Al considerar que no existen pruebas suficientes para abrir un proceso formal, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia archivó la investigación que se adelantaba en contra de 13 congresistas, quienes presuntamente habrían recibido una serie de prebendas por Empresas Prestadoras para la Salud con el fin de que archivaran el proyecto que buscaba modificar la Ley 100.
Estas personas, quienes formaron parte de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes entre 2005 y 2006, fueron denunciados por Carlos Tulio Trujillo, quien los señaló de haber aceptado un viaje a España pagado completamente por las EPS Saludcoop y Coomeva, empresas que estaban interesadas en que el proyecto no fuera aprobado.
Los representantes beneficiados por la medida son Cesara Augusto Andrade Moreno, Héctor Arango Ángel, Juana de Dios Alfonso García, Pompilio Avendaño Lopera, Edgar Fandiño Cantillo, Pedro Antonio Jiménez Salazar, Héctor Alfonso Rodríguez García, Venus Albeiro Silva Gómez, Manuel enrique Rosero, Oscar Darío Pérez Pineda y María Isabel Urrutia, así como de los ex senadores Gabriel Ignacio Zapata y Luis Alfredo Ramos.
Las pruebas recolectadas por la Corte Suprema de Justicia, permitieron inferir que pese a que algunos de los congresistas señalados si viajaron a España por invitación de Coomeva a un seminario sobre temas relacionados con la salud, no se pudo demostrar que su presencia allí se debiera a intereses económicos de las EPS para que se archivara el proceso que cursaba en dicha Comisión.
Igualmente se demostró que para el momento del seminario el representante Oscar Darío Pérez Pineda no hacía parte de la Comisión Séptima de la Cámara donde se decidió archivar el proyecto por lo que pudo haber tenido participación en el hundimiento del mismo.
La Corte Suprema acogió los argumentos del Consejo de Estado, que se pronunció dentro de un proceso de pérdida de investidura contra el excongresista Luis Alfredo Ramos, que la aceptación por parte de los congresistas de la invitación efectuada por Coomeva, para asistir al seminario realizado en Mondragón España.
Finalmente la Sala determinó que el proyecto se hundió por petición del mismo Gobierno y porque hubo desacuerdo en la aplicación del cuatro por mil, para algunos servicios prestados por las EPS.