Armando Benedetti y los testimonios que lo enredan en la Corte Suprema por FONADE

Armando Benedetti Villaneda es actualmente uno de los hombres más poderosos dentro del gobierno de Gustavo Petro. Incluso, ocupa una importante silla al lado del jefe de Estado, pasando por encima de altos funcionarios que han acompañado su mandato desde el principio y que recientemente salieron del gabinete por diferencias con el nuevo jefe de despacho. Aunque en este gobierno haya quedado muy bien parado, él es un político de vieja data que sabe mutar entre gobierno y gobierno para mantenerse siempre a flote. De hecho, uno de esos mandatos en los que quedó muy bien acomodado fue el del expresidente Juan Manuel Santos, en el que, según la justicia, con ayuda de otros polémicos congresistas del Partido de la U, se habrían tomado el Fondo Financiero de Desarrollo (FONADE).

Aunque hoy es el jefe de despacho de Gustavo Petro y ocupó otros altos cargos dentro de este gobierno, como ser el embajador de Colombia en Venezuela y tiempo después ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), gran parte de su recorrido político ha sido en el Congreso (2002-2022). En el Legislativo, precisamente, es donde habría cometido los pecados por los que la Corte Suprema de Justicia recientemente lo llamó a juicio. Según encontró el alto tribunal, Armando Benedetti, aparentemente, aprovechó su poder como senador del Partido de la U entre 2016 y 2017 para favorecer la contratación de una empresa con FONADE. Esto lo habría hecho con ayuda de dos condenados exsenadores de esa colectividad: Musa Besaile y Bernardo El Ñoño Elías.

Benedetti está bajo las pesquisas de la corte desde 2018, cuando fue denunciado un entramado de corrupción conformado por congresistas del Partido de la U para aprovechar su poder y dirigir contratos dentro de FONADE. Dicho engranaje de políticos torcidos fue confesado por Musa Besaile y El Ñoño Elías. Además, un testimonio clave es el que tiene a Benedetti entre la espada y la pared en un momento donde parece ser intocable, al menos dentro del gobierno. Jorge Iván Henao Ordóñez, exasesor de FONADE y amigo personal del Ñoño, confesó haber hecho parte del entramado y le aseguró a la justicia que fue usado por el entonces senador Armando Benedetti para favorecer a la empresa Sociedad Cameral de Certificación Digital (Certicámara S.A.).

Los testimonios de los dos políticos y el exasesor coinciden en que las ilegalidades resultaron de la entrega del control burocrático de FONADE al Partido de la U, por haber apoyado a Juan Manuel Santos para ser reelegido como presidente de la República en 2014. Ese pago de favor político, le dijeron a la Corte, derivó en que los congresistas metieran las manos para torcer y direccionar contratos. Benedetti, según esas versiones, también lo hizo, aunque siempre lo ha negado. Aun así, el expediente del caso, que inicialmente era por interés indebido en contratos y tráfico de influencias, detalla cómo fue que el ahora jefe de despacho de la Presidencia se movió dentro de FONADE y se valió, aparentemente, de Henao Ordóñez para que Certicámara se quedara en 2017 con un contrato de más de $741 millones.

De acuerdo con las versiones que recopiló la justicia, todo comenzó en el segundo periodo de 2014, cuando Musa Besaile, El Ñoño Elías, Armando Benedetti y Elsy Mireya Pinzón Barrera (integrante de la Unidad de Trabajo Legislativo de Benedetti), se reunieron en varias ocasiones con el entonces ministro de Gobierno Néstor Humberto Martínez. Según los testimonios, allí fue que se pactó que a cambio del apoyo para Juan Manuel Santos se le entregaría al Partido de la U el manejo burocrático de FONADE. La mano corrupta de los congresistas también pasó por la elección del gerente del Fondo, según Héctor Julio Álvarez Rivero, señalado de ser intermediario en el direccionamiento de contratos. De hecho, asegura que el ganador llegó de la mano de Armando Benedetti.

El director de FONADE lo elige el presidente de la República, que para ese entonces era Juan Manuel Santos. A la Casa de Nariño, como parte de una terna, llegaron dos nombres para el cargo: Jorge Iván Henao Ordóñez y Ariel Alfonso Aduen Ángel, este último fue elegido, porque, según los testimonios que reposan en la Corte Suprema, su hoja de vida fue llevada y recomendada personalmente por Armando Benedetti, quien, según las versiones recopiladas, había acordado ese nombramiento en las reuniones con Néstor Humberto Martínez. Henao no quedó en el cargo, pero en agosto de 2016 llegó como contratista al Fondo gracias a su amistad con El Ñoño Elías. Sus funciones, en palabras sencillas, era ser el enlace entre FONADE y el Congreso, donde fue presentado con Benedetti ese mismo año.

En esa presentación, según el testimonio de Henao Ordóñez, Benedetti le pidió “generar un espacio en una contratación de la entidad” para Certicámara, cuyo representante era Juan Carlos Santofimio Vengoechea, quien llevaba meses reuniéndose con Benedetti en el Congreso. En julio de 2016 (meses antes de la llegada de Henao), FONADE abrió una convocatoria para contratar una empresa que se encargara de la digitalización de más de cinco millones de documentos. Las versiones que tiene la justicia apuntan a que como Certicámara no estaba dentro de los oferentes, Henao Ordóñez movió hilos dentro de la entidad para que esa convocatoria se cayera y tuvieran que abrir otra en 2017, en la que participó y ganó Certicámara, al parecer, por la influencia de Armando Benedetti.

Con esas pruebas, la Corte determinó que hay con qué llevar al ahora jefe de despacho de Presidencia a juicio por tráfico de influencias, pero no por interés indebido en contratos. Según la Sala de Instrucción, no había pruebas de que Benedetti se interesara como tal en el contrato que se le dio a Certicámara, sino que solo intervino para que la empresa lo obtuviera. Así las cosas, el alto tribunal se alista para iniciar el juicio contra Benedetti, que está en medio de una tormenta política que se generó con su llegada al alto gobierno. Además, arrancó una guerra judicial contra el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) Augusto Rodríguez, quien lo señala de tener vínculos con el zar del contrabando, Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo.

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