“Armar una historia a partir de chismes es irresponsable”: asesor de la FCF

La Federación Colombiana de Fútbol atraviesa por estos días una crisis generada por disputas internas entre sus directivos y en medio de las investigaciones que adelanta la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y la Fiscalía por la reventa de boletas de la eliminatoria a Rusia 2018. Según la autoridad administrativa, las empresas Ticketshop y Ticket Ya se habrían aliado de forma desleal para quedarse con el contrato de boletería y los directivos de la FCF habrían estado al tanto del asunto. Por eso, en un informe preliminar a la decisión definitiva, la delegada encargada de la investigación recomendó declarar responsables a los miembros de las compañías mencionadas y a directivos y exdirectivos de la federación. (Lea aquí: El coletazo de la reventa de boletas en la Federación Colombiana de Fútbol)

En diálogo con este diario, el abogado Gerardo Barbosa, asesor de la FCF, se pronunció sobre las conclusiones de la SIC y el proceso penal sobre la reventa. El litigante aseguró que la adjudicación del contrato de boletería fue transparente  y atendió a los intereses económicos de la Federación Colombiana de Fútbol. “La diferencia entre la propuesta ganadora y la segunda, en términos económicos, era de $13.000 millones, era una diferencia muy significativa. La propuesta ganadora superaba a la primera casi en el 50%. Más transparente dificilmente podría ser”, dijo Barbosa.

La FCF adjudicó el mencionado contrato a Ticketshop en agosto de 2015 por $40.124 millones. Pero los investigadores de la superintendencia  afirman que, pese a que se hizo una convovatoria para contratar al operador de boletería, ya era un hecho que la ganadora sería Ticketshop. Además, afirman que las boletas no estuvieron a la venta porque fueron desviadas a otra empresa para revenderlas: Ticket Ya. Se configuró, entonces, una maniobra de competencia desleal con jugosos beneficios a varios particulares que no fue transparente con las demás boleteras del mercado. Sobre este punto, Barbosa reiteró que “a la FCF nunca se le contó eso. La FCF ni conocía ni consintió una reventa de boletería. Hoy en día no tenemos certeza de que ello haya ocurrido, pero si es así, el único responsable tendría que ser Ticketshop, porque la FCF jamás ni conoció ni consintió reventa de boletas”.

Sin embargo, el expediente en la SIC insiste en que la FCF contribuyó activamente a manipular el proceso de contratación del operador de la boletería que posteriormente la revendería, y menciona a varios de sus directivos en la época de los hechos: Ramón Jesurún, Álvaro González, Elkin Arce Mena, Claudio Cogollo, Luis Bedoya, Jorge Perdomo y Juan Alejandro Hernández. “Es muy desconcertante que la SIC diga esto, porque este es un proceso que se ha fundamentado en una figura que se llaman los delatores. Un delator es alguien que está involucrado y que, a cambio de contarle la verdad a la Superintendencia, obtiene unos beneficios. Eso significa que la superintendencia tiene que verificar que lo que los delatores están diciendo es cierto, porque si le mienten no podrían reconocerle beneficios de ninguna clase”, explica el asesor de la FCF.

Según Barbosa, los delatores (socios de Ticketshop) dicen explícitamente que no les consta nada en relación con la Federación Colombiana de Fútbol. “No hay una sola respuesta de los delatores que permita estructurar toda esa película que ha armado el informe motivado de la superintendencia. Esto es desconcertante, porque si ellos dicen que no les consta nada, y les creen para concederles beneficios pero no para estructurar la verdad, entonces a qué están jugando. ¿ De dónde sale semejante película que se está armado”, se pregunta Barbosa.

En el informe de 354 páginas con el que la delegada para la protección de la competencia recomendó al superintendente de Industria y Comercio sancionar a los directivos y a empresarios investigados, el ente de control recordó que los empresarios de Ticketshop ya aceptaron su responsabilidad y pasaron a ser delatores, y que parte del proceso se construyó con base a sus declaraciones. Pese a estos testimonios, Barbosa insiste en que “detrás de todo esto hay un interés oculto que tenemos que identificar. Pero está claro que no hay ninguna prueba que permita estructurar responsabilidad ni de la FCF, ni de los miembros del comité”.

“Lo que esperaría es que el superintendente tengo el cuidado, el rigor de revisar toda la actuación con mucho cuidado. Confío en que haya alguna persona independiente, imparcial, que se tome en serio la situación y revise algo que es tan evidente como lo que estoy diciendo. Si es así, creo que solo puede concluir que la FCF ni sus directivos tienen que ver con lo que haya ocurrido con Ticketshop”, concluyó el asesor de la FCF.

A la par del proceso en la Superintendencia, la Fiscalía abrió hace un año el capítulo penal de la reventa de boletas. César Carreño e Iván Arce, quienes se desempeñaron como representante legal y gerente financiero de Ticketshop, aceptaron cargos por los delitos de agiotaje (especulación para modificar los precios de los productos), concierto para delinquir y ofrecimiento engañoso de productos y servicios y llegaron a un acuerdo con la Fiscalía. En medio de una audiencia, el fiscal del caso dijo que varios miembros y exmiembros de la FCF habrían recibido supuestamente coimas a cambio de que Ticketshop se quedara con el contrato de boletería. El ente investigador asegura que hay tres elementos para creerlo: dos declaraciones y una agenda obtenida en un allanamiento.

Frente a este tema, Barbosa responde: “Yo esperaría que la Fiscalía tuviera un poco más de diligencia de la que tuvo la superintendencia porque, tratándose de temas penales, armar una historia a partir de chismes, relatos, oídas, conjeturas, sería absolutamente irresponsable. Eso explica por qué hasta ahora no ha existido ningún señalamiento directo a la FCF y no creo que pueda haberlo. No hay cómo estructurar una investigación penal respecto a la federación”, puntualizó Barbosa.

La Federación Colombiana de Fútbol atraviesa por estos días una crisis generada por disputas internas entre sus directivos y en medio de las investigaciones que adelanta la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y la Fiscalía por la reventa de boletas de la eliminatoria a Rusia 2018. Según la autoridad administrativa, las empresas Ticketshop y Ticket Ya se habrían aliado de forma desleal para quedarse con el contrato de boletería y los directivos de la FCF habrían estado al tanto del asunto. Por eso, en un informe preliminar a la decisión definitiva, la delegada encargada de la investigación recomendó declarar responsables a los miembros de las compañías mencionadas y a directivos y exdirectivos de la federación. (Lea aquí: El coletazo de la reventa de boletas en la Federación Colombiana de Fútbol)

En diálogo con este diario, el abogado Gerardo Barbosa, asesor de la FCF, se pronunció sobre las conclusiones de la SIC y el proceso penal sobre la reventa. El litigante aseguró que la adjudicación del contrato de boletería fue transparente  y atendió a los intereses económicos de la Federación Colombiana de Fútbol. “La diferencia entre la propuesta ganadora y la segunda, en términos económicos, era de $13.000 millones, era una diferencia muy significativa. La propuesta ganadora superaba a la primera casi en el 50%. Más transparente dificilmente podría ser”, dijo Barbosa.

La FCF adjudicó el mencionado contrato a Ticketshop en agosto de 2015 por $40.124 millones. Pero los investigadores de la superintendencia  afirman que, pese a que se hizo una convovatoria para contratar al operador de boletería, ya era un hecho que la ganadora sería Ticketshop. Además, afirman que las boletas no estuvieron a la venta porque fueron desviadas a otra empresa para revenderlas: Ticket Ya. Se configuró, entonces, una maniobra de competencia desleal con jugosos beneficios a varios particulares que no fue transparente con las demás boleteras del mercado. Sobre este punto, Barbosa reiteró que “a la FCF nunca se le contó eso. La FCF ni conocía ni consintió una reventa de boletería. Hoy en día no tenemos certeza de que ello haya ocurrido, pero si es así, el único responsable tendría que ser Ticketshop, porque la FCF jamás ni conoció ni consintió reventa de boletas”.

Sin embargo, el expediente en la SIC insiste en que la FCF contribuyó activamente a manipular el proceso de contratación del operador de la boletería que posteriormente la revendería, y menciona a varios de sus directivos en la época de los hechos: Ramón Jesurún, Álvaro González, Elkin Arce Mena, Claudio Cogollo, Luis Bedoya, Jorge Perdomo y Juan Alejandro Hernández. “Es muy desconcertante que la SIC diga esto, porque este es un proceso que se ha fundamentado en una figura que se llaman los delatores. Un delator es alguien que está involucrado y que, a cambio de contarle la verdad a la Superintendencia, obtiene unos beneficios. Eso significa que la superintendencia tiene que verificar que lo que los delatores están diciendo es cierto, porque si le mienten no podrían reconocerle beneficios de ninguna clase”, explica el asesor de la FCF.

Según Barbosa, los delatores (socios de Ticketshop) dicen explícitamente que no les consta nada en relación con la Federación Colombiana de Fútbol. “No hay una sola respuesta de los delatores que permita estructurar toda esa película que ha armado el informe motivado de la superintendencia. Esto es desconcertante, porque si ellos dicen que no les consta nada, y les creen para concederles beneficios pero no para estructurar la verdad, entonces a qué están jugando. ¿ De dónde sale semejante película que se está armado”, se pregunta Barbosa.

En el informe de 354 páginas con el que la delegada para la protección de la competencia recomendó al superintendente de Industria y Comercio sancionar a los directivos y a empresarios investigados, el ente de control recordó que los empresarios de Ticketshop ya aceptaron su responsabilidad y pasaron a ser delatores, y que parte del proceso se construyó con base a sus declaraciones. Pese a estos testimonios, Barbosa insiste en que “detrás de todo esto hay un interés oculto que tenemos que identificar. Pero está claro que no hay ninguna prueba que permita estructurar responsabilidad ni de la FCF, ni de los miembros del comité”.

“Lo que esperaría es que el superintendente tengo el cuidado, el rigor de revisar toda la actuación con mucho cuidado. Confío en que haya alguna persona independiente, imparcial, que se tome en serio la situación y revise algo que es tan evidente como lo que estoy diciendo. Si es así, creo que solo puede concluir que la FCF ni sus directivos tienen que ver con lo que haya ocurrido con Ticketshop”, concluyó el asesor de la FCF.

A la par del proceso en la Superintendencia, la Fiscalía abrió hace un año el capítulo penal de la reventa de boletas. César Carreño e Iván Arce, quienes se desempeñaron como representante legal y gerente financiero de Ticketshop, aceptaron cargos por los delitos de agiotaje (especulación para modificar los precios de los productos), concierto para delinquir y ofrecimiento engañoso de productos y servicios y llegaron a un acuerdo con la Fiscalía. En medio de una audiencia, el fiscal del caso dijo que varios miembros y exmiembros de la FCF habrían recibido supuestamente coimas a cambio de que Ticketshop se quedara con el contrato de boletería. El ente investigador asegura que hay tres elementos para creerlo: dos declaraciones y una agenda obtenida en un allanamiento.

Frente a este tema, Barbosa responde: “Yo esperaría que la Fiscalía tuviera un poco más de diligencia de la que tuvo la superintendencia porque, tratándose de temas penales, armar una historia a partir de chismes, relatos, oídas, conjeturas, sería absolutamente irresponsable. Eso explica por qué hasta ahora no ha existido ningún señalamiento directo a la FCF y no creo que pueda haberlo. No hay cómo estructurar una investigación penal respecto a la federación”, puntualizó Barbosa.