Publicidad
24 Jun 2021 - 2:00 a. m.

ANT falló a favor de particulares en antiguas tierras de Víctor Carranza

La Agencia Nacional de Tierras (ANT) dice que 16.000 hectáreas fueron adjudicadas a personas que eran cercanas al fallecido zar de las esmeraldas en el marco de la ley. Los denunciantes dicen que la entidad no tuvo en cuenta las declaraciones de exmiembros de las autodefensas, que señalan que en esas tierras funcionó una base paramilitar.
David Escobar Moreno

David Escobar Moreno

Periodista Judicial
Panorámica de El Brasil, que fue propiedad del zar de las esmeraldas Víctor Carranza en Puerto Gaitán (Meta). / Gabriel Aponte - El Espectador
Panorámica de El Brasil, que fue propiedad del zar de las esmeraldas Víctor Carranza en Puerto Gaitán (Meta). / Gabriel Aponte - El Espectador
Foto: Gabriel Aponte / El Espectador - Gabriel Aponte

El Brasil es un predio de más de 16.000 hectáreas -casi igual de grande a Barranquilla-, ubicado en Puerto Gaitán (Meta) y que hoy es centro de debate jurídico en la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Ese extenso terreno, que en los años noventa fue del zar de las esmeraldas Víctor Carranza, quien murió en 2013 sin que sus nexos con los grupos paramilitares fueran esclarecidos por la justicia, quedó en manos de gente cercana a él. Un hecho que para la Corporación Jurídica Yira Castro y la Corporación Claretiana Norman Pérez es irregular, ya que su trámite ante el Incora, como antes se llamaba la ANT, no respetó los parámetros legales de adjudicación de tierras baldías.

Le podría interesar: El estancado proceso de una antigua tierra de Víctor Carranza

El Espectador conoció la reciente decisión que tomó la ANT sobre estas tierras que hoy son ocupadas por los grupos empresariales Aliar S. A. de Bucaramanga y Contregal de Medellín, que en sociedad explotan el terreno en cultivos de maíz y soya para la alimentación de cerdos. Además, tienen una planta y sus productos cárnicos se venden bajo la conocida marca La Fazenda. Este diario también conoció el recurso de apelación presentado por los denunciantes del caso, el cual contó con serios retrasos por parte de esta agencia del Gobierno y que el propio Tribunal Superior de Bogotá catalogó en febrero pasado como “inaceptables”. Además, le dio seis meses de plazo para que tomara decisiones de fondo.

Hace unas semanas, la ANT expidió una serie de resoluciones sobre El Brasil, dando cumplimiento a la orden impartida por el tribunal de la capital del país. En los documentos la Agencia señala que los 13 hombres que quedaron con esos terrenos en 1995 cumplían con los requisitos de ley para que le fueran adjudicados los lotes que conforman el extenso predio, como ser mayor de 16 años y acreditar que explotaron el terreno durante más de cinco años. Uno de los puntos que cuestionaron los denunciantes es que los solicitantes de los predios señalaron al Incora que vivían en Bogotá y no eran de Puerto Gaitán. Sin embargo, para la ANT esta situación no es irregular.

“Es cierto que durante la inspección ocular el funcionario del Incora que efectuó la visita pudo evidenciar que el requisito exigido en la normatividad para acceder a la adjudicación del predio, que es la explotación al menos de las 2/3 partes de la superficie del predio, materializado a través de la resolución de adjudicación. Los adjudicatarios ocupaban y explotaban económicamente el predio”, dicen las resoluciones de la ANT. Lo que para los denunciantes les resulta irregular es que ese funcionario del Incora, Heriberto Bustos Soto, fue el encargado de llevar los 13 procesos de adjudicación en un contexto en el que los paramilitares dominaban Puerto Gaitán.

La Agencia, por su parte, señala que el hecho de que el funcionario Bustos Soto fuera el encargado de todas las etapas del trámite de adjudicación de los baldíos no viola ninguna norma y que tampoco se demostró puntualmente qué hechos irregulares hubo en el proceso. Tampoco, según la ANT, demostraron que los 13 hombres no fueran conocidos en el municipio y que, aunque el gigantesco predio ha sido mencionado en investigaciones judiciales como base paramilitar y lugar donde se han encontrado fosas comunes, los adjudicatarios no son mencionados en esos expedientes y no tienen antecedentes penales. Además, ellos tampoco reportaron ser despojados o desplazados de manera forzada.

La apelación

Para los denunciantes, la subdirectora de Acceso a Tierras, Julia Elena Venegas, encargada de expedir las resoluciones sobre El Brasil, no tuvo en cuenta las investigaciones que existen sobre el extenso predio y sus vínculos con el paramilitarismo: “Cómo es posible desconocer de manera arbitraria hechos que sucedieron para 1994, tal como lo relatan los paramilitares ante la misma justicia colombiana, cuando dicen que para ese año El Brasil fue su casa y, más que eso, fue una escuela de entrenamiento y de fosas comunes en las que se enterraban personas, mismo año en el que se hicieron las solicitudes de adjudicaciones y se llevaron a cabo los supuestos estudios por el funcionario Bustos”, dice la Corporación Claretiana.

Y añadieron que “la subdirectora decide no solicitar copia de las declaraciones en Justicia y Paz, pasando por alto lo dicho por José Delfín Villalobos, alias ‘Alfa 1’, exjefe militar de los Carranceros que se cita: ‘Como parte de su estrategia para aumentar la tropa, los Carranceros reclutaron niños, les dieron armas y los pusieron a entrenar. A los que fueron tildados de indisciplinados o que expresaron que querían desertar del grupo fueron asesinados y desaparecidos en esa finca. Asimismo, manifiesta que a una niña de 14 años, a la que le decían ‘La Gomelina’, un desmovilizado contó que la mataron porque los amenazó con denunciarlos. ‘La metimos en una fosa’, dijo el paramilitar”.

También se ha documentado que la finca acogió a los miembros de las Auc que viajaron en julio de 1997 desde el Urabá a perpetrar la masacre de Mapiripán, en donde murieron un número indeterminado de habitantes de ese municipio aledaño a Puerto Gaitán. El jefe paramilitar Salvatore Mancuso señaló a Jesús Pimiento, alias ‘Juancho Diablo’, como uno de los hombres que representaban a Carranza y que participó en la llegada de las Auc a los Llanos. Testimonios como los de Elkin Casarrubia, alias ‘el Cura’ y Dúmar Guerrero, alias ‘Carecuchillo’ (hermano de alias ‘Cuchillo’ y partícipe de la masacre de Mapiripán), dijeron que en El Brasil se interrogaban a las víctimas de un grupo conocido como los Carranceros.

El Brasil no es el único terreno en Puerto Gaitán que esté en medio de una disputa judicial y vinculada a la familia de Carranza. El Porvenir es un predio de 27.000 hectáreas de origen baldío, pero que en el último tiempo fue usado por la empresa La Cristalina, de la cual son dueños los hijos de Carranza. En 2016, la Corte Constitucional reconoció a varias familias que fueron ocupantes de ese territorio desde los años 60 y que hoy no tienen acceso a la tierra. Sin embargo, el proceso, como lo ha contado El Espectador, está en manos de la ANT y también marcha a paso lento. En la apelación del caso El Brasil los denunciantes hicieron mención de El Porvenir como evidencia de las irregularidades en el manejo de baldíos en ese municipio.

Read more!

“Para el caso del predio El Porvenir si fueron de peso suficiente (las pruebas) no solo para continuar con el proceso, sino para revocar los títulos mediante los cuales se les adjudicó a testaferros de Víctor Carranza (...)”, dicen los Claretianos, quienes también insisten en que predios aledaños a El Brasil años después terminaron en manos de un tramitador del fallecido Carranza y que existen nombres en común entre los dos casos. Por ejemplo, Fernandel Alfonso, quien actúa como apoderado en El Porvenir y tramitador de otros asuntos del fallecido zar de la esmeralda; María Blanca Carranza y Yesid Carranza, esposa e hijo del esmeraldero, respectivamente.

Después de que los Carranceros y el bloque Centauros de las Auc expandieron sus acciones criminales y luego este último se desmovilizara en 2005, no mucho cambió en Puerto Gaitán en cuanto a la tenencia de la tierra. Según el portal periodístico Verdad Abierta, en 2007, “los predios fueron englobados por la firma Agualinda, cuya representante legal es María Blanca Carranza, y ese mismo año fueron transferidos a la Agropecuaria Aliar”. Jaime Liévano, cabeza de Aliar (La Fazenda), ha dicho que los contratos de comodato que tienen en El Brasil fueron en el marco de la ley y la “fe pública”. Además, pidió ser considerado como tercero interesado en el trámite de revocatoria de títulos, el cual no ha prosperado hasta ahora.

Síguenos en Google Noticias

 

Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta política.