En 2010, una banda criminal que se dedicaba a realizar paseos millonarios en el norte de Bogotá empezó a ser conocida por sus constantes crímenes. Se trataba de los Canarios, que bajo una modalidad poco conocida por las autoridades, empezaron a desangrar las cuentas de los bogotanos al robarles sus tarjetas de crédito y débito, al punto de dejar el saldo en rojo. El pasado 23 de diciembre la Unidad Nacional Contra el Secuestro y la Extorsión de la Fiscalía presentó un informe ejecutivo en el despacho del vicefiscal general, Jorge Fernando Perdomo, sobre los avances en la judicialización de las personas que pertenecen a esta red delincuencial y de cómo se ha logrado su desarticulación.
El documento hace referencia a las últimas actuaciones que ha adelantado la Fiscalía contra 10 personas que en su gran mayoría pertenecían a uno de los cinco grupos que se crearon tras la separación de los líderes. Y es que, según lograron establecer las autoridades, los Canarios se dividieron tiempo después de dar golpes exitosos y tener discusiones por la repartición del botín y el dinero. Debido a esta situación, cuatro de los cinco ‘canarios’ originales conformaron su propia organización y le pusieron su alias o apellido como nombre.
Ellos eran Diego Alexánder Barbosa, alias Gordo, de quien se decía era el máximo jefe de los Canarios; John Alexánder Torres Linares, quien era el encargado de entrenar a los miembros y de crear el sistema de pico y placa para realizar los paseos millonarios, es decir, que sólo robaban a ciertas horas del día —especialmente en la noche—; Carlos Castro, alias Duende, y Yobani Galeano Arcila, alias Coyote, quien habría sido el segundo al mando cuando crearon la banda. El quinto fundador, Julián Sandoval, se unió a Coyote, mientras que el Gordo y Torres seguían realizando trabajos en conjunto en algunas oportunidades.
Al dividirse los Canarios, las disidencias continuaron trabajando en las mismas zonas sin problemas: el Parque de la 93, la Zona T, los centros comerciales como Gran Estación, Atlantis y Andino, y sectores donde estaban ubicadas algunas de las empresas más importantes del país. Fueron más de una decena de paseos millonarios que lograron realizar estos delincuentes, hasta que el 8 de marzo de 2012, según indicó el informe, una fuente anónima llegó hasta la Fiscalía y la Sijín de la Policía a entregar información sobre la organización criminal. Dio nombres, números telefónicos y relató el modus operandi que utilizaban.
En esa oportunidad manifestó que había un grupo de más de 10 personas que se movilizaban en taxis y motos, que con armas blancas y de fuego intimidaban a los pasajeros que recogían en exclusivas zonas de la capital, y que siempre se estaban comunicando por celulares. Con los números en mano, la Fiscalía ordenó interceptar las líneas telefónicas, logrando obtener conversaciones en tiempo real entre los implicados mientras realizaban paseos millonarios. Se identificaron cuatro casos en los que el ente investigador realizó un rastreo para encontrar las denuncias respectivas y así iniciar la investigación penal.
El primero de los expedientes fue llamado Caso Pacific Rubiales, ya que se trataba de un trabajador de esta empresa, quien junto a su esposa, con la que se encontraba disfrutando de la noche del 14 de julio de 2012 en la calle 94 con 15, abordó uno de los taxis de los Canarios. El segundo fue denominado Caso Gran Estación, porque se trataba de dos personas que el 15 de julio de 2012, al salir del centro comercial, abordaron uno de estos taxis. El tercero, el Caso Bimbo, se trató de un alto ejecutivo de la compañía que estaba el 31 de julio de 2012 en el centro comercial Atlantis. Y el último fue designado como Caso DEA, porque se trataba de un funcionario del organismo que el 14 de agosto de 2012 estaba cenando en la Zona T y junto a su acompañante fueron abordados por la banda.
Por estos hechos, gran parte de los integrantes de la banda del Gordo Barbosa y John Torres fueron capturados, junto a sus jefes, el 8 de octubre de 2012. Los retenidos fueron el Gordo, Torres, la esposa de Barbosa, Tatiana Martínez, quien se encargaba de facilitar las comunicaciones entre los implicados; Melqui Díaz, quien compraba y vendía los elementos robados —como celulares de alta gama, computadores y tabletas— en su local, ubicado en la calle 13 con Caracas; Carlos Castro Mora, alias Charly, quien tenía el rol de cogedor (ver infografía), junto a Óscar Javier Silva Rubiano, alias Bimbo; Édison Ferney López, mano derecha del Gordo y uno de los conductores; Ómar Ríos Forero, alias Cabra otro taxista, y los que cumplía, en rol de ‘tarjeteros’: Rafael Alvarado, alias Ratón, y Alexánder Buitrago Ávila, alias Tuerto, quien también tenía una banda propia.
El pasado 19 de diciembre, estas personas fueron acusadas formalmente por los delitos de secuestro extorsivo, concierto para delinquir, hurto y porte ilegal de armas. Algunos de los implicados —ninguno aceptó cargos— han intentado firmar preacuerdos con la Fiscalía. Sin embargo, todos han sido rechazados por distintos jueces. Aunque el ente investigador ha denunciado que la demora de más de un año ha sido culpa de los abogados defensores porque, al parecer, están utilizando una estrategia para impedir el curso normal del proceso al no asistir a las diligencias, las audiencias preparatorias para el juicio oral se iniciarán el próximo 13 de febrero. La última captura por estos hechos fue la de Hálber Rodríguez, el 26 de agosto de 2013.
A la par de las investigaciones contra el máximo jefe de los Canarios, los otros exsocios del Gordo fueron capturados uno a uno. Coyote, quien lideraba una banda denominada la 86, señalada de haber realizado más de 60 paseos millonarios, fue capturado en junio de 2012 junto con Jimmy Belisario Gutiérrez —ya condenado a 42 años de prisión— y José Amadeo Díaz. Según los relatos de las víctimas, estos sujetos les introducían las manos en la boca a las mujeres para evitar que gritaran y obligarlas a entregar a las claves de sus cuentas, mientras que a los hombres les hacían pequeñas cortadas en el estómago para intimidarlos. Otro caso que involucró a la banda de Coyote fue el asesinato de Guillermo Galvis el 10 de marzo de 2011.
El hombre de 61 años había cogido un taxi en el Parque de la 93 y luego de un par de minutos Reinel Clavijo , alias Chetes, le disparó dentro del vehículo. El joven fue capturado en octubre del año pasado junto a Julián Sandoval, Germán Franco Duarte, alias el Viejo, y Luz Patricia Paredes, quienes también habrían participado en el crimen. La mujer, además, ha sido señalada de ser quien compraba los taxis de los Canarios y ponía a disposición su lavadero de carros para que la banda borrara las manchas de sangre de los vehículos.
La banda de el Duende se fraccionó el 3 de abril de 2012, cuando en medio de un paseo millonario uno de sus hombres, Javier Vanegas, fue capturado. El hombre, sin pensarlo dos veces, ‘echó al agua’ a sus compañeros y las autoridades dieron con el paradero del Duende y Carlos Rangel, alias el Paisa. El último de los hombres de esta organización en caer fue Gustavo Castiblanco, quien fue capturado el pasado 15 de noviembre. Sin embargo, uno de los casos que más conmocionaron al país el año pasado fue el asesinato del agente de la DEA James Terry Watson, a manos de otros disidentes de los Canarios. Entre el grupo de hombres que, al parecer, están ad portas de una extradición, está el taxista Steven Gracia, quien integraba la banda de John Torres y después le siguió los pasos al Tuerto.
A la fecha el trabajo de la Fiscalía y la Sijín se resume en 33 capturas —entre las que se encuentran cinco fundadores de los Canarios— y la desarticulación de alrededor de siete disidencias que han azotado el norte de la capital del país. La última condena por estos hechos se produjo contra dos hombres —uno de 71 años— que participaron en el secuestro extorsivo de dos mujeres. El más viejo de los dos es Melquisedec Ibarra García, alias Don Melco, un taxista que trabaja el carro de Arcelio Sánchez, el otro procesado. En la sentencia que los condenó a 48 años y 53 años de prisión, se hizo referencia a que el taxi utilizado también fue usado por la banda del Gordo.
Tanto así, que en el juicio entre los testigos estuvieron el Gordo Barbosa y Ferney López —quien también era conductor del taxi de Arcelio Sánchez, pero por la noche—. Ambos habrían intentado salvar a los dos condenados; sin embargo, el Juzgado Noveno Especializado de Bogotá deslegitimó sus testimonios al considerar que ellos estarían utilizando una estrategia de hacerse responsables de todos los casos de paseos millonarios para así salvar a otros miembros de su organización. Una de las frases utilizadas por el Gordo durante su declaración fue que ya habían participado en cientos de hechos delictivos y que asumir “uno más no le subiría una posible condena”.
La Sijín y la Fiscalía continúan tras la pista de lo poco que queda de los Canarios. Ya han develado el organigrama de la organización criminal y sólo les queda identificar las denuncias que les permitan dar con los responsables del crimen que tiene atemorizada a una ciudad que, aun con los golpes de las autoridades, evita coger un taxi en la calle.
Un fallido ‘paseo millonario’ que terminaría en extradición
Los siete implicados en el asesinato de James Terry Watson, el agente de la DEA que murió el pasado 20 de junio cuando intentó escapar del ‘paseo millonario’ del que estaba siendo víctima, enfrentan una posible extradición a Estados Unidos por los cargos de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir. El 13 de noviembre del año pasado la Corte Suprema de Justicia negó la práctica de pruebas solicitadas por la defensa para evaluar la responsabilidad de los acusados, decisión con la cual el alto tribunal rechaza la inclusión de nuevos elementos probatorios para la solicitud de extradición que está en curso. Por su parte, la Procuraduría y la Fiscalía emitieron un concepto positivo sobre la posibilidad de que los siete procesados, hoy recluidos en la cárcel de máxima seguridad La Picota, sean juzgados por la justicia estadounidense y allí mismo cumplan su condena. El ente investigador fundamentó su aval en un tratado internacional de protección y castigo para delitos cometidos contra personas internacionalmente protegidas, como lo era el agente de la DEA. Según información suministrada por la Policía, los siete implicados pertenecen a una organización criminal que surgió como disidencia de la banda los Canarios, desmantelada en octubre de 2012.
Modalidad de secuestro extorsivo
Desde 2008, el mal llamado ‘paseo millonario’ es considerado un secuestro extorsivo, en ocasiones agravado. Esto en virtud de la Ley 1200 de ese año, que estableció que quien “arrebate, sustraiga, retenga u oculte a una persona, con el propósito de exigir por su libertad un provecho o cualquier utilidad, o para que se haga u omita algo, o con fines publicitarios o de carácter político, incurrirá en prisión de 320 a 504 meses y multa de 2.666,66 a 6.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Igual pena se aplicará cuando la conducta se realice temporalmente en medio de transporte con el propósito de obtener provecho económico bajo amenaza”.
De acuerdo con esa normativa, este delito se agrava si “se somete a la víctima a tortura física o moral o a violencia sexual durante el tiempo que permanezca secuestrada” o “cuando se obtenga la utilidad, provecho o la finalidad perseguidos por los autores”.
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