“Cada vez que había un partido de fútbol nosotros íbamos y nos reuníamos donde los amigos que tuvieran televisión por parabólica. Normalmente no encontrábamos la casa desordenada ni a la gente cocinando, lavando o haciendo oficios porque ellos preparaban el cuarto o el salón para que uno llegara a mirar televisión”. Nelson Triviño, es un celador del municipio de Algeciras, la despensa agrícola del Huila. Él, al igual que muchos de los 24.600 algecireños, tomó por hábito trasladarse a la casa de algún vecino para ver televisión porque el pueblo quedó sin señal luego de un atentando guerrillero que destruyó los equipos de transmisión del servicio público estatal.
Ubicado a 53 kilómetros de Neiva, capital del departamento, Algeciras quedó fuera del aire el 22 de febrero de 2002, fecha cuando un grupo de hombres armados de las Farc ingresó a la vereda La Ensillada y destruyó en su totalidad la antena parabólica, la estructura de la torre repetidora de televisión y los muros de contención de la vivienda donde se encontraban instalados los equipos de transmisión de la señal. “Cuando vinimos a ver nosotros quedamos sin señal de televisión, esto nos dejó sin saber qué pasaba y solamente oíamos radio porque el Canal A y el Uno dejaron de funcionar”, indicó Nelson Triviño.
Seis años y seis meses después del atentado, que apagó ese pequeño porcentaje de los 12 millones de televisores que según el DANE existen en el país, un fallo del Tribunal Contencioso Administrativo del Huila le devolverá las imágenes y el sonido de la televisión pública, al aparato que el investigador político Italiano Giovanni Sartori denominó la “Caja Boba”. La medida de los jueces, obedeció a que consideraron que en Algeciras existe una violación al derecho colectivo de acceso a los servicios públicos para que su prestación sea eficiente y oportuna.
Según los demandantes, la Comisión Nacional de Televisión (CNTV) no hizo la reclamación a la aseguradora por el daño de los equipos, pero el apoderado del organismo rechazó las pretenciones de la demanda porque a su representada “no le corresponde ejercer funciones de operación del servicio, ni mantenimiento de la red pública de televisión”.
Pese a este argumento, el fallo le ordenó a Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC) que en el término de un mes realice una visita a la vereda, constate el estado de los equipos requeridos para la recepción y distribución de la señal. Así mismo, a la CNTV, que en un término no mayor a siete meses restablezca en forma definitiva la televisión pública en Algeciras, que sólo llegó en 1998, es decir 44 años después de que el general Gustavo Rojas la trajera al país.
Con esta medida, los vecinos de Nelson Triviño dejarán de pagar los $12.000 mensuales, que desde hace varios años cancelan por tener acceso a los 19 canales de televisión por parabólica, que solo les muestra la realidad de los países vecinos y no la nacional. El fallo del Tribunal Administrativo del Huila les brinda la oportunidad a los habitantes de los municipios apartados de Colombia, el derecho colectivo de gozar del acceso a la televisión pública nacional, que les proporciona la CNTV.
Por El Espectador
