Alertan posibles irregularidades en contrato para alimentación en cárceles
Una carta enviada al Inpec y a los órganos de control habla de concentración y monopolio de contratación por parte de cuatro firmas.
El Espectador
Una carta enviada a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios del Inpec, con copia a la Procuraduría y la Contraloría, advierte de las posibles irregularidades que se estarían cometiendo en la contratación de los servicios de alimentos para cárceles y penitenciarias.
En la misiva, Andrés Felipe Rodríguez –interesado en el proceso y quien firma la misma–, alertó sobre cómo la última decisión tomada por el Inpec se ve “desdibujada” al no limitar el número máximo de grupos al que un proponente puede presentarse. “Esto se sustenta en que la libre competencia y la distribución equitativa de las oportunidades, no siempre van de la mano”, indicó.
“Aunque la Constitución reconoce a los administradores la facultad de realizar actividades económicas según sus preferencias o habilidades, con el propósito de mantener o aumentar su patrimonio, esta facultad no es absoluta y puede ser limitada por el Estado para corregir fallas de mercado y restablecer la equidad; en esto consiste el deber estatal de la equitativa distribución de las oportunidades en los procesos de contratación estatal, consagrado en la Constitución”, sostuvo.
La carta recuerda en ese sentido que El Estado no sólo tiene un “deber genérico de abstención” sino además tiene la responsabilidad mediante actuaciones positivas de eliminar barreras de acceso al mercado y censurar las prácticas restrictivas a la competencia, como el abuso de posición dominante o la creación de monopolios.
El escrito igualmente reseña las firmas que están siendo preferencias en el proceso de contratación de la alimentación.
“Este proceso de selección ha sido monopolizado por tres proponentes (Fabio Doblado Barreto, Noel Rodríguez Cubides y Juan Carlos Almansa) quienes siempre han concentrado más del 70% de la contratación y dejan generosamente el 30% restante para ser distribuido en más de 20 contratistas”, señaló.
En el proceso de contratación de 2011, los tres proponentes mencionados quedaron con un 65% del contrato, dejando a 18 oferentes con un 35%, es decir, menos de un 2%.
“Insistiré durante todo el proceso que se limite la oferta de este proceso a máximo dos grupos por oferentes, más cuando ya está circulando documentos con la supuesta repartición ya efectuada del actual proceso, documentos que espero no coincidan en lo más mínimo con la futura adjudicación”, manifestó.
La supuesta repartición estaría así:
- 24% por $72.981.340.793,82 para Servialimentar – Juan Carlos Almansa
- 26% por $79.827.275.355,71 para Noel Rodríguez Cubides
- 22% por $65.708.889.156,44 para Fabio Doblado
- 8% por $24.545.771.103,61 para José Lenis Gallego
“Ya se especula que entre estos grandes proponentes han colectado y entregado más de $1.000 millones para lograr sus fines empresariales y de justa equidad”, agregó.
El llamado ciudadano es para que como lo hacen otras entidades del Estado se limite la participación a un máximo de dos grupos y así minimizar los riesgos.
De momento ni el Inpec ni los oferentes se han pronunciado sobre la carta radicada hace una semana y que se conoce este miércoles.
Una carta enviada a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios del Inpec, con copia a la Procuraduría y la Contraloría, advierte de las posibles irregularidades que se estarían cometiendo en la contratación de los servicios de alimentos para cárceles y penitenciarias.
En la misiva, Andrés Felipe Rodríguez –interesado en el proceso y quien firma la misma–, alertó sobre cómo la última decisión tomada por el Inpec se ve “desdibujada” al no limitar el número máximo de grupos al que un proponente puede presentarse. “Esto se sustenta en que la libre competencia y la distribución equitativa de las oportunidades, no siempre van de la mano”, indicó.
“Aunque la Constitución reconoce a los administradores la facultad de realizar actividades económicas según sus preferencias o habilidades, con el propósito de mantener o aumentar su patrimonio, esta facultad no es absoluta y puede ser limitada por el Estado para corregir fallas de mercado y restablecer la equidad; en esto consiste el deber estatal de la equitativa distribución de las oportunidades en los procesos de contratación estatal, consagrado en la Constitución”, sostuvo.
La carta recuerda en ese sentido que El Estado no sólo tiene un “deber genérico de abstención” sino además tiene la responsabilidad mediante actuaciones positivas de eliminar barreras de acceso al mercado y censurar las prácticas restrictivas a la competencia, como el abuso de posición dominante o la creación de monopolios.
El escrito igualmente reseña las firmas que están siendo preferencias en el proceso de contratación de la alimentación.
“Este proceso de selección ha sido monopolizado por tres proponentes (Fabio Doblado Barreto, Noel Rodríguez Cubides y Juan Carlos Almansa) quienes siempre han concentrado más del 70% de la contratación y dejan generosamente el 30% restante para ser distribuido en más de 20 contratistas”, señaló.
En el proceso de contratación de 2011, los tres proponentes mencionados quedaron con un 65% del contrato, dejando a 18 oferentes con un 35%, es decir, menos de un 2%.
“Insistiré durante todo el proceso que se limite la oferta de este proceso a máximo dos grupos por oferentes, más cuando ya está circulando documentos con la supuesta repartición ya efectuada del actual proceso, documentos que espero no coincidan en lo más mínimo con la futura adjudicación”, manifestó.
La supuesta repartición estaría así:
- 24% por $72.981.340.793,82 para Servialimentar – Juan Carlos Almansa
- 26% por $79.827.275.355,71 para Noel Rodríguez Cubides
- 22% por $65.708.889.156,44 para Fabio Doblado
- 8% por $24.545.771.103,61 para José Lenis Gallego
“Ya se especula que entre estos grandes proponentes han colectado y entregado más de $1.000 millones para lograr sus fines empresariales y de justa equidad”, agregó.
El llamado ciudadano es para que como lo hacen otras entidades del Estado se limite la participación a un máximo de dos grupos y así minimizar los riesgos.
De momento ni el Inpec ni los oferentes se han pronunciado sobre la carta radicada hace una semana y que se conoce este miércoles.