Álvaro Leyva y Piedad Córdoba fueron interceptados ilegalmente
En noviembre de 2019, el entonces fiscal general (e), Fabio Espitia, confirmó que el teléfono del facilitador de paz fue interceptado desde la plataforma Esperanza del ente investigativo, al igual que el de la exsenadora liberal. Documento de la Fiscalía dice que los motivos para escuchar conversaciones de Leyva Durán eran “espurios” y la interceptación la hizo la Dijín de la Policía, manifestó la vicefiscal Martha Mancera.
El exmnistro Álvaro Leyva Durán, un hombre que fue esencial para sentar en la misma mesa de diálogos de paz a los delegados del gobierno Santos y a representantes de las Farc, fue interceptado ilegalmente en 2013. Así lo confirmó la propia Fiscalía al contestarle un derecho de petición a Leyva, luego de que el fiscal general (e) de la época, Fabio Espitia, expresara en noviembre pasado que el teléfono de Leyva aparecía entre los números interceptados desde la plataforma Esperanza de la Fiscalía. “Voy a revisar la legalidad de esa interceptación”, dijo entonces Espitia.
De acuerdo con la información, revelada por Semana, Leyva fue interceptado irregularmente del 19 de febrero al 11 de junio de 2013. “En el marco de la referida investigación, es claro para este delegado fiscal, que tanto los motivos fundados que sirvieron de soporte a la referida interceptación de comunicaciones, como el procedimiento realizado (...) son espurios, en la medida en que no solamente la información de fuente humana anónima es falsa, sino que, además, se prescindieron de los controles que exigían los protocolos de interceptación para la época”, dice el documento divulgado.
Y no solo Leyva Durán fue víctima. Fuentes de la Fiscalía le acaban de confirmar a El Espectador que la exsenadora liberal Piedad Córdoba también fue “chuzada”, interceptación que, al igual que en el caso de Álvaro Leyva, el exfiscal (e) Espitia dijo el año pasado que se revisaría. En su momento, Espitia manfiestó que el teléfono de Córdoba fue interceptado en 2019. Asimismo, ya se descartó que Iván Cepeda, senador del Polo Democrático; el exjefe negociador del gobierno Santos, Humberto de la Calle; y los abogados de las Farc, Diego Martínez y Enrique Santiago hubieran sido interceptados ilegalmente, aseguraron las fuentes del ente investigativo.
“Yo ya sabía, el abogado Eduardo Carreño, del Colectivo de Abogados (José Alvear Restrepo) ya está en el tema. (Antes) ya me había declarado víctima de Estado a raíz de las interceptaciones y condenaron al Estado a indemnizarme”, le dijo la exsenadora a este diario, en relación con un fallo que emitió el año pasado el Juzgado 38 Administrativo de Bogotá por las interceptaciones ilegales de las que fue víctima la entonces congresista desde el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). El juzgado, de paso, ordenó que el Estado haga un acto público de perdón en favor de la exsenadora.
“Me han hecho la vida imposible, me quisieran desaparecer de la tierra, lo más grave es que siguen igual. Ha sido una cosa desesperante. Me mantienen el teléfono interceptado, tanto así que el año pasado pregunté en la Fiscalía si tenía investigaciones o algo por el estilo, me contestaron que por terrorismo por el tema de las Farc, pero nunca me han llamado, me imagino que porque no han encontrado nada. Me retiré totalmente del tema de las Farc, yo no quiero saber nada más de ellos”, le dijo la excongresista a El Espectador.
Este diario supo que la investigación a través de la cual Leyva fue interceptado ilegalmente estaba en manos de un despacho de la Unidad Antinarcóticos y de Interdicción Marítima (Unaim). Leyva se encuentra en Madrid, y desde allí, vía telefónica, le dijo a este diario que él ya fue reconocido como víctima en el proceso y que no ha hablado con el fiscal general Francisco Barbosa sobre el asunto aún. Aseguró que mañana sábado hablaría sobre este asunto, mientras la vicefiscal Martha Mancera se alista para dar declaraciones al respecto. (El hombre tras el Acuerdo Especial)
El Espectador contactó también a Jorge Perdomo, vicefiscal general para la época en que fue interceptado ilegalmente, pues en esa época la administración de Eduardo Montealegre estaba a cargo del organismo investigativo. “Acabo de salir de una reunión y vi una información, apenas estamos mirando. Lo que sí debo decir de entrada es que esa no era una función del vicefiscal, ni el fiscal, no tenemos nada que ver con las interceptaciones”, aseguró el alto exfuncionario. “Se me hace un poco absurdo porque nosotros fuimos amigos de la paz, estuvimos con Álvaro en lo relacionado con el proceso de paz”, agregó.
La Fiscalía a cargo de Espitia comenzó a revisar por qué Leyva y Córdoba resultaron interceptados luego de que, el 28 de noviembre del año pasado, la periodista María Jimena Duzán de Semana revelara el documento que Luis Carlos Gómez Góngora le entregó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el que aseguró que ambos fueron “chuzados” desde la plataforma Esperanza de la Fiscalía. Gómez Góngora fue condenado a ocho años de prisión tras confirmarse que ayudó a que se hicieran interceptaciones ilegales desde la Sala Diamante de la Fiscalía, de la cual él era coordinador.
La interceptación se hizo desde la Dijín
La vicefiscal general, Martha Mancera, dio una rueda de prensa esta tarde para dar a conocer más detalles del caso de Leyva Durán. Aseguró que la Fiscalía le informó al exministro que fue reconocido como víctima dentro del caso que adelanta un fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, por las denominadas “chuzadas”. La alta funcionaria explicó que “el motivo fundado” (es decir, la justificación legal para interceptar a alguien) se presentó con base en una fuente anónima que resultó falsa y que “a los resultados obtenidos en las investigaciones no se les impartió legalidad por parte de un juez de control de legalidad”.
Luego, en diálogo con El Espectador, Mancera agregó que la investigación dentro de la cual Leyva Durán fue interceptado ilegalmente tenía que ver con narcotráfico trasnacional en la extinta Unaim (Unidad Nacional Antinarcóticos y de Interdicción Marítima). Y que quienes hicieron la interceptación fueron policías de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía.
Sobre la interceptación ilegal del teléfono de Piedad Córdoba dijo a este diario: “Todavía estamos en el rastreo, estamos trabajando dentro del caso”.
El exfiscal Néstor Humberto Martínez, a quien el año pasado Gómez Góngora señaló ante la JEP de haber promovido supuestas interceptaciones ilegales contra los negociadores de paz, manifestó quelas fechas de las interceptaciones al exministro Leyva (de febrero a junio de 2013), el fiscal general de la nación era Eduardo Montealegre. Por eso solicitó: “(Que) se difunda ampliamente que, este nuevo hecho evidencia que mi nombre no está vinculado a tan repudiables prácticas”.
Con esta solicitud, Martínez le salió al paso a las recientes acusaciones de Montealegre, quien justo esta semana se despachó en su contra: “Muchos de los que ahora se rasgan las vestiduras en nombre de la ética, callaron ante la escandalosa corrupción en tiempos de Martínez Neira porque guardaron silencio ante el abogado de la banca (...) A ese oscurantismo nos quiso conducir un opaco y gris burócrata, arribista de profesión, derribado del cargo de fiscal general por sus mentiras que se atrevió a formular una impresentable tesis. Las garantías son una alambrada de impunidad”, expresó.
El exmnistro Álvaro Leyva Durán, un hombre que fue esencial para sentar en la misma mesa de diálogos de paz a los delegados del gobierno Santos y a representantes de las Farc, fue interceptado ilegalmente en 2013. Así lo confirmó la propia Fiscalía al contestarle un derecho de petición a Leyva, luego de que el fiscal general (e) de la época, Fabio Espitia, expresara en noviembre pasado que el teléfono de Leyva aparecía entre los números interceptados desde la plataforma Esperanza de la Fiscalía. “Voy a revisar la legalidad de esa interceptación”, dijo entonces Espitia.
De acuerdo con la información, revelada por Semana, Leyva fue interceptado irregularmente del 19 de febrero al 11 de junio de 2013. “En el marco de la referida investigación, es claro para este delegado fiscal, que tanto los motivos fundados que sirvieron de soporte a la referida interceptación de comunicaciones, como el procedimiento realizado (...) son espurios, en la medida en que no solamente la información de fuente humana anónima es falsa, sino que, además, se prescindieron de los controles que exigían los protocolos de interceptación para la época”, dice el documento divulgado.
Y no solo Leyva Durán fue víctima. Fuentes de la Fiscalía le acaban de confirmar a El Espectador que la exsenadora liberal Piedad Córdoba también fue “chuzada”, interceptación que, al igual que en el caso de Álvaro Leyva, el exfiscal (e) Espitia dijo el año pasado que se revisaría. En su momento, Espitia manfiestó que el teléfono de Córdoba fue interceptado en 2019. Asimismo, ya se descartó que Iván Cepeda, senador del Polo Democrático; el exjefe negociador del gobierno Santos, Humberto de la Calle; y los abogados de las Farc, Diego Martínez y Enrique Santiago hubieran sido interceptados ilegalmente, aseguraron las fuentes del ente investigativo.
“Yo ya sabía, el abogado Eduardo Carreño, del Colectivo de Abogados (José Alvear Restrepo) ya está en el tema. (Antes) ya me había declarado víctima de Estado a raíz de las interceptaciones y condenaron al Estado a indemnizarme”, le dijo la exsenadora a este diario, en relación con un fallo que emitió el año pasado el Juzgado 38 Administrativo de Bogotá por las interceptaciones ilegales de las que fue víctima la entonces congresista desde el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). El juzgado, de paso, ordenó que el Estado haga un acto público de perdón en favor de la exsenadora.
“Me han hecho la vida imposible, me quisieran desaparecer de la tierra, lo más grave es que siguen igual. Ha sido una cosa desesperante. Me mantienen el teléfono interceptado, tanto así que el año pasado pregunté en la Fiscalía si tenía investigaciones o algo por el estilo, me contestaron que por terrorismo por el tema de las Farc, pero nunca me han llamado, me imagino que porque no han encontrado nada. Me retiré totalmente del tema de las Farc, yo no quiero saber nada más de ellos”, le dijo la excongresista a El Espectador.
Este diario supo que la investigación a través de la cual Leyva fue interceptado ilegalmente estaba en manos de un despacho de la Unidad Antinarcóticos y de Interdicción Marítima (Unaim). Leyva se encuentra en Madrid, y desde allí, vía telefónica, le dijo a este diario que él ya fue reconocido como víctima en el proceso y que no ha hablado con el fiscal general Francisco Barbosa sobre el asunto aún. Aseguró que mañana sábado hablaría sobre este asunto, mientras la vicefiscal Martha Mancera se alista para dar declaraciones al respecto. (El hombre tras el Acuerdo Especial)
El Espectador contactó también a Jorge Perdomo, vicefiscal general para la época en que fue interceptado ilegalmente, pues en esa época la administración de Eduardo Montealegre estaba a cargo del organismo investigativo. “Acabo de salir de una reunión y vi una información, apenas estamos mirando. Lo que sí debo decir de entrada es que esa no era una función del vicefiscal, ni el fiscal, no tenemos nada que ver con las interceptaciones”, aseguró el alto exfuncionario. “Se me hace un poco absurdo porque nosotros fuimos amigos de la paz, estuvimos con Álvaro en lo relacionado con el proceso de paz”, agregó.
La Fiscalía a cargo de Espitia comenzó a revisar por qué Leyva y Córdoba resultaron interceptados luego de que, el 28 de noviembre del año pasado, la periodista María Jimena Duzán de Semana revelara el documento que Luis Carlos Gómez Góngora le entregó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el que aseguró que ambos fueron “chuzados” desde la plataforma Esperanza de la Fiscalía. Gómez Góngora fue condenado a ocho años de prisión tras confirmarse que ayudó a que se hicieran interceptaciones ilegales desde la Sala Diamante de la Fiscalía, de la cual él era coordinador.
La interceptación se hizo desde la Dijín
La vicefiscal general, Martha Mancera, dio una rueda de prensa esta tarde para dar a conocer más detalles del caso de Leyva Durán. Aseguró que la Fiscalía le informó al exministro que fue reconocido como víctima dentro del caso que adelanta un fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, por las denominadas “chuzadas”. La alta funcionaria explicó que “el motivo fundado” (es decir, la justificación legal para interceptar a alguien) se presentó con base en una fuente anónima que resultó falsa y que “a los resultados obtenidos en las investigaciones no se les impartió legalidad por parte de un juez de control de legalidad”.
Luego, en diálogo con El Espectador, Mancera agregó que la investigación dentro de la cual Leyva Durán fue interceptado ilegalmente tenía que ver con narcotráfico trasnacional en la extinta Unaim (Unidad Nacional Antinarcóticos y de Interdicción Marítima). Y que quienes hicieron la interceptación fueron policías de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía.
Sobre la interceptación ilegal del teléfono de Piedad Córdoba dijo a este diario: “Todavía estamos en el rastreo, estamos trabajando dentro del caso”.
El exfiscal Néstor Humberto Martínez, a quien el año pasado Gómez Góngora señaló ante la JEP de haber promovido supuestas interceptaciones ilegales contra los negociadores de paz, manifestó quelas fechas de las interceptaciones al exministro Leyva (de febrero a junio de 2013), el fiscal general de la nación era Eduardo Montealegre. Por eso solicitó: “(Que) se difunda ampliamente que, este nuevo hecho evidencia que mi nombre no está vinculado a tan repudiables prácticas”.
Con esta solicitud, Martínez le salió al paso a las recientes acusaciones de Montealegre, quien justo esta semana se despachó en su contra: “Muchos de los que ahora se rasgan las vestiduras en nombre de la ética, callaron ante la escandalosa corrupción en tiempos de Martínez Neira porque guardaron silencio ante el abogado de la banca (...) A ese oscurantismo nos quiso conducir un opaco y gris burócrata, arribista de profesión, derribado del cargo de fiscal general por sus mentiras que se atrevió a formular una impresentable tesis. Las garantías son una alambrada de impunidad”, expresó.