El juez 11 de conocimiento reprogramó para el próximo 22 de mayo la audiencia en la que la Fiscalía presentará el escrito de acusación contra las estudiantes Laura Moreno y Jessy Quintero en el proceso que se les adelanta por su presunta responsabilidd en la muerte de Luis Andrés Colmenares.
El motivo del nuevo aplazamiento se debe a que la Fiscalía solicitó un plazo para revisar sus documentos con el fin de dar respuesta y aclarar las dudas presentadas por los abogados defensores de las estudiantes en el escrito de acusación.
Entre las principales aclaraciones hechas por los juristas se encuentran los registros completos sobre las entrevistas, declaraciones juramentadas e informes de investigadores que serán tenidos en el proceso.
Así como registros sobre la búsqueda selectiva de datos, los registros de las interceptaciones telefónicas y la ubicación de los testigos presentados por la Fiscalía.
"Esto se ha convertido en una caja de Pandora, porque el fiscal nos está presentado pruebas sin hacer precisiones de ninguna clase, pese a todo el tiempo que tuvo para presentar este nuevo escrito de acusación", precisó el abogado Jaime Granados, quien defiende los intereses de Laura Moreno.
A primera hora, El fiscal 11 de Vida, Antonio Luis González, manifestó que no le retirará el delito de falso testimonio a la estudiante Jessy Quintero, en el proceso que se le adelanta por la extraña muerte de Luis Andrés Colmenares, simplemente porque su abogado defensor no hizo los trámites necesarios para que se le anulara dicho cargo.
En este sentido fue claro en manifestar que el pasado 2 de abril recibió una solicitud por parte del abogado defensor de la implicada solicitándole que le retirara este cargo presentando para esto un escrito de acusación diferente al que se conoció para la fecha de los hechos.
Sin embargo, el fiscal aclaró que rechazó esa solicitud al considerar que no tenía bases jurídicas ni legales para hacerlo. “El abogado no presentó el recurso de apelación, hecho por el cual nosotros no podemos suplir ahora su negligencia y la omisión de sus funciones como defensor”.
Para el investigador del caso, los argumentos presentados por el abogado Silvio Sanmartín no son válidos, puesto que no se puede decir que si a una de las implicadas el Tribunal Superior de Bogotá le quitó el delito a una también se le debe quitar a la otra, “menos aun cuando su abogado no hizo nada para que así fuera”.
“El derecho de igualdad es en concreto y no en abstracto. No hay igualdad en la acusación porque los abogados que manejaron ese tema no presentaron la apelación. Ese era un deber ético y profesional para con su cliente, si ese abogado no hizo eso no es incumbencia de la Fiscalía”, precisó.
Por El Espectador
