Álvaro Dávila, condenado por el carrusel de la contratación

Para el Juzgado Primero Penal del Circuito de Bogotá, Álvaro Dávila Peña es responsable de los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos, en relación con el ya conocido escándalo del carrusel de la contratación que saqueó las arcas públicas en Bogotá. Este lunes, 28 de mayo, la jueza emitió sentido de fallo condenatorio en contra del abogado, por lo que tendrá que pagar una condena aún no se ha tasado y que se conocerá el próximo 26 de julio a las 9 de la mañana en los juzgados de Paloquemao.

De acuerdo con el ente investigador, el abogado lesionó la administración pública al tomar funciones de los servidores públicos y no obrar con pulcritud, imparcialidad, transparencia y moralidad en su gestión. Durante su labor de consultor profesional de empresas nacionales e internacionales, agregó la Fiscalía, le habrían permitido interferir en la administración del Gobierno Distrital, entre otras cosas, por su cercanía con el exalcalde Samuel Moreno y el excongresista Iván Moreno. (Le podría interesar: Piden que Álvaro Dávila pague 16 años de prisión por carrusel de contratación)

De acuerdo con la investigación, Dávila Peña estructuró negocios, elaboró contratos de prestación de servicios y pactó comisiones de éxito destinados a los hermanos Moreno Rojas y otros funcionarios. Por esa razón, en sus alegatos conclusión, el fiscal delegdo Jaime Alonso Zetien le pidió a la jueza que lo condenara a la pena máxima de 16 años de prisión, de acuerdo con los delitos por los cuales fue investigado en un proceso penal que duró más de seis años. Petición que tendrá que evaluar la jueza. 

“Con abundante recaudo probatorio, acreditó la Fiscalía que el señor Álvaro Dávila Peña se asoció con funcionarios públicos y particulares para defraudar las arcas estatales. Así, Emilio José Tapia Aldana –investigado por estos hechos–, precisó sin vacilación alguna que hizo parte de una empresa criminal junto con Samuel e Iván Moreno, Inocencio Meléndez y particulares como Álvaro Dávila Peña y Julio Gómez a través de promesas remuneratorias que se hicieron para pactar comisiones y lograr adjudicaciones de contratos”, precisó la jueza este lunes. (Le sugerimos: "Álvaro Dávila fue el abogado del 'carrusel de la contratación'": Inocencio Meléndez)

La funcionaria citó el testimonio de excongresista German Olano Becerra, quien, además de manifestar la participación del entonces personero y contralor en la recepción de coimas, explicó que el empresario Miguel Nule, en conjunto con Mauricio Galofre, grabó una conversación en su apartamento con la intención de demostrar que había un “grupo de corruptos” en cabeza de Samuel Moreno, Álvaro Dávila, el excontratista Julio Gómez y el excontralor Miguel Ángel Moralesrussi. El abogado Manuel Sánchez Castro, sostuvo la juez, corroboró el actuar ilegal del abogado y otras personas vinculadas el proceso.

De manera consiente y voluntaria, indicó la jueza, Dávila sirvió de puente entre los hermanos Moreno y los hermanos Nule (Manuel y Miguel), a quienes representaba, para lograr la adjudicación de los contratos 071 y 072 de malla vial, y los de interventoría 091 y 093, todos del 2008, “logrando la mediación de terceros premeditadamente dispuestos para tal fin y que contribuyeron a dicho propósito”. Y agregó la funcionaria: “Aflora la relación que Dávila Peña tenía con las empresas adjudicadas y el interés que subyacía para que estas se les favoreciera, para lo cual acudió al andamiaje previamente edificado y omitiendo los preceptos constitucionales y legales que gobiernan la contratación estatal”. (Lea también: Condenan a Miguel Ángel Moralesrussi y Liliana Pardo por carrusel de la contratación)

Previo a la intervención del juzgado, Dávila buscaba aplazar la lectura del fallo porque no estaba con su abogado de confianza. Citó normas, leyes, conceptos internacionales y hasta sus propios derechos que tiene al ser investigado para respaldar su petición, pero nada le sirvió. La Fiscalía le pidió que dejara de dilatar más el proceso y la jueza, finalmente, continuó con la audiencia que lo condenó. La fecha en la que se establecerá la cuantía de la pena quedó para el próximo 26 de julio a las 9 de la mañana.

Para el Juzgado Primero Penal del Circuito de Bogotá, Álvaro Dávila Peña es responsable de los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos, en relación con el ya conocido escándalo del carrusel de la contratación que saqueó las arcas públicas en Bogotá. Este lunes, 28 de mayo, la jueza emitió sentido de fallo condenatorio en contra del abogado, por lo que tendrá que pagar una condena aún no se ha tasado y que se conocerá el próximo 26 de julio a las 9 de la mañana en los juzgados de Paloquemao.

De acuerdo con el ente investigador, el abogado lesionó la administración pública al tomar funciones de los servidores públicos y no obrar con pulcritud, imparcialidad, transparencia y moralidad en su gestión. Durante su labor de consultor profesional de empresas nacionales e internacionales, agregó la Fiscalía, le habrían permitido interferir en la administración del Gobierno Distrital, entre otras cosas, por su cercanía con el exalcalde Samuel Moreno y el excongresista Iván Moreno. (Le podría interesar: Piden que Álvaro Dávila pague 16 años de prisión por carrusel de contratación)

De acuerdo con la investigación, Dávila Peña estructuró negocios, elaboró contratos de prestación de servicios y pactó comisiones de éxito destinados a los hermanos Moreno Rojas y otros funcionarios. Por esa razón, en sus alegatos conclusión, el fiscal delegdo Jaime Alonso Zetien le pidió a la jueza que lo condenara a la pena máxima de 16 años de prisión, de acuerdo con los delitos por los cuales fue investigado en un proceso penal que duró más de seis años. Petición que tendrá que evaluar la jueza. 

“Con abundante recaudo probatorio, acreditó la Fiscalía que el señor Álvaro Dávila Peña se asoció con funcionarios públicos y particulares para defraudar las arcas estatales. Así, Emilio José Tapia Aldana –investigado por estos hechos–, precisó sin vacilación alguna que hizo parte de una empresa criminal junto con Samuel e Iván Moreno, Inocencio Meléndez y particulares como Álvaro Dávila Peña y Julio Gómez a través de promesas remuneratorias que se hicieron para pactar comisiones y lograr adjudicaciones de contratos”, precisó la jueza este lunes. (Le sugerimos: "Álvaro Dávila fue el abogado del 'carrusel de la contratación'": Inocencio Meléndez)

La funcionaria citó el testimonio de excongresista German Olano Becerra, quien, además de manifestar la participación del entonces personero y contralor en la recepción de coimas, explicó que el empresario Miguel Nule, en conjunto con Mauricio Galofre, grabó una conversación en su apartamento con la intención de demostrar que había un “grupo de corruptos” en cabeza de Samuel Moreno, Álvaro Dávila, el excontratista Julio Gómez y el excontralor Miguel Ángel Moralesrussi. El abogado Manuel Sánchez Castro, sostuvo la juez, corroboró el actuar ilegal del abogado y otras personas vinculadas el proceso.

De manera consiente y voluntaria, indicó la jueza, Dávila sirvió de puente entre los hermanos Moreno y los hermanos Nule (Manuel y Miguel), a quienes representaba, para lograr la adjudicación de los contratos 071 y 072 de malla vial, y los de interventoría 091 y 093, todos del 2008, “logrando la mediación de terceros premeditadamente dispuestos para tal fin y que contribuyeron a dicho propósito”. Y agregó la funcionaria: “Aflora la relación que Dávila Peña tenía con las empresas adjudicadas y el interés que subyacía para que estas se les favoreciera, para lo cual acudió al andamiaje previamente edificado y omitiendo los preceptos constitucionales y legales que gobiernan la contratación estatal”. (Lea también: Condenan a Miguel Ángel Moralesrussi y Liliana Pardo por carrusel de la contratación)

Previo a la intervención del juzgado, Dávila buscaba aplazar la lectura del fallo porque no estaba con su abogado de confianza. Citó normas, leyes, conceptos internacionales y hasta sus propios derechos que tiene al ser investigado para respaldar su petición, pero nada le sirvió. La Fiscalía le pidió que dejara de dilatar más el proceso y la jueza, finalmente, continuó con la audiencia que lo condenó. La fecha en la que se establecerá la cuantía de la pena quedó para el próximo 26 de julio a las 9 de la mañana.