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Las Altas Cortes de Justicia exigen seguridad para los magistrados de la Corte Constitucional. El pasado 4 de marzo, a la secretaría del alto tribunal llegó una misiva que sería del Bloque Capital de las Águilas Negras, con una amenaza de muerte estructurada en 12 puntos. Quienes votaron a favor de la despenalización del aborto hasta la semana 24 de gestación, serán, según el documento, declarados objetivo militar. Y, además, se les advirtió que ya están ubicadas sus casas y las de sus familiares.
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En respuesta, las Altas Cortes emitieron un comunicado en el cual pidieron a las fuerzas de seguridad del Estado reforzar la protección de los magistrados de la Corte Constitucional y del conjuez Julio Andrés Ossa. Este último fue el jurista que entró a desempatar el debate sobre la despenalización del aborto y quien no cuenta con esquema de seguridad, pues no es un magistrado titular. La comunicación está firmada por los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión Nacional de Disciplina.
“La Administración de Justicia es la función pública ejercida a través de las decisiones independientes de los jueces de la República, cuyas providencias solo están sometidas al imperio de la ley. Como jueces colegiados sometidos a un sistema de votación por mayorías, las corporaciones judiciales ejercen este mandato mediante providencias que deben ser acatadas tanto por las autoridades como por los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad”, se lee en el comunicado.
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La amenaza, cuyo origen ya están verificando las autoridades, está compuesta por doce puntos e incluye estadísticas y terminología judicial. En varios de estos, el documento habla de temas que aclaró la Corte Constitucional en su comunicado de prensa, cuando dio detalles sobre la despenalización parcial del aborto. Por ejemplo, que la misma alta corte ya había tomado una decisión en 2006, cuando despenalizó la práctica en tres causales específicas: malformación del feto, riesgo para la vida de la madre y embarazo procedente de un abuso sexual.
En la misiva que aparentemente sería de las Águilas Negras se lee que los magistrados que dieron su “sí” debieron respetar la “cosa juzgada constitucional” que pesaba sobre la discusión del aborto. Se trató de la postura jurídica que mantuvieron los magistrados que dieron su “no”, que en resumidas cuentas proponía dejar las reglas tal cual habían quedado en 2006. No obstante, los emisarios también hablaron de conjeturas sin fundamento, como que los togados serían parte de un cartel de “compraventa de órganos de niños”.
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“Ustedes se creen dioses paganos. En este país no funcionan las leyes, sino las balas, porque así ustedes mismos lo han determinado. Ustedes son incitadores a la violencia, a la criminalidad, a la delincuencia, y si no quieren entender por las buenas, entenderán por las balas”, dice un apartado de la amenaza. Aparte, quienes serían las Águilas Negras plasmaron en el texto que sabrían donde viven los magistrados que dieron su “sí” y que le harían seguimiento permanente a sus familias. “Si no quieren entender por las buenas, entenderán por las balas”, concluyen.
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