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Alertan presuntas irregularidades por más de COP 1.600 millones en programa de sustitución de cultivos

La Contraloría General realizó una auditoría en la que evidenció que, aparentemente, hubo pagos desproporcionados en un contrato celebrado entre el Consorcio Fondo Colombia en Paz (FCP) y DCO Ingeniería & Servicios S.A.S. para una interventoría. Esto se sabe.

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10 de diciembre de 2025 - 04:18 p. m.
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Foto: El Espectador - Óscar Pérez
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La Contraloría acaba de alerta una supuesta irregularidad en el manejo de más de COP 1.600 millones en un contrato relacionado con el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS). Concretamente, el ente de control señaló que dicha irregularidad se habría presentado en la ejecución del contrato de interventoría No. 371-2022, celebrado entre el Consorcio Fondo Colombia en Paz (FCP) y DCO Ingeniería & Servicios S.A.S.

El ente de control, que realizó una auditoría, explicó que este hallazgo fiscal “corresponde a pagos realizados de manera incorrecta y desproporcionada a la interventoría, los cuales no se ajustaron a los avances reales registrados en los Planes Operativos Anuales (POA) de los contratos supervisados bajo el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS)”.

El contrato mencionado tenía como finalidad supervisar la ejecución técnica, administrativa, financiera y jurídica de los componentes del PNIS en varios territorios del país. Según los hallazgos, “los pagos a la interventoría, establecidos en la cláusula cuarta del contrato, debían guardar estricta relación con el porcentaje de avance de los contratos objeto de supervisión (No. 359-2022, 377-2022 y 402-2022)”.

Sin embargo, dice la Contraloría, los avances técnicos de dichos contratos “promediaron el 59,23%, 93,67% y 44,8%, respectivamente, muy por debajo del 100% necesario para justificar el pago total”. Aun así, se avaló el pago completo a DCO Ingeniería & Servicios S.A.S., lo que generó un aparente sobrepago de COP $1.618 millones.

Para la Contraloría, lo ocurrido “evidencia fallas graves en el seguimiento técnico y financiero por parte de los responsables del proceso de supervisión”. El jalón de orejas del ente de control señala a la Agencia de Renovación del Territorio (ART), en su rol como entidad ejecutora del PNIS, como responsable de velar por el uso adecuado de los recursos públicos.

El aparente detrimento patrimonial alertado por la Contraloría “afecta directamente los recursos destinados al desarrollo de proyectos productivos sostenibles y a la seguridad alimentaria de las familias beneficiadas por el PNIS”.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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