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4 Nov 2020 - 11:00 a. m.

Amnistía Internacional y Médicos sin Fronteras piden a la Corte despenalizar el aborto

En intervenciones enviadas a la Corte Constitucional, las organizaciones aseguran que el aborto no debe estar regulado penalmente y expusieron las barreras a las que deben enfrentarse las mujeres para poder practicarse una interrupción voluntaria de embarazo en las causales que hoy son legales.
Despenalización del aborto en Bogotá
Despenalización del aborto en Bogotá
Gustavo Torrijos
Despenalización del aborto en Bogotá
Despenalización del aborto en Bogotá
Foto: Gustavo Torrijos

“La regulación del aborto debe realizarse por fuera del derecho penal. La penalización del aborto está basada en estereotipos nocivos de género que los Estados deben contrarrestar. Los Estados están obligados a despenalizar totalmente el aborto, pues de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, la penalización total y parcial constituyen injerencias arbitrarias y desproporcionadas en el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, niñas y personas que pueden quedar embarazadas”. De esta manera, Amnistía Internacional le solicitó a la Corte Constitucional acoger las pretensiones de la demanda que presentó el movimiento Causa Justa buscando que en Colombia el aborto sea legal, seguro y libre.

La directora de la Oficina Regional para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, envió un escrito de 25 páginas al despacho del magistrado Antonio José Lizarazo quien tiene a cargo el estudio de la demanda que pretende eliminar el delito de aborto que hoy existe, pues la interrupción voluntaria del embarazo es legal solo en tres causales. Según su exposición, el aborto debe ser incluido como parte integral de la regulación de los servicios de salud sexual y reproductiva “para que su regulación sea compatible con los estándares de derechos humanos a la vida, a la autonomía, a la libertad y seguridad, a la integridad personal, a la igualdad y no discriminación, a la salud, y a estar libre de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes”.

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“Las regulaciones o normativas relacionadas con el aborto deben ser compatibles con los derechos humanos; es decir, no pueden estar diseñadas de modo tal que busquen limitar, disuadir o demorar el acceso a este servicio de salud en condiciones seguras. Igualmente, de considerarse la inclusión de límites gestacionales en la regulación, éstos deben superar un escrutinio de compatibilidad con los derechos humanos, teniendo en cuenta las barreras ya existentes para el acceso al mismo cuando está despenalizado parcialmente, y la necesidad de garantizar servicios integrales durante todo el embarazo y sin discriminación”, añadió Guevara Rosas.

A esta petición se sumó la organización Médicos Sin Fronteras que hace acciones médicas y humanitarias y asiste a personas amenazadas por el conflicto armado, la violencia y que no tiene acceso a atención en salid en el territorio. Según expuso a la Corte Constitucional Alejandro Arantegui, Coordinador Médico para la organización en Colombia, han logrado identificar que parte de la ayuda que las mujeres buscan tiene que ver con embarazos no deseados y las afectaciones que esto genera en su salud mental. Así, como barreras sociales y del sector salud a las que se tuvieron que enfrentar mujeres antes de buscar apoyo en ese organismo se encontraron: el estigma y la falta de apoyo familiar, desconocimiento de los marcos legales y falta de recursos económicos.

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A esto se suma, el desconocimiento o tergiversación del marco legal de parte de prestadores de salud, falta de confidencialidad, estigma, maltrato o que el personal objeta conciencia para no practicar el aborto. Tras recoger información de 428 mujeres, Médicos sin Fronteras señaló que a las barreras las atraviesan factores como creencias culturales y religiosas. De esas mujeres, el 47 % pensaba que el aborto estaba penalizado y no sabían que podían acceder a este de manera segura y el 5 % recibió rechazo de su entorno cercano. Además, a un 27 % se le negó por parte de prestadores de salud el servicio.

“El maltrato sufrido por mujeres y niñas fue una de las situaciones más evidenciadas y se manifestó de múltiples formas: prolongados tiempos de espera al darse prioridad a otras pacientes, ingreso de un mínimo de 12 horas, independientemente de su edad gestacional (lo que las expone a comentarios desagradables y atenta contra su intimidad), desatención, indiferencia e, incluso, negación de analgesia o dilatación en la atención médica al exigirse a las pacientes pruebas innecesarias”, señaló la organización.

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En el documento enviado a la Corte, MSF expuso que en zonas apartadas todo el personal médico o casi todo objetaba conciencia y se negaban incluso a atender complicaciones post-aborto, o a dar información sobre el derecho que tienen las mujeres a practicarse el servicio hoy en las tres causales legales. “Con base en nuestra experiencia hemos podido constatar que cuando una mujer o niña está decidida a terminar su embarazo, generalmente lo hará independientemente de la seguridad y legalidad del procesamiento. Si no dispone de servicios de aborto seguro, es probable que arriesgue su vida”, agregó la organización.

Médicos Sin Fronteras expuso que del 53 % de solicitudes de aborto que recibieron fueron en Buenaventura, el 38% en Tumaco y el 8 % restante en zonas apartadas de Arauca, Chocó y Norte de Santander. “La edad de las solicitantes iba de los 12 a los 46 años, de los cuales el 83 % eran menores de 30 años y el 34 % eran niñas y adolescentes de entre los 12 y los 19 años (…) Hasta un 3 % de las mujeres que acudieron a MSF para solicitar una IVE reconocieron haber intentado un método alternativo no seguro antes de llegar a nuestro servicio, como la ingestión de hierbas, automedicación e incluso la introducción de objetos o los golpes”.

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Hasta el momento, a la Corte Constitucional han llegado varias peticiones similares de organizaciones internacionales como el Grupo de Información en Reproducción Elegida, una organización feminista de la sociedad civil mexicana dedicada a la promoción y defensa de los derechos reproductivos de las mujeres, niñas y adolescentes. O la Federación Internacional de Planificación Familiar con sede en Londres. A estas se suman peticiones elevadas por separado por los congresistas Mauricio Toro y María José Pizarro. Toro, por ejemplo, indicó que la penalización del aborto va en contravía de mandatos establecidos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

“La Corte Constitucional no solamente debe tener en cuenta la prevalencia y la importancia de los derechos fundamentales que se ven involucrados con la penalización del aborto sino también los pronunciamientos de la jurisprudencia internacional respecto a este tema, que es claro en manifestar que debe mantenerse una postura progresiva y el derecho superior de la mujer de decidir sobre su vida y su cuerpo”, dijo. Pizarro, por su parte, indicó que la penalización del aborto antecede a la violación de varios derechos humanos pues cuando no se puede acceder a este, las mujeres son discriminadas.

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“El aborto inseguro o con prácticas inadecuadas es una de las principales causas de morbilidad, discapacidad y mortalidad materna en el mundo y a la vez, es la causa con una mayor posibilidad de ser intervenida, si los servicios de anticoncepción moderna, de prevención y detección de las violencias de género y la prevención de embarazos no planeados o no deseados, estuviesen disponibles en los lugares donde las mujeres viven y transcurre su cotidianeidad”, indicó.

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