Con un recurso de apelación, la defensa de Claudia Julieta Duque busca tumbar el fallo que declaró inocente al exfuncionario del grupo Especial de Inteligencia G3, del entonces Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Ronal Rivera Rodríguez, por la tortura agravada de la que fue víctima la periodista. La mujer fue violentada cuando investigaba el magnicidio del humorista Jaime Garzón, perpetrado en agosto de 1999 en Bogotá.
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El fallo del juzgado décimo Penal Especializado reconoce que el delito de tortura del que fue víctima Claudia Julieta Duque es considerado de lesa humanidad, porque hizo parte de una política previamente establecida por el extinto DAS contra la prensa, en especial contra aquella que no era afín al gobierno de turno. Sin embargo, declaró inocente a Ronal Rivera Rodríguez, porque no encontró pruebas que permitan demostrar que él participó en los actos de tortura psicológica, amenazas, exilios, interceptaciones ilegales y persecución de los que fue víctima la periodista.
Ante esta decisión, la defensa de Claudia Julieta Duque presentó un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá, con el objetivo de que se revoque el fallo y se condene a Rodríguez por estos hechos. Entre los argumentos expuestos están, que la juez tergiversó las pruebas que se presentaron durante el juicio, al hacerlas decir algo totalmente diferente a su contenido, y por construir algunas que no existen.
“Como cuando se concluye que si el DAS no podía interceptar avanteles entonces tampoco podía realizar llamadas amenazantes a ese tipo de teléfonos; o que si las llamadas provenían de lugares diferentes a la sede del DAS no pudieron ser hechas por funcionarios de esa entidad”, dice el recurso presentado.
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Acto seguido, el recurso dice que la juez omitió y desconoció pruebas trascendentales en su decisión, pero aún más grave, desconoció las reglas de la lógica, la ciencia y la experiencia, al declarar como un crimen contra la humanidad el caso de Claudia Julieta Duque, pero al mismo tiempo asegurar que ese organismo de inteligencia no amenazaba y no interceptaba ilegalmente.
“La jueza en su fallo obvia hechos notorios que llevaron a la liquidación del DAS en 2011. La sentencia apelada no constituye una decisión absolutoria contra un sindicado, sino que exime de responsabilidad al Departamento Administrativo de Seguridad en su conjunto y, por tanto, prejuzga en favor de otros presuntos autores”, dice el recurso.
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Este caso se remonta a julio de 2001, cuando la periodista fue víctima de secuestro en la modalidad de “paseo millonario”, en el que sus captores le dejaron claro que lo que le sucedía tenía relación con su trabajo de investigación por el homicidio del también periodista, Jaime Garzón Forero. La persecución llegó hasta el punto de que, en 2010, se vio obligada a entregar el esquema de seguridad que tenía y partir hacia el exilio.
Un año después, la comunicadora regresó al país y se reincorporó en sus labores. Sin embargo, los seguimientos continuaron por parte del extinto DAS. Para la época, se corroboró que no solo realizaban perfilamientos a periodistas, sino también a activistas políticos que se declaraban en oposición al Gobierno de turno.
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