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29 Feb 2012 - 7:17 p. m.

Alonso Salazar, inhabilitado por 12 años para ejercer cargos públicos

La Procuraduría sancionó de este modo a el exalcalde de Medellín.

El Espectador

La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 12 años al exalcalde de Medellín (Antioquia), Alonso Salazar, por su indebida participación en política durante la última contienda electoral. Específicamente, el Ministerio Público consideró que el exmandatario local falló al entregarle información privilegiada al periódico El Colombiano que ponía en tela de juicio la campaña del entonces candidato a la alcaldía, Luis Pérez Gutiérrez.

El 7 de octubre pasado, apenas 23 días antes de que se eligiera a su sucesor, Salazar aseguró que a Pérez lo apoyaban criminales de la comuna 8 de Medellín, puntualmente, Efraín Maldonado Álvarez, alias 'Efra', desmovilizado del Bloque Héroes de Granada de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En aquel momento, Salazar llegó a sugerir que estas personas estarían obligando a habitantes de Medellín a votar por Pérez, quien, al final, perdió la elección con el político liberal Aníbal Gaviria.

Asimismo, ese 7 de octubre, el exmandatario local hizo una afirmación que hoy parece premonitoria: “No me voy a quedar con los brazos cruzados aunque me investiguen por hacer actividad política”. Esa investigación tarde que temprano llegó con la sanción.

A modo de síntesis, la representante de la Procuraduría aseguró: “El grado de culpabilidad con que actuó el doctor Salazar fue a título de dolo debido a sus declaraciones en el periódico El Colombiano del 7 de octubre de 2011 y con los trinos que escribió en el Twitter interfirió en el proceso electoral, dejando de lado la prudencia que le era debida que acarreó que se afectaran los bienes jurídicos que se tenían que proteger como era la preservación de la prohibición a participar en política”.

Y agregó que si el exalcalde tenía pruebas suficientes de que Pérez estaba cometiendo alguna irregularidad, debió haber acudido a la Fiscalía y no a los medios de comunicación. La delegada fue clara: “La prohibición constitucional para que los empleados públicos participen en política es categórica y restrictiva hasta tanto no se expida la Ley Estatutaria que prevea las condiciones para que aquellos puedan ejercer esta actividad”.

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