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Uno de los problemas que más compartimos como región desde hace unos años es la crisis carcelaria. La sobrepoblación carcelaria es una de las situaciones más recurrentes en Latinoamérica y el Caribe. Como lo muestra el portal Bloomberg, en casi todos los países de la región hay problemas de sobrepoblación en centros penitenciarios, sobrepoblación que va desde el 362,9% (Haití), hasta el 4,3% (México). Al haber mayor población carcelaria que capacidades de infraestructura, nos encontramos ante un hacinamiento casi que generalizado en toda la región y, como es de esperarse, el hacinamiento lleva a situaciones de corrupción interna en las cárceles y a graves violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. La suma de estas situaciones derivadas de las crisis carcelarias nos puede llevar a la perpetuación de vulneraciones de derechos por parte de los Estados y a la creación de nuevos círculos de criminalidad que cada vez serán más difíciles de controlar.
Según el último informe estadístico del Inpec, en Colombia actualmente hay un 19,7% de sobrepoblación carcelaria, 97.129 personas se encuentran en prisión por 160.671 hechos criminales, de los cuales, el 10,7% son delitos relacionados con sustancias psicoactivas. Sin embargo, seguimos viendo la inefectividad de la guerra contra las drogas, ya que su venta y consumo no cesan. Según el Monitoreo de cultivos ilícitos realizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Undoc) la producción de clorhidrato de cocaína pura en kilogramos por hectárea de hoja se incrementó 1,5% en el 2019 con respecto al año anterior. Además, quienes más son encarcelados no son los grandes narcotraficantes, sino los eslabones encargados del comercio callejero, personas que por su clase social se encuentran más cercanas a este tipo de actividades y que en muchas ocasiones no tienen otra opción para llevar el sustento a sus hogares.
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Este tipo de enfoques de seguridad ciudadana no distan mucho de lo que hoy ocurre en El Salvador, país en el que su presidente, Nayib Bukele, ha logrado mantener por más de 100 días un estado de excepción que le ha permitido encarcelar, en promedio, a 450 personas por día en condiciones nefastas, situación que ha sido denunciada por organizaciones como Human Rights Watch. Como es de esperarse, ante tal dramático aumento de población carcelaria, las cárceles no dan abasto, motivo por el que Bukele ya anunció la construcción de una megacarcel que duplicará la capacidad carcelaria de dicho país. Lo más irónico, es que al anunciarlo equiparó la necesidad de cárceles, con la necesidad de construir hospitales tras la llegada de la pandemia: el acceso al derecho a la salud igualado a una supuesta necesidad del Estado de mantener encerradas a personas en condiciones deplorables.
Lo que ocurre en Colombia y en El Salvador tiene en común que ante una situación descontrolada de crisis carcelarias por enfoques punitivos de seguridad ciudadana, el Estado terminó comportándose como un perpetrador más de violaciones a los derechos humanos. Ante la estrategia de Bukele, surge la pregunta de si construir más cárceles es la solución para la inseguridad y el hacinamiento en prisiones. El ejemplo de Brasil es útil para responder esa pregunta, ya que este es el país con mayor capacidad carcelaria de la región (455.283 personas en 2.608 cárceles), pero a la vez, es el octavo país con mayor sobrepoblación carcelaria con un 78,3%.
Además, tampoco hay una reducción efectiva del crimen en el país. En muchas ocasiones, la criminalidad es manejada desde el interior de los centros carcelarios, como lo es el caso del grupo criminal Primer Comando Capital (PCC) que, según Insight Crime, pasó de tener 3.000 miembros en 2012 a 20.000 en 2018. Esto no solo pasa en Brasil, sino que es cada vez más común, lo cual ha llevado a enfrentamientos entre estos grupos al interior de las cárceles y ha sido, en parte, la razón de algunas de las matanzas que han ocurrido en los últimos años al interior de estas, como sucedió el pasado 9 de mayo en la prisión de Santo Domingo Ecuador en donde murieron 43 personas privadas de la libertad.
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Uno de los casos más preocupantes es el de la cárcel Tocorón de Aragua en Venezuela. Desde esta prisión, es controlado el grupo criminal el Tren de Aragua, grupo que se caracteriza por sus grandes capacidades transnacionales, que van desde el control de las rutas de narcotráfico, hasta el dominio de las rutas de los migrantes que salen de Venezuela hacia Colombia, Chile y Perú. Esta última práctica es especialmente alarmante, debido a que el control criminal desde la cárcel estaría teniendo consecuencias en la agudización de la crisis humanitaria que padecen los migrantes. Así mismo, el Tren de Aragua ha resonado bastante los últimos meses, pues la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, los acusó de ser responsables de algunos desmembramientos humanos que han ocurrido recientemente.
El caso de Tocorón representa uno de los grandes riesgos de los sistemas carcelarios: el riesgo de que estos se vuelvan plataforma para la evolución del crimen organizado. Las cárceles, en vez de ser lugares de resocialización, reparación y justicia, se volvieron escuelas financiadas por el Estado de formación en crimen organizado para personas que vienen de contextos de exclusión social. Además de lo anterior, el Estado termina aportando en la reproducción de estas dinámicas de desigualdad social. Por otro lado, también es muy peligroso que las prisiones se vuelvan escenarios en los que el crimen organizado llegue a convertirse en transnacional y sea cada vez más difícil el control de estas.
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Todo lo anterior nos lleva a la siguiente pregunta: ¿qué debemos hacer con las cárceles? Para responder, es fundamental preguntarnos por la justicia y por lo que entendemos por esta. En muchas ocasiones el imaginario común nos lleva a pensar que la justicia es igual a pagar por algo malo que se ha hecho, un castigo o una consecuencia por algún acto “inmoral o ilegal” condenado por la sociedad. Pero la justicia no debe ser pensada únicamente desde lo individual, sino que debe incluir lo colectivo. Es por esto que los movimientos sociales hablan de justicia social, que se entiende como la necesidad de construir sociedades equitativas para todas las personas.
Por este motivo, y sin querer exculpar la responsabilidad individual, al tener sociedades tan poco justas como las nuestras, en las que la suerte de la cuna donde nos tocó nacer puede ser determinante en lo exitosa que sea nuestra vida o en lo cercano que estemos o no de los círculos del crimen, el resultado que tenemos es que la criminalidad recaerá mayormente sobre los menos suertudos del sistema, como ya lo ha dicho Teresa Caldeira en su libro Ciudad de Muros.
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Mientras nuestros países sigan financiando grandes cárceles y sistemas de seguridad ciudadana que poco han aportado para la justicia social, seguiremos teniendo sistemas carcelarios que reproducen exclusión social. Mientras sigan financiando cárceles por encima del fortalecimiento comunitario, como educación, salud y derechos básicos, seguiremos reproduciendo estos sistemas desiguales y, por lo tanto, injustos. Imaginar un mundo sin cárceles no debería ser una locura, pues lo realmente irracional es tener sistemas carcelarios tan ineficientes que sigan siendo pagados por nuestros gobiernos.
La justicia social es un camino por el que se puede enfrentar la criminalidad, camino que debemos exigir a nuestros gobiernos. Si no transformamos las cárceles en el corto y mediano plazo, el resultado puede ser mucho más nefasto que lo que vemos hoy en día. Esta transformación debe pasar por un largo y arduo proceso de cambio cultural en el que como ciudadanía reconozcamos y exijamos que todos tenemos derechos, que el Estado no debe seguir financiando, a ojo cerrado, sistemas inviables en los que se procure por mantener personas en condiciones deplorables al interior de las prisiones.
*Investigador de Temblores ONG
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