Alfiles del uribismo, al banquillo

Ocho años y medio después de la polémica votación de la madrugada del 4 de junio de 2004 —cuando la súbita ausencia del congresista Teodolindo Avendaño y el repentino “sí” de Yidis Medina salvaron un proyecto reeleccionista que estaba prácticamente hundido—, se dio inicio al juicio en contra de tres alfiles del uribismo que habrían sido los responsables de voltear el voto de Medina y promover la ausencia de Avendaño para que se aprobara, como fuera, la enmienda constitucional que le permitió al presidente Álvaro Uribe seguir de largo otros cuatro años en el poder.

Se trata de los exministros Sabas Pretelt de la Vega y Diego Palacio y del exsecretario general de la Casa de Nariño Alberto Velásquez. La Corte Suprema de Justicia desestimó las nulidades que interpusieron los abogados de los procesados al considerar que no tenían argumentos, que en muchos casos sus exposiciones eran extensas y farragosas y que pretendían dilatar lo inevitable. En relación con la abogada de Pretelt, Ximena Peñafort, la Fiscalía reveló que también la investiga por el escándalo de la yidispolítica, ya que ofició durante algunos meses como viceministra de Pretelt y habría participado en el trámite del proyecto reeleccionista.

En ese contexto, el representante de la Fiscalía, Álvaro Osorio, sostuvo que podría darse un eventual conflicto de intereses ya que la defensora del otrora ministro Pretelt también figura en el expediente del ente investigador. El propio Pretelt declaró que desconocía esos hechos, al tiempo que reiteró su inocencia en el caso. La Corte Suprema de Justicia determinó negar la mayoría de las pruebas solicitadas por Palacio, Pretelt y Velásquez al considerar que tienen “un proceder artificioso y dilatorio para provocar la prescripción de la acción penal”.

El primer regaño fue para la abogada Peñafort, pues en su escrito solicitaba la nulidad del proceso en favor de su cliente, sugiriendo que se le habían violado los derechos humanos. La Corte resaltó que dicha petición resultaba cuando menos “exótica” en un momento procesal en el que no se ha definido aún la responsabilidad penal de Pretelt. Una a una, las peticiones de los procesados fueron derrumbadas con argumentos jurídicos por parte del alto tribunal, que concluyó que la mayoría de las pruebas solicitadas eran inanes, extemporáneas o repetitivas.

Por ejemplo, la Corte dijo que se constató que Diego Palacio Betancourt “tuvo una conducta procesal desafortunada”, ya que se negó a notificarse personalmente ante la resolución de acusación en su contra, expedida por la Fiscalía, al punto incluso de indicarle a la administradora del edificio donde reside y al personal de vigilancia que no iba a recibir ninguna notificación del organismo investigador. “Una maniobra con la cual pretendió tardíamente exponer su inconformidad frente a una decisión que a voluntad propia decidió no conocer”, resaltó la Corte.

En la audiencia de ayer el alto tribunal decretó la ampliación de los testimonios de Yidis Medina —condenada a 47 meses de prisión por este caso y a 32 años de cárcel por otro expediente relacionado con un secuestro— y el exmagistrado Carlos Gaviria Díaz, así como de Carlos Arturo Gómez y Vanía Carolina Castro. Esta última deberá precisar si, como nuera de Teodolindo Avendaño —también condenado por este escándalo—, fue recomendada con Carlos Arturo Gómez para que la contrataran como abogada externa del Ministerio del Interior, que en ese momento era dirigido por Sabas Pretelt de la Vega.

De la misma manera, la Corte solicitó que le fueran entregadas las gráficas correspondientes al estudio link realizado en el proceso contra Teodolindo Avendaño, para verificar las llamadas que entraron y salieron de su celular entre el 30 de mayo y el 4 de junio de 2004, con el fin de establecer cómo cruzó mensajes con la Casa de Nariño para ayudar a aprobar en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes el proyecto de reelección presidencial inmediata. El alto tribunal también solicitó el fallo del 24 de agosto de 2010, mediante el cual la Procuraduría destituyó e inhabilitó a Pretelt de la Vega por 10 años.

La corporación negó, además, el testimonio de Diego Palacio, “por cuanto su calidad de acusado le impide intervenir en calidad de testigo”, así como la revisión de antecedentes médico-psiquiátricos de Yidis Medina. A pesar de que Pretelt, Palacio y Velásquez han criticado la versión de Medina, la Corte le dio toda su credibilidad cuando la condenó a ella y a los excongresistas Teodolindo Avendaño e Iván Díaz Mateus. En 2008 se estableció que se dejaron comprar por las promesas gubernamentales en cabeza de los tres alfiles del uribismo que ahora están en el banquillo.

Durante años, el caso estuvo muy quieto en la Fiscalía. El fiscal de entonces, Mario Iguarán, se declaró impedido por “amistad íntima” con Sabas Pretelt, pues, antes de dirigir el ente investigador, ofició como su viceministro. El expediente fue asumido por su vicefiscal Guillermo Mendoza y después dio muchas vueltas. Entre recusaciones, apelaciones y demás se fue yendo el tiempo, y ad portas de que el caso prescribiera, finalmente quedó en firme la acusación en contra de Pretelt, Palacio y Velásquez. La Fiscalía denunció en su momento que se utilizaron prácticas dilatorias descaradas. Los procesados arguyeron que simplemente hacían uso de las herramientas que les otorgaba la ley.

Junto con el expediente del DAS por el espionaje a magistrados, dirigentes de oposición, defensores de derechos humanos y periodistas, no hay duda de que el escándalo de la yidispolítica provocó en el gobierno Uribe unas grietas que aún no terminan de zanjarse. El lunes continuará el juicio contra tres miembros de la guardia pretoriana uribista.

Ocho años y medio después de la polémica votación de la madrugada del 4 de junio de 2004 —cuando la súbita ausencia del congresista Teodolindo Avendaño y el repentino “sí” de Yidis Medina salvaron un proyecto reeleccionista que estaba prácticamente hundido—, se dio inicio al juicio en contra de tres alfiles del uribismo que habrían sido los responsables de voltear el voto de Medina y promover la ausencia de Avendaño para que se aprobara, como fuera, la enmienda constitucional que le permitió al presidente Álvaro Uribe seguir de largo otros cuatro años en el poder.

Se trata de los exministros Sabas Pretelt de la Vega y Diego Palacio y del exsecretario general de la Casa de Nariño Alberto Velásquez. La Corte Suprema de Justicia desestimó las nulidades que interpusieron los abogados de los procesados al considerar que no tenían argumentos, que en muchos casos sus exposiciones eran extensas y farragosas y que pretendían dilatar lo inevitable. En relación con la abogada de Pretelt, Ximena Peñafort, la Fiscalía reveló que también la investiga por el escándalo de la yidispolítica, ya que ofició durante algunos meses como viceministra de Pretelt y habría participado en el trámite del proyecto reeleccionista.

En ese contexto, el representante de la Fiscalía, Álvaro Osorio, sostuvo que podría darse un eventual conflicto de intereses ya que la defensora del otrora ministro Pretelt también figura en el expediente del ente investigador. El propio Pretelt declaró que desconocía esos hechos, al tiempo que reiteró su inocencia en el caso. La Corte Suprema de Justicia determinó negar la mayoría de las pruebas solicitadas por Palacio, Pretelt y Velásquez al considerar que tienen “un proceder artificioso y dilatorio para provocar la prescripción de la acción penal”.

El primer regaño fue para la abogada Peñafort, pues en su escrito solicitaba la nulidad del proceso en favor de su cliente, sugiriendo que se le habían violado los derechos humanos. La Corte resaltó que dicha petición resultaba cuando menos “exótica” en un momento procesal en el que no se ha definido aún la responsabilidad penal de Pretelt. Una a una, las peticiones de los procesados fueron derrumbadas con argumentos jurídicos por parte del alto tribunal, que concluyó que la mayoría de las pruebas solicitadas eran inanes, extemporáneas o repetitivas.

Por ejemplo, la Corte dijo que se constató que Diego Palacio Betancourt “tuvo una conducta procesal desafortunada”, ya que se negó a notificarse personalmente ante la resolución de acusación en su contra, expedida por la Fiscalía, al punto incluso de indicarle a la administradora del edificio donde reside y al personal de vigilancia que no iba a recibir ninguna notificación del organismo investigador. “Una maniobra con la cual pretendió tardíamente exponer su inconformidad frente a una decisión que a voluntad propia decidió no conocer”, resaltó la Corte.

En la audiencia de ayer el alto tribunal decretó la ampliación de los testimonios de Yidis Medina —condenada a 47 meses de prisión por este caso y a 32 años de cárcel por otro expediente relacionado con un secuestro— y el exmagistrado Carlos Gaviria Díaz, así como de Carlos Arturo Gómez y Vanía Carolina Castro. Esta última deberá precisar si, como nuera de Teodolindo Avendaño —también condenado por este escándalo—, fue recomendada con Carlos Arturo Gómez para que la contrataran como abogada externa del Ministerio del Interior, que en ese momento era dirigido por Sabas Pretelt de la Vega.

De la misma manera, la Corte solicitó que le fueran entregadas las gráficas correspondientes al estudio link realizado en el proceso contra Teodolindo Avendaño, para verificar las llamadas que entraron y salieron de su celular entre el 30 de mayo y el 4 de junio de 2004, con el fin de establecer cómo cruzó mensajes con la Casa de Nariño para ayudar a aprobar en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes el proyecto de reelección presidencial inmediata. El alto tribunal también solicitó el fallo del 24 de agosto de 2010, mediante el cual la Procuraduría destituyó e inhabilitó a Pretelt de la Vega por 10 años.

La corporación negó, además, el testimonio de Diego Palacio, “por cuanto su calidad de acusado le impide intervenir en calidad de testigo”, así como la revisión de antecedentes médico-psiquiátricos de Yidis Medina. A pesar de que Pretelt, Palacio y Velásquez han criticado la versión de Medina, la Corte le dio toda su credibilidad cuando la condenó a ella y a los excongresistas Teodolindo Avendaño e Iván Díaz Mateus. En 2008 se estableció que se dejaron comprar por las promesas gubernamentales en cabeza de los tres alfiles del uribismo que ahora están en el banquillo.

Durante años, el caso estuvo muy quieto en la Fiscalía. El fiscal de entonces, Mario Iguarán, se declaró impedido por “amistad íntima” con Sabas Pretelt, pues, antes de dirigir el ente investigador, ofició como su viceministro. El expediente fue asumido por su vicefiscal Guillermo Mendoza y después dio muchas vueltas. Entre recusaciones, apelaciones y demás se fue yendo el tiempo, y ad portas de que el caso prescribiera, finalmente quedó en firme la acusación en contra de Pretelt, Palacio y Velásquez. La Fiscalía denunció en su momento que se utilizaron prácticas dilatorias descaradas. Los procesados arguyeron que simplemente hacían uso de las herramientas que les otorgaba la ley.

Junto con el expediente del DAS por el espionaje a magistrados, dirigentes de oposición, defensores de derechos humanos y periodistas, no hay duda de que el escándalo de la yidispolítica provocó en el gobierno Uribe unas grietas que aún no terminan de zanjarse. El lunes continuará el juicio contra tres miembros de la guardia pretoriana uribista.