“Antioquia se caracterizó por una multiplicidad de grupos paramilitares”: Julieta Lemaitre

Por primera vez, siete exmandos medios de las antiguas Farc pedirán perdón a las víctimas de secuestro y sus familiares. Se trata de Jesús Mario Arenas, alias Marcos Urbano; Ovidio Mesa, alias Anderson Carranza; Pedro Baracutao García; Luis Óscar Úsuga, alias Isaías Trujillo; Jhover Sánchez, alias Rubén Cano; Martín Cruz, alias Rubín Morro; y Rodolfo Restrepo, alias Víctor Tirado, exlíderes del Bloque Noroccidental; cuyos rostros fueron los que muchas personas asociaron con el control y conflicto en sus regiones.

Según documentó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en su paso por Antioquia, norte del Chocó, sur de Córdoba, Caldas y Risaralda, este grupo generó el 25% de todos los plagios cometidos por la guerrilla desde su creación, hasta la firma del Acuerdo de Paz en 2016. El Espectador habló con la magistrada de la JEP, Julieta Lemaitre, encargada de esclarecer el Caso 01, que investiga la toma de rehenes, secuestros y otros crímenes cometidos por las antiguas Farc.

En 2021, el Secretariado de las Farc había reconocido los crímenes de guerra imputados por el tribunal del que hace parte Lemaitre, pero ahora el turno de reconocimiento es para “las víctimas regionales, a quienes el Secretariado no les dice nada, a ellos les dice el comandante de la zona”, como señaló la magistrada. Durante años, la togada reconstruyó la línea de poderes de la antigua guerrilla para imputar, hasta ahora, 41 exmandos altos y medios por crímenes de secuestro en este macrocaso.

¿Cómo inició la expansión del Bloque Noroccidental en estas regiones?

Ellos arrancaron en el Urabá, una subregión donde prevalecieron los ejércitos paramilitares en la confrontación armada, así que tuvieron un repliegue hacia la zona del Nudo del Paramillo, que se conecta con el norte antioqueño hacia Ituango y las serranías que se desprenden de allí: Abibe, San Jerónimo y Ayapel.

También conservaron presencia sobre la cordillera Occidental, y tuvieron una presencia muy importante en el oriente antioqueño, donde cometieron muchos secuestros, así como en el Valle de Aburrá. Pero de estas zonas en el transcurso de la guerra hubo un repliegue hacia las zonas más montañosas y de difícil acceso, donde permanecieron hasta el final del Acuerdo de Paz.

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¿Cuáles fueron las particularidades del conflicto en Antioquia?

Antioquia se caracterizó por una multiplicidad de grupos paramilitares. Eso no la he visto en ningún otro lado. En este departamento hubo una guerra mucho más intensa. Una presencia también muy fuerte del Ejército colombiano y, sobre todo, con la política de seguridad democrática hubo enfrentamientos muy duros. Hay partes donde realmente se arrasaron pueblos enteros.

Antioquia es el único lugar del país donde hubo guerra urbana, es decir, guerra con gente disparando edificio a edificio en Medellín. Es muy impresionante, considerando que en el resto del país nunca vivimos la intensidad del conflicto de esa manera.

Frente a la política de secuestro, ¿cómo la implementó el Bloque Noroccidental?

Dependía de lo que ellos llamaban inteligencia financiera. El objetivo era secuestrar a alguien que tuviera los medios para pagar bastante en el rescate. La directiva era hacer la menor cantidad de secuestros para cumplir la cuota del Secretariado, la cual era de dos millones de dólares cada dos años. Luego el bloque la prorrateaba entre los frentes y ellos tenían que ver cómo conseguían la plata.

Lo más eficiente para ellos hubiera sido conseguir ese dinero en uno o dos secuestros, pero en realidad esto no es tan fácil de hacer y entonces lo distribuían en varios. En la medida en que la región es más rica, entonces hay más posibilidad de que un secuestro dé la cantidad necesaria. No todas la regiones de esta parte eran ricas, pero muchas sí lo son, así que terminaban secuestrando a ganaderos, empresarios, o personas que trabajaban en empresas y estas pagaban el rescate.

También es una región del país donde hay muchas fincas de recreo y secuestraban muchas personas en estos lugares y en las vías, como otras partes de Colombia. Eso es una parte de la financiación. Además estaba el gramaje, es decir, que cobraban sobre la coca y otros productos que se cosecharan en la región.

¿Qué han podido documentar hasta ahora sobre el gramaje?

Se le aplicaba a las empresas legales o ilegales. Lo que pasa es que la extorsión es un crimen amnistiable, entonces nosotros no la documentamos a detalle, solo los secuestros. Sabemos que se le cobraba una cuota generalmente al sector productivo al que las Farc tuvieron acceso.

A veces la cuota era según la región y según la modalidad, pero por ejemplo se cobraba por cada cabeza de ganado y por cada bulto. Me acuerdo un compareciente que estuvo en Urabá, que decía que el banano se le pagaba a los paramilitares, y ellos se beneficiaban del plátano.

¿Y frente a la coca y la relación con el narcotráfico?

Inicialmente, ellos le cobraban a los campesinos, pero se les armó una revuelta y no duró mucho. Luego empezaron a cobrarle un porcentaje a los compradores, es decir, a los narcotraficantes, y tenía una ventaja en el sentido de que las Farc también garantizaban su seguridad.

Luego la Fiscalía dice que ingresaron ya directamente al negocio. El Bloque Noroccidental tuvo contacto con Gonzalo Rodríguez Gacha, El Mexicano, que era socio de Pablo Escobar. Después también parece que tienen relación con el cartel de Cali. Pero esto es información superficial porque son delitos amnistiables.

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La JEP recibió información desde la Fiscalía para la construcción de este auto, ¿cuál era el avance hasta antes de que llegara la jurisdicción?

Depende de cómo lo quiera ver uno. Desde mi punto de vista, lo que hizo la Fiscalía fue heroico, porque es muy difícil, y ahora lo hemos vivido en carne propia, enviar un investigador a una zona de conflicto. Enseguida se vuelven objetivo militar y los matan. En el mejor de los casos lo echan.

Hubo dificultades estructurales muy importantes para que la justicia ordinaria documentara lo sucedido. Un hecho muy ilustrativo es la masacre de la Rochela (Santander). La Fiscalía que inició en 1991, conformó un equipo para investigar la masacre de los 19 comerciantes que había sucedido poco antes, y terminaron masacrando al grupo de investigadores.

En algún momento, ya cercano al Acuerdo de Paz, hubo un encuentro entre la inteligencia de la Policía y del Ejército, que sí venían recogiendo información sobre las Farc, porque ellos sí tenían presencia en la zona de conflicto por razones evidentes. La Fiscalía le aplicó un filtro sobre qué tipo de información podría tener valor probatorio y esa nos la pasó.

Resulta que la inteligencia militar por jurisprudencia no tiene valor probatorio como tal, ya que como buena parte sigue siendo secreta, uno no puede llevar a juicio algo cuya raíz es secreto. Entonces la inteligencia militar puede venir de un infiltrado, pero yo no puedo llevar a juicio a un infiltrado; o no sabemos cómo se consiguió, y el Ejército tampoco nos va a decir cómo consiguió esa información porque revelaría su formas de operar.

La Fiscalía también nos pudo brindar información muy específica sobre lo que incautaron en operaciones militares. Los computadores, impresos, panfletos, cartas. El grueso de lo que nos pasó son comunicaciones que fueron incautadas en diferentes operaciones militares legales. Eso también lo tenemos. Otra fuente que tenían era el Ministerio de Defensa, que se usa y que es legítima porque son entrevistas que se les hacían a las personas que se desmovilizaban.

Jesús Mario Arenas, alias Isaías Trujillo, es el único que tenía responsabilidades en la justicia ordinaria por estos hechos. ¿Cuál es su situación actual?

Todos los comparecientes están sometidos a la JEP y están en las mismas circunstancias, con independencia de las imputaciones que hayan tenido en justicia ordinaria, porque ahora quien es competente de todo lo que sucedió antes del 2016 es la JEP. Esto es la misma circunstancia para todos los comparecientes. Tengan o no investigaciones, tengan o no condenas, sean de las Farc o sean del Ejército.

Muy pocos de los que nosotros estamos imputando pasaron alguna vez por la cárcel, así tuvieran condenas, porque en Colombia se puede condenar en ausencia. Entonces hay condenas las cuales suelen ser flojas en términos probatorios porque no hay una defensa que obligue a fortalecer el caso.

¿Esta imputación afectaría al Secretariado?

No, aquí estamos hablando de los mandos regionales. Entonces, tanto las víctimas, como los mandos, estamos en esta serie de imputaciones sobre lo que pasó en las regiones. Es la gente que tiene arraigo en una región y que identificó por años que estos eran los comandantes.

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Pero los miembros del Secretariado han mencionado reiteradamente que no están de acuerdo con la participación de mandos medios o rangos menores de la guerrilla, ¿cómo este auto impacta en esas tensiones?

Ahí ellos no tienen que estar de acuerdo, eso ya no les compete. Esto es decisión de la JEP, y para tener realmente un impacto en la región hemos decidido llevar a los comandantes que para las regiones eran las Farc. Vienen ahora las víctimas regionales, a quienes el Secretariado no les dice nada, a ellos les dice el comandante de la zona.

Hemos imputado hasta ahora 41 mandos en total, y siete son del Secretariado. Vamos como a mitad de camino, y tampoco se está involucrando a todo el mundo. Mis colegas que están haciendo focos regionales a veces tienen más imputados, pero es también por el reclamo de las víctimas, porque son regiones muy azotadas por el conflicto, como precisamente Urabá, la frontera con Ecuador o el norte de Cauca.

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