El abogado Luis Bernardo Álzate, quien defiende los intereses de Andrés Fernando Sepúlveda, aseguró que hasta el momento no se ha acorado ningún preacuerdo o un principio de la oportunidad en el marco del proceso que se adelanta contra su cliente por presuntamente realizar una serie de interceptaciones ilegales a funcionarios del Gobierno y miembros de las Farc relacionados con el proceso de paz que se adelanta en La Habana, Cuba.
El jurista, quien se entrevistó en la noche del pasado martes con el ingeniero de sistemas de 32 años, aseguró que esperarán la imputación que haga la Fiscalía General para tomar una decisión sobre si se hacen o no acercamientos con el ente investigador. Aunque reiteró que su cliente sostiene que colaborará con las autoridades para esclarecer estos hechos.
Álzate aseguró además que su cliente ha participado en diferentes campañas políticas tanto en Colombia (Juan Manuel Santos, Álvaro Uribe Vélez y Óscar Iván Zuluaga) como en México (con el presidente electo Enrique Peña Nieto) y en Honduras, así como para campañas en el Congreso de la República.
El abogado se desempeñó como magistrado auxiliar de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en los proceso que se adelantaron contra el exsecretario general de Presidencia, Bernardo Moreno y la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado por las denominadas ‘chuzadas’, así como en el caso contra los exministros Sabas Pretelt de la Vega y Diego Palacio por la ‘yidispolitica’. Desde hace 21 años es conjuez de ese alto tribunal.
Guardó silencio
Fuertemente escoltado por miembros del CTI de la Fiscalía ingresó en la mañana de este miércoles Andrés Fernando Sepúlveda Ardila, señalado por las autoridades de ser el director de la oficina donde presuntamente se hacían interceptaciones ilegales a funcionarios del Gobierno y miembros de las Farc, relacionados con el proceso de paz.
El ahora procesado prefirió guardar silencio y no le dio declaraciones a los medios de comunicación que lo esperaban en el complejo judicial de Paloquemao en el centro de Bogotá. Debido a que las informaciones que se tratarán en la audiencia son de seguridad nacional, la diligencia se realiza a puerta cerrada.
La Fiscalía le imputará cuatro delitos y le solicitará un juez de garantías que cobije al hombre de 32 años con medida de aseguramiento en centro carcelario.
Por Redacción Judicial
