Debido al “volumen y complejidad del material probatorio”, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia aplazó para el próximo cuatro de marzo la audiencia en contra del exsecretario general de Presidencia Bernardo Moreno y la exdirectora del DAS, por su presunta participación en las llamadas ‘chuzadas’.
Durante la diligencia judicial celebrada este martes, el abogado Jaime Granados quien defiende los intereses de Bernardo Moreno, señaló que pese al plazo de dos meses entregado en noviembre por el alto tribunal no se ha podido revisar completamente las 539 horas de grabación y los 186 mil folios del que consta el proceso.
A esta solicitud, se le añadió los problemas que han tenido debido del traslado que hizo la Fiscalía de tres informes de policía judicial, el pasado 24 de enero, que contienen las declaraciones entregadas por el paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, y el extraditado narcotraficante Juan Carlos Sierra, conocido con el alias ‘el Tuso’.
Estos testimonios, aclaró el fiscal del caso, se presentaron en ocasión de otros casos, después de formulada la acusación contra Hurtado y Moreno, y fueron trasladados por "su importancia".
Vale recordar que la exdirectora del organismo de inteligencia se encuentra asilada territorialmente en Panamá desde noviembre de 2010, hecho que ha causado gran polémica entre las víctimas de los seguimientos e interceptaciones ilegales.
La fiscal General, Viviane Morales, le imputó a la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado los delitos de concierto para delinquir agravado, abuso de función pública, violación de comunicaciones agravada, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público, estos últimos cuatro en calidad de coautora.
Por su parte, la Fiscal General le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, abuso de función pública y violación ilícita de comunicaciones, los dos primeros en calidad de autor al exsecretario general de Presidencia Bernardo Moreno.
Los dos exfuncionarios son investigados por haber hecho de “una empresa criminal” que se fraguó desde el DAS para adelantar seguimientos ilegales en contra de magistrados, periodistas, congresistas de oposición y defensores de derechos humanos.
Por El Espectador
