Pocas horas después de recuperar su libertad El exsubdirector técnico del IDU, Inocencio Meléndez Julio aseguró que continuará colaborando con las autoridades judiciales en las investigaciones que se adelantan contra un grupo de funcionarios públicos por su presunta participación y responsabilidad en el denominado escándalo del ‘carrusel de la contratación’.
Pese a que ha recibido amenazas en su contra y la integridad de sus familiares por las declaraciones que ha hecho, asegura que tiene un “compromiso” para que se aclare el que es considerado el mayor escándalo de corrupción administrativa en Bogotá.
Meléndez Julio aseguró que existen muchas personas que deben responder todavía por las irregularidades que rodearon la celebración de contratos viales en la capital de la República durante la administración de Samuel Moreno, hecho por el cual seguirá respondiendo a los llamados de la Fiscalía para declarar en estos casos.
“Le digo a la doctora Liliana Pardo que no está bien que esté huyendo de la administración de justicia. Yo fui un funcionario de tercer nivel y aquí estoy dando la cara. Ella tenía el compromiso como directora del IDU la responsabilidad, y su estrategia fue echarme la culpa. Yo respondí y ella se fue”, indicó.
Aseguró que la exdirectora del Instituto de Desarrollo Urbano tenía un compromiso con la ciudad. “En estos momentos los funcionarios del IDU están pagando escondederos de peso”, indicó Meléndez quien se catalogó como una “víctima” del entramado que se diseñó desde adentró para desfalcar las finanzas de Bogotá.
El exfuncionario aseguró que reconoció su responsabilidad penal dentro de este caso, pero no va a soportar que lo juzguen por los actos cometidos por las directivas del Instituto. “Esto ha causado muchas molestias y ahí empezaron las amenazas en mi contra”.
El exsubdirector técnico del IDU rendirá declaración en los próximos días dentro del juicio que se adelanta contra el abogado Álvaro Dávila Peña, exasesor jurídico del Grupo Nule y señalado por las autoridades de ser el “cerebro” dentro de la modificación del pliego de cargos para favorecer a unos contratistas en el proceso licitatorio adelantado por el IDU.
“Tengo mi deber de decirle al juez que Álvaro Dávila era el abogado del ‘carrusel de la contratación’”, precisó Meléndez quien le solicitó a la Fiscalía General que salvaguarde su integridad personal otorgándole un esquema de protección y seguridad.
Por Redacción Judicial
