Aplazada audiencia de acusación en contra exdirectora del CTI
Marilú Méndez no pudo ser ubicada en su domicilio.
El Espectador
Un fuerte llamado de atención hizo el juez de 33 de conocimiento a la defensa de la exdirectora del CTI, Marilú Méndez Rada por su no presencia a la diligencia judicial que se iba a celebrar este martes y en la que la Fiscalía la iba a acusar formalmente en el proceso que se le adelanta por el escándalo de Fondelibertad.
El juez manifestó que, según la información que recibió por parte de su despacho minutos antes de la audiencia judicial, fue imposible ubicar a Méndez Rada en su residencia, precisando que el Inpec les aseguró no pudieron hacer el traslado.
"Le hemos llamado a un teléfono que está en las diligencias y permanentemente nos envía a mensaje de voz, de suerte que no tenemos ninguna información, ni del señor defensor principal, ni la detenida que tenía la obligación de venir", precisó el juez en el desarrollo de la audiencia.
Ante esto manifestó que su abogado defensor envío una carta en la que se disculpaba por no asistir argumentando que tenía una cita médica.
La audiencia fue reprogramada para el 12 de abril, fecha en la cual se espera que un fiscal de la unidad anticorrupción presente el escrito de acusación en contra de la exfuncionaria por los delitos de tráfico de influencias y falsedad en documento privado.
Ante un juez de conocimiento, un fiscal de la unidad anticorrupción presentará el escrito de acusación contra la exdirectora del CTI Marilú Méndez Rada, investigada por su participación en las irregularidades en el proceso de contratación en Fondelibertad.
Según el ente acusador, la exdirectora del CTI habría presionado al entonces director de Fondelibertad Harlan Henao para que le entregara dos contratos por un valor de 160 millones de pesos para la capacitación del Gaula a las empresas de Fares e Idrobo Asociados, esta última propiedad de su exesposo.
Es de recordar que el peculado del que es acusada asciende a un monto de 2,8 millones pesos destinados al transporte y a los viáticos de los empleados de Méndez que trabajaron para su esposo sin que hubiera una orden de la Fiscalía de por medio, sin embargo, este dinero ya había sido reintegrado por la exfuncionaria.
Un fuerte llamado de atención hizo el juez de 33 de conocimiento a la defensa de la exdirectora del CTI, Marilú Méndez Rada por su no presencia a la diligencia judicial que se iba a celebrar este martes y en la que la Fiscalía la iba a acusar formalmente en el proceso que se le adelanta por el escándalo de Fondelibertad.
El juez manifestó que, según la información que recibió por parte de su despacho minutos antes de la audiencia judicial, fue imposible ubicar a Méndez Rada en su residencia, precisando que el Inpec les aseguró no pudieron hacer el traslado.
"Le hemos llamado a un teléfono que está en las diligencias y permanentemente nos envía a mensaje de voz, de suerte que no tenemos ninguna información, ni del señor defensor principal, ni la detenida que tenía la obligación de venir", precisó el juez en el desarrollo de la audiencia.
Ante esto manifestó que su abogado defensor envío una carta en la que se disculpaba por no asistir argumentando que tenía una cita médica.
La audiencia fue reprogramada para el 12 de abril, fecha en la cual se espera que un fiscal de la unidad anticorrupción presente el escrito de acusación en contra de la exfuncionaria por los delitos de tráfico de influencias y falsedad en documento privado.
Ante un juez de conocimiento, un fiscal de la unidad anticorrupción presentará el escrito de acusación contra la exdirectora del CTI Marilú Méndez Rada, investigada por su participación en las irregularidades en el proceso de contratación en Fondelibertad.
Según el ente acusador, la exdirectora del CTI habría presionado al entonces director de Fondelibertad Harlan Henao para que le entregara dos contratos por un valor de 160 millones de pesos para la capacitación del Gaula a las empresas de Fares e Idrobo Asociados, esta última propiedad de su exesposo.
Es de recordar que el peculado del que es acusada asciende a un monto de 2,8 millones pesos destinados al transporte y a los viáticos de los empleados de Méndez que trabajaron para su esposo sin que hubiera una orden de la Fiscalía de por medio, sin embargo, este dinero ya había sido reintegrado por la exfuncionaria.