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El excanciller Álvaro Leyva fue sancionado por la Procuraduría por 10 años sin ejercer cargos públicos, tras declarar desierta la licitación de pasaportes de 2023, que, de no ser por su intervención a última hora, hubiese quedado en manos de la firma Thomas Greg & Sons. El político apeló la decisión, por lo cual el ente disciplinario debe juzgarlo en segunda instancia, en un trabajo que tiene que hacer en exclusiva la procuradora Margarita Cabello. No obstante, Leyva la recusó y busca sacarla del proceso.
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A través de un documento de 19 páginas, dirigido a la procuradora Cabello, el excanciller Álvaro Leyva solicitó formalmente apartar del proceso a la jefa del ente disciplinario. Entre las causales invocadas, las cuales deben ser resultas en los próximos días, está el “tener interés directo en la actuación disciplinaria” y haber “manifestado su opinión sobre el asunto materia de la actuación”.
Entre las circunstancias en las que se habría materializado el interés directo de Cabello en el expediente, según Leyva, está una rueda de prensa del 27 de diciembre de 2023. Ante los medios de comunicación, la jefa saliente de la Procuraduría informó a Colombia que para enero de este año habría “resultados” en el proceso disciplinario contra Leyva.
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Estas fueron sus palabras: “El proceso disciplinario que se inició a raíz de la declaratoria desierta del recurso va avanzando mucho, ya hemos recogido casi todas las pruebas y, de acuerdo con lo informado por el funcionario competente de la Procuraduría, antes de finalizar enero tendremos resultados. Y resultados ya con un proceso, con una recopilación probatoria suficiente para tomar decisiones”.
Para Leyva, tales declaraciones solo significan una cosa: “¡A buen entendedor, pocas palabras! Esa declaración no era más que el anuncio de las sanciones que tomaría la Procuraduría en mi contra (...) De otra parte, la expresión ‘resultados ya con un proceso, con una recopilación probatoria suficiente para tomar decisiones’, indica que lo único que faltaba para la materialización de la decisión tomada al interior de la Procuraduría eran las pruebas”.
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De acuerdo con la decisión de primera instancia, Leyva no cumplió con sus funciones como Canciller y puso en riesgo la posibilidad de los colombianos a acceder al servicio de pasaportes, cuando tumbó la licitación de 2023. Para la Procuraduría, Álvaro Leyva no cumplió con una justificación válida para terminar el contrato de pasaportes, sobre todo cuando el mismo comité evaluador de la Cancillería, un equipo técnico especializado, dio vía libre al proceso licitatorio.
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