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Continúa el proceso de modernización de la Justicia Penal Militar y Policial, el sistema encargado de investigar y sancionar a uniformados colombianos que cometen faltas en el marco del cumplimiento de sus funciones. Este miércoles 25 de junio se posesionaron 18 nuevos funcionarios que ocuparán cargos como jueces y fiscales de este tribunal.
En 2022 había empezado la transición del antiguo sistema inquisitivo, desbordado de casos por resolver, al nuevo sistema de carácter oral acusatorio. El proceso se dividió en cuatro fases, inició con un piloto en la jurisdicción de Bogotá y luego avanzó progresivamente hasta cubrir el total del territorio nacional.
Con la posesión de estos nuevos jueces y fiscales, liderada por José Reyes Rodríguez Casas, director de esa unidad administrativa especial, concluye la modernización progresiva del sistema. Con esto, se espera que haya “agilidad, transparencia y eficacia en los procesos, y garantizar que no haya impunidad en los procesos que cursan contra los integrantes de la Fuerza Pública”, según informaron desde la entidad.
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“Tienen el deber permanente de sostener defender y perfeccionar el modelo de justicia que el país necesita, y que nuestros policías y militares merecen. Que este acto no sea una celebración pasajera, que sea una declaración de propósitos, porque en la legitimidad no hay camino para el retroceso”, dijo el director Rodríguez Casas a los nuevos funcionarios.
Este avance en la modernización del sistema no solo se da en medio de críticas desde distintas orillas. Expertos aseguran que en esa unidad están de alguna forma “maniatados” en sus funciones, pues no pueden investigar a los altos mandos de la Policía ni de las Fuerzas Militares, que son los verdaderos tomadores decisiones y, en muchas oportunidades, lo determinadores en casos en los que se incurre en faltas graves.
A eso se suman también los problemas financieros, pues pese a que la modernización del sistema ha ido durante los últimos tres años de la mano de un proceso de mejoramiento y construcción de sedes nuevas, labores como la digitalización de expedientes están en pausa por cuenta de los problemas fiscales del Gobierno Nacional y los recortes de presupuesto ordenados para distintas entidades.
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De cara a que en diciembre 2026 esté completamente saneado el sistema antiguo, la Justicia Penal Militar y Policial enfrenta retos como terminar de depurar los casos pendientes, agilizar las investigaciones y procesos, a fin de evitar que se represen los casos como en el antiguo sistema; e impedir que acciones sancionables queden en la impunidad, por cuenta de las investigaciones engavetadas en los despachos de jueces y fiscales.
Hasta el momento, las primeras tres fases de implementación han permitido logros como la resolución de casos en plazos de hasta un mes, evitando rezagos en los procesos. “En esta etapa se logra la cobertura en toda la geografía nacional, y se reduce el uso del modelo inquisitivo, el cual se espera que tenga un cierre a finales de 2026″, concluyeron desde la unidad.
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