El Tribunal Superior de Bogotá precluyó la investigación que se venía adelantando contra Lilyan Jhoana Bastidas, coordinadora del Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao en Bogotá. Ella fue la responsable de otorgar la libertad de dos de los integrantes de la denominada Primera Línea, luego de que en diciembre de 2022 ordenara la libertad de Santiago Márquez y Adriana Bermeo, que posteriormente fueron nombrados como gestores de paz, por el gobierno de Gustavo Petro.
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El caso tiene su génesis el 20 de diciembre de 2022 cuando la juez decidió darles la libertad a ambos procesados tras una solicitud que hizo la oficina del Alto Comisionado de Paz. Acto seguido, la Procuraduría de Margarita Cabello interpuso una denuncia en contra de por los delitos de prevaricato por acción y abuso de función pública. Sin embargo, casi diez meses después, la Fiscalía General de la Nación solicitó ante el Tribunal una audiencia para pedir cerrar la investigación.
El fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá argumentó ante el Tribunal que había “atipicidad del hecho investigado”, es decir, que los hechos denunciados no configuran ningún delito por parte de la funcionaria Bastidas.
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Estos argumentos fueron acogidos por el Tribunal, al argumentar que no existen pruebas de que Lilyan Jhoana Bastidas, tomó la decisión de dejarlos en libertad por capricho o arbitrariedad. “La doctora Lilyan Johana Bastidas Huertas, juicio del Tribunal, no hace ninguna valoración ni toma partido y, al contrario, se advierte que se trataba de un asunto complejo por la falta de desarrollo legal y jurisprudencial en la materia”.
En su momento, el fiscal general Barbosa, fue uno de los más fervientes en denunciar la decisión de Bastidas y exigió explicaciones públicas sobre por qué en un caso posterior sí tomó la decisión de convocar a la respectiva audiencia de control de garantías.
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