Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Francisco Javier Martínez Ardila, funcionario del CTI de la Fiscalía, enfrentará desde la cárcel una investigación en su contra por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de contrabando y acceso abusivo a un sistema informático. Así lo determinó la jueza del caso en la tarde de este martes, luego de escuchar las pruebas que tiene el ente investigador que apuntan a que Martínez Ardila habría puesto al servicio de negocios ilegales su posición privilegiada como funcionario de la Fiscalía.
El investigado es más conocido por su alias: Pacho Malo y por ser un funcionario del CTI que, pese a que desde hace años había pruebas de sus andanzas criminales, la entidad no habría hecho nada para investigarlo. Su nombre alcanzó relevancia judicial en noviembre del año pasado, después de varias publicaciones de prensa que lo perfilaron como un hombre clave, no solo para negocios de contrabando, sino también como parte de una compleja red de narcotráfico.
(En contexto: El informe clave del caso alias Pacho Malo no aparece en la Fiscalía)
Además, se supo qué funcionarios del CTI denunciaron a la ahora fiscal encargada, Martha Mancera, por supuestamente haber encubierto durante años al ahora capturado. Las investigaciones en contra de la alta funcionaria las cerró un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, criticado por los vacíos en su investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Desde el comienzo del caso, Mancera ha dicho que todo es un complot en su contra, pero las pruebas y los detalles del caso desataron un duro enfrentamiento entre el presidente Gustavo Petro y el exfiscal Francisco Barbosa.
De lo que se sabe del proceso en contra de Pacho Malo, la Fiscalía aseguró que pertenecía a una red delictiva conformada por funcionarios y particulares, “que auspiciaban y facilitaban la entrada ilegal de mercancía por los puertos de Buenaventura (Valle del Cauca) y Barranquilla (Atlántico)”. Además, la Fiscalía explicó que, supuestamente, le pidió a un despacho de un fiscal que ingresara al sistema de la entidad, conocido como el SPOA, para extraer información reservada sobre un proceso.
(Le puede interesar: Estas son las pistas que rodean la captura de Pacho Malo, miembro del CTI)
Lo hizo, según la investigación, para alertar a los líderes y otros integrantes de la estructura dedicada al contrabando. Pacho Malo no aceptó ninguno de los cargos imputados y ahora será enviado a una cárcel mientras avanza el proceso en su contra. Aunque las primeras audiencias del caso fueron reservadas, por petición de la Fiscalía, el juzgado que lleva el caso decidió abrir el acceso al público y medios de comunicación a la diligencia en que se definió su medida de aseguramiento.
En esa oportunidad, se supieron detalles de la investigación. Por ejemplo, que los hechos por los que fue judicializado Martínez Ardila habrían ocurrido al menos desde 2017, que habría tenido contacto con varios policías de aduana, así como otros funcionarios de la Fiscalía y el CTI para lograr sus cometidos criminales. Según la fiscal del caso, desde hace al menos siete años, el ente investigador tenía alertas de las andanzas de Pacho Malo en casos de contrabando, pues sus comunicaciones ya habían sido interceptadas legalmente.
(Lea también: Capturan a Pacho Malo, exmiembro del CTI vinculado supuestamente al contrabando)
No obstante, Martínez Ardila siguió activo en la entidad durante todos estos años. Durante la audiencia, el ente investigador señaló que varios directivos de la Fiscalía sabían de los hallazgos en las interceptaciones de Pacho Malo, pero nunca se ordenó ninguna otra medida de investigación. Lo que sí ocurrió es que el investigado supo que estaba interceptado, le alertó a sus compañeros de los negocios de contrabando y a finales de 2017, contra toda evidencia, dejaron de escuchar a Martínez Ardila.
La fiscal del caso agregó que, cuando recibió el expediente contra Pacho Malo en 2022, ella misma pidió acceso a todas las grabaciones que había hecho la policía judicial en 2017. Sin embargo, para noviembre de ese año, la investigadora adscrita al caso confirmó que no aparecían cinco discos con los audios y otras evidencias, como los informes de las interceptaciones. “No fue posible encontrar las evidencias”, agregó la fiscal que, de todas maneras, encontró la manera de acceder a toda la información que estaba guardada en un servidor de la Fiscalía.
(En contexto: Martha Mancera: las sombras que persiguen a la nueva jefa del búnker)
Con el material en mano, la fiscal encontró otra inconsistencia: que los informes sobre las comunicaciones de alias Pacho Malo tampoco incluyeron todos los audios que servían para identificar a los miembros de la red de contrabando. De todas maneras, agregó, el expediente actual ya tiene todos los audios y ya pidió a la policía judicial que vuelva a escuchar todos los archivos. Asimismo, pidió otras órdenes para establecer qué otras personas se habrían visto beneficiadas por los negocios legales de Martínez Ardila.
Por ejemplo, la Fiscalía ya tendría pistas de que la pareja de Pacho Malo habría sacado provecho de esos réditos, especialmente de un cargamento ilegal de artículos para bebés; y que, para lograrlo, habría también aprovechado sus relaciones con agentes aduaneros. Se trató, agregó el ente investigador, de actos delictivos “aberrantes. No fue causal el tema. Era cercano a los integrantes de la empresa criminal y que, en virtud de su rol, era una persona relevante dentro de la red”.
(Lea también: Martha Mancera: los señalamientos a la vicefiscal relacionados con el narcotráfico)
Además de las inconsistencias en las interceptaciones contra Pacho Malo de 2017, la Fiscalía agregó que tampoco fue posible encontrar un informe clave que habría alertado al ente investigador que los negocios de Martínez Ardila no solo eran en temas de contrabando, sino también en narcotráfico. Se trata de un documento de marzo de 2021, firmado por dos agentes del CTI, que supieron, por fuentes humanas e investigaciones propias, que Pacho Malo era un funcionario de la Fiscalía y que era un enlace clave para el envío de cocaína a Centroamérica y otros países de Europa.
El extravío del informe también lo denunció el abogado de Martha Mancera, quien sigue defendiéndose de señalamientos sobre su presunto encubrimiento a favor de Pacho Malo, especialmente de cuando pasó por la Fiscalía de Cali, pues fue en esa ciudad donde reposaban varios de los expedientes contra el ahora funcionario capturado. Este caso apenas comienza. Martínez Ardila tendrá que enfrentar su caso desde la cárcel, mientras que se siguen conociendo detalles de cómo, durante años, la Fiscalía tuvo pistas en contra de su funcionario, mucha de esa evidencia quedó extraviada y, solo ahora, fue alcanzado por las investigaciones judiciales.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
