25 Dec 2021 - 8:06 p. m.

Análisis: entre la paz y la inseguridad en los municipios PDET

Ha disminuido la situación de seguridad y la percepción de la misma por parte de los habitantes de las regiones en las que se desarrollan los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Esa es la conclusión a la que llegó un reciente informe de la las Naciones Unidas y la Universidad de los Andes en cuanto a estos proyectos nacidos del Acuerdo de Paz con las Farc. Detalles de la publicación.

Adelaida Boada y Michael Weintraub*

Puerto Leguízamo, uno de los nueve municipios PDET en Putumayo, donde persiste la violencia. / Gustavo Torrijos
Puerto Leguízamo, uno de los nueve municipios PDET en Putumayo, donde persiste la violencia. / Gustavo Torrijos
Foto: GUSTAVO TORRIJOS

En el informe “Escuchar la paz: Dimensiones y variaciones en la implementación del Acuerdo Final” publicado recientemente por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Universidad de los Andes, entre otros socios, se reflejan los resultados de una encuesta representativa en cada subregión de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que son una serie de municipios priorizados para la implementación del Acuerdo de Paz. Las fortalezas de esta encuesta son múltiples e incluyen su tamaño y el hecho de que logramos recontactar muchas de las mismas personas en 2021, después de haberlas entrevistado por primera vez en 2019. Aunque hay noticias positivas, los resultados muestran un panorama desalentador en términos de seguridad.

En fotos: Así son las obras PDET para construir paz en el Catatumbo

Después de la firma del Acuerdo de Paz en 2016, han surgido disputas entre grupos armados por el control de municipios abandonados por las FARC. Los más afectados históricamente han sido los municipios PDET: la tasa promedio de homicidios en estos municipios se sigue manteniendo muy alta, casi el doble en comparación con la tasa promedio en municipios no PDET. Más preocupante aún es el aumento en las masacres y los asesinatos de líderes sociales en estos municipios.

La realidad que se observa en las cifras sobre hechos delictivos también se refleja en las percepciones de seguridad de los individuos encuestados. El porcentaje que dice que la situación de seguridad o es “buena” o “muy buena” baja de 17,5% en 2019 al 10,4% en 2021. Una minoría muy pequeña, el 6%, reporta una mejoría en las condiciones de seguridad entre 2019 y 2021. Vemos deterioros importantes en regiones de alta confrontación armada, por ejemplo en Urabá Antioqueña, El Catatumbo y Alto Patía (Norte de Cauca).

¿Cuáles son los factores que erosionan las percepciones de seguridad? La presencia de grupos armados y de bandas criminales es un importante factor. La presencia de bandas criminales reportada por los encuestados, por ejemplo, disminuye en un 8,9% su percepción de seguridad y la presencia del ELN la disminuye en un 6%. Las percepciones de seguridad también se ven permeadas por la relación que tiene la comunidad con el Estado. Por ejemplo, en municipios donde los encuestados reportan mayor inversión del Estado en obras públicas, hay una mejor percepción de seguridad. (Es difícil concluir si es una relación causal, dado que las inversiones en obras públicas podrían ocurrir donde las percepciones ya son más positivas). Parece que una relación más cercana entre el Estado y las comunidades también puede crear un círculo virtuoso: aquellas personas que sienten que la situación de seguridad ha mejorado tienen a su vez más confianza en la fuerza pública.

Los PDET: una apuesta de país que no tiene reversa

Vemos la importante influencia de los grupos armados en los municipios PDET: entre el 2019 y 2021 hay un incremento en el porcentaje de personas que manifiestan un mayor control de las disidencias de las FARC. Casi el 22% del total de los encuestados en 2021 reportan que las disidencias de las FARC “mandaban” en su comunidad en los últimos 12 meses, 7 puntos porcentuales más alto comparado con las respuestas en 2019. Este crecimiento fue más grande en unos cuantos PDETs, como Arauca, Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño, El Catatumbo, Sur de Bolívar, Sur de Tolima, Chocó, Macarena – Guaviare, Pacífico y Frontera Nariñense, y Urabá Antioqueño.

La encuesta preguntaba si “¿El conflicto armado puede volver a su comunidad en el futuro?” y los encuestados responden con tres opciones: sí, no, o el conflicto armado persiste aquí. En 2019, el 53,1% de los encuestados respondían que sí estaban preocupados sobre el posible regreso del conflicto armado a sus comunidades; el 27,7% reportaba que no pensaba que el conflicto armado se iba a volver a su comunidad; y el 19,2% decía que el conflicto armado persiste donde vive. El panorama cambió drásticamente en 2021, dado que el porcentaje que reporta persistencia del conflicto armado sube de forma contundente, llegando a 38,5% (una diferencia del 19,3% puntos porcentuales en comparación con 2019).

Para mejorar la seguridad en los municipios PDET necesitamos contar con datos sobre las problemáticas a un nivel micro. La encuesta descrita aquí nos ofrece esa posibilidad. Los esfuerzos del Estado en este momento no son suficientes ni para mejorar índices de seguridad en los municipios históricamente afectados por la violencia, ni para mejorar las percepciones de los habitantes de los municipios PDETs. Las personas cuyas voces se ven reflejadas en esta encuesta tienen que navegar entre la gobernanza criminal y una autoridad intermitente y a veces demasiado lenta del Estado colombiano. Después de haber sufrido las consecuencias directas del conflicto armado, los habitantes en estas zonas merecen vivir sin miedo más de cinco años después de la firma del Acuerdo de Paz.

Escuela de Gobierno y el CESED, Universidad de los Andes*

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