencontraría con su padre, Alejandro Lyons de la Espriella, quien salió de prisión a finales de noviembre de 2024, tras cumplir una pena por intentar lavar los $9.000 millones que su hijo se robó mientras fue gobernador. A otros viejos aliados de la política también podrá ver: el exsenador Miguel “El Ñoño” Elías (condenado por el caso Odebrecht) y Musa Besaile (condenado por el cartel de la toga). Este último, quien tiene libertad condicional, aceptó cargos el pasado 13 de junio en el mismo caso que involucra a la familia Lyons y los $9.000 millones de las regalías.

El caso del exgobernador Lyons Muskus, que se dilató cuatro años por varios recursos judiciales que presentó su defensa, parece transitar su recta final. La Corte Suprema de Justicia y el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendrán que informarle en las próximas semanas al juez Torres si los alegatos de Lyons son ciertos: que su vida correría peligro en Colombia y que ya cumplió parte de su pena en territorio estadounidense. O, por el contrario, que todos los requisitos están dados para que vuelva a darle la cara a la justicia colombiana por haber desfalcado a la Gobernación de Córdoba junto a otros funcionarios públicos de su administración.

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