Por sustracción y manipulación de información financiera reservada, que afectó a varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a los senadores Gustavo Petro y Piedad Córdoba, la jueza 52 de garantías de Bogotá, Yenny Jiménez, ordenó la detención en centro de reclusión de Mario Aranguren y Luis Eduardo Daza, ex director y ex subdirector de análisis y operaciones de la Unidad de Investigación y Análisis Financiero (UIAF) del Ministerio de Hacienda.
“Estos funcionarios del Estado desvirtuaron sus funciones, utilizando a su arbitrio información sin el cumplimiento y las formalidades legales y sin que se conozca su destinación”, señaló Jiménez al fundamentar su decisión.
Este lunes en la mañana, durante la audiencia de imputación de cargos que había comenzado la semana pasada, la Procuraduría solicitó que Aranguren y Daza no fueran enviados a prisión porque no representaban peligro para la sociedad. Sus defensores, de igual forma, aseguraron que eran personas prominentes, con largas y reconocidas carreras al servicio del Estado, y que no había riesgo de interferir en las pesquisas judiciales, pues ambos ya renunciaron a sus cargos. Agregaron que si hubo entrega de información reservada, ésta ocurrió en virtud de los convenios interinstitucionales firmados por la UIAF.
Jiménez afirmó que falta por establecer con exactitud el destino de la información que se extrajo de la UIAF, pero indicó que incluso algunos medios de comunicación tuvieron acceso a esos informes que, de acuerdo con la tesis de la Fiscalía, hacían parte de un orquestado plan para desprestigiar a los magistrados de la Corte Suprema. Y recordó que el 22 de abril de 2008, en el despacho de Daza y con firma de Aranguren, se elaboró en tan solo 45 minutos un detallado informe sobre el polémico empresario Ascencio Reyes, en el que se incluyeron datos reservados de familiares suyos y de magistrados de la Corte Suprema.
El origen de estas pesquisas radica en un viaje a Neiva en junio de 2006, supuestamente patrocinado por Reyes —entonces en la mira por presuntos nexos con el narcotráfico— para homenajear al presidente de la Corte Suprema, Yesid Ramírez Bastidas.
En los archivos del DAS, las indagaciones sobre este viaje se conocen como el caso Paseo, sobre el cual —según recordó este lunes Vicente Gaviria, abogado defensor de Aranguren— el secretario general de la Casa de Nariño, Bernardo Moreno, le entregó al ex director de la UIAF un sobre cerrado con información sobre un vuelo chárter relacionado con Reyes, para que investigara sobre el tema.
La jueza, no obstante, estipuló que entre las funciones legales de la UIAF se encuentran las indagaciones sobre operaciones sospechosas relacionadas con lavado de activos y financiación del terrorismo, pero que la naturaleza del viaje de los magistrados distaba de encajar en este perfil.
Al sustentar su determinación, la jueza mencionó la declaración del Germán Ospina Arango, ex funcionario del DAS, quien declaró que recibió órdenes expresas de la ex directora del DAS María del Pilar Hurtado y del ex director de contrainteligencia del organismo, capitán (r) Jorge Alberto Lagos, para obtener información relacionada con el caso Paseo. Según Ospina, Hurtado y Lagos habrían manifestado presión por parte de la Casa de Nariño para conseguir datos relevantes con respecto al hoy famoso viaje de los magistrados de la Corte Suprema a Neiva. Los abogados de Aranguren y Daza reiteraron que sus defendidos actuaron en el marco de la legalidad.
Al cierre de esta edición la jueza estudiaba un recurso de reposición que buscaba la revocatoria de la medida de aseguramiento.
Por Redacción Judicial
