Por considerar que las acusaciones de la Fiscalía “carecen de un soporte suficiente para advertir responsabilidad penal del acusado”, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en única instancia, absolvió de los cargos de concierto para delinquir agravado, revelación de secreto, cohecho propio y prevaricato por omisión al contraalmirante (r) Gabriel Arango Bacci.
En la misma decisión, el alto tribunal observó que existen circunstancias “bastante sospechosas” del trámite dado por funcionarios de la Armada a este asunto. En consecuencia, la Corte dispuso compulsar copias para que sean investigados los oficiales de la Armada Luis Jorge Tovar Neira, ex comandante de contrainteligencia, y el propio comandante de la institución, almirante Guillermo Barrera Hurtado.
Según la Corte, deberá establecerse si faltaron a la verdad al negar que se hubieran contactado con periodistas antes de que pusieran en conocimiento “la noticia criminal de la que eran portadores”. Con esta conducta, añade el fallo, se pudo incurrir en un comportamiento irregular porque se trataba de documentos fundamentales para adelantar una investigación penal y la cadena de custodia fue ignorada.
De igual modo, la Corte Suprema ordenó que se investigue penalmente a varios de los testigos que participaron en el desarrollo del proceso porque faltaron a la verdad, al parecer, con el afán de perjudicar al contraalmirante en retiro Gabriel Ernesto Arango Bacci, atribuyéndole la comisión de varios comportamientos ilícitos, sin que sus versiones tuvieran sustento en la realidad, en términos de tiempo, modo y lugar.
Finalmente, el alto tribunal determinó que se investigue la conducta observada por el entonces ministro de Defensa nacional, Juan Manuel Santos, porque a pesar de conocer previamente las vinculaciones penales, obvió darlas a conocer a las autoridades. Según la Corte, se trata de establecer si el ex ministro Santos pudo incurrir en el delito de omisión de denuncia.
La investigación contra el contraalmirante (r) Arango Bacci tuvo su origen en un informe de Policía Judicial entregado a la Fiscalía en agosto de 2007, en el cual se reseñaba la existencia de un grupo de civiles y de personal adscrito y retirado de la Armada, dedicado a trabajar con el narcotráfico. En concreto, a utilizar indebidamente cartas de navegación sobre la posición de las embarcaciones de Colombia, Estados Unidos, Holanda e Inglaterra, para revelarlas al narcotráfico.
Supuestamente, en desarrollo de la investigación, se determinó que un suboficial retirado de la Armada, conocido con el alias de Otto, era quien suministraba la información confidencial. Así, se adelantó una operación encubierta para comprar una carta de navegación. La reunión se cumplió en el hotel El Velero de Cartagena, donde, presuntamente, se habló del contraalmirante Gabriel Arango Bacci.
Tras esta pesquisa, se ordenó la apertura de instrucción contra el ex oficial y rápidamente se incorporó a la investigación un informe de contrainteligencia de la Armada, en el que aparentemente se ratificaba la existencia de un recibo, con huella dactilar, a nombre de Arango. Con estas y otras posibles evidencias, un fiscal delegado ante la Corte Suprema abrió investigación contra el oficial. Después, el propio fiscal Mario Iguarán lo acusó ante la Corte Suprema de Justicia.
Ayer, al revelar su sentencia, el alto tribunal desvirtuó una a una las pruebas contra Arango Bacci. En primer término, observó que el video aportado en el encuentro del hotel El Velero fue una prueba sin requisitos legales. Además, durante dicha reunión no participó el contraalmirante (r) Arango y de las referencias a su nombre no se evidenció que estuviera participando en la venta de ninguna carta de navegación.
De igual manera, la Corte descalificó la prueba de la huella dactilar, advirtiendo que no era lógico que de ser cierta la participación de Arango Bacci, éste se hubiera prestado para la elaboración de un molde con la impresión digital de su huella. Por el contrario, destacó el alto tribunal, la huella dactilar aportada como prueba no fue estampada de forma directa, sino por un medio mecánico, lo que en su criterio podría obedecer a “un entrampamiento ajeno a la voluntad del acusado”.
En cuanto al principal testigo, Juvenal Serna Amaris, la Corte concluyó que es un testigo mentiroso y que, incluso, actuó con el ánimo de lucrarse por su colaboración. Caso parecido sucedió con Jaime Alberto Pérez Charris, quien mintió respecto a la localización de un edificio de apartamentos en el que otra persona referida no fue ni inquilina ni propietaria. En otras palabras, como ocurrió con el testigo Eyssin Miguel Matos, mintió para involucrar a Arango Bacci.
Sobre la supuesta existencia de una evidencia hallada en el computador de alias Chupeta, según la Corte, el tema no pasó de ser una “simple especulación” que permitió aventurar varias hipótesis sobre una presunta maniobra ordenada a una fragata para facilitar el paso de varias embarcaciones con droga. Para la Corte, el análisis de la prueba no permitió concluir que este documento tenga fuerza suficiente como para incriminar a Arango.
Así las cosas, la Corte Suprema de Justicia le puso punto final a uno de los casos judiciales de mayor polémica en los últimos años. El contraalmirante (r) Gabriel Arango Bacci debe quedar en libertad y esta decisión es inapelable. No obstante, se sabe que el fallo generará controversia, si se tiene en cuenta que la cúpula de la Armada insistió hasta último momento en la responsabilidad de Arango y también lo hizo el embajador de Estados Unidos en Colombia, William Brownfield.
Por Redacción Judicial
