Así cayó presunta red que adulteraba medicamentos contra el VIH y cáncer

Siete millones de pesos: esa fue la cifra que una ciudadana pagó, en 2017, por un medicamento para tratar el cáncer de médula que padece. Sin embargo, la costosa medicina no tuvo efecto positivo para su enfermedad, por lo que denunció la irregularidad ante la Fiscalía. Señaló que, pese a su alto precio, al final se trató de un engaño que pudo resultar mortal. Cuatro años después, las autoridades desarticularon una red nacional que, al parecer, comercializaba productos falsos para combatir enfermedades mortales.

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Denuncias de ese tipo llevaron a la Fiscalía a detener este fin de semana a Catherine del Pilar Gómez, a quien señaló como representante de Medifarma de la Costa, una cadena de distribución de medicamentos en la Costa Atlántica. De acuerdo con la investigación, ella era miembro de un grupo de al menos 13 personas, quienes habrían creado toda una red de adulteración de medicamentos, los cuales eran distribuidos en las principales ciudades del país.

En los últimos días, el CTI de la Fiscalía, en compañía del Ejército y la Policía, realizó 19 diligencias de allanamiento en las sedes de dos distribuidoras farmacéuticas, cinco droguerías, bodegas e inmuebles en la Costa Atlántica. Las autoridades encontraron más de una tonelada de medicamentos para el cáncer, VIH-Sida, hemofilia, diabetes, artritis y otras enfermedades con tratamiento de alto costo.

“El valor de estos tratamientos por unidad podría alcanzar los $15′000.000. También se encontraron analgésicos, antivirales, anticonceptivos, antialérgicos, antibióticos, suplementos nutricionales pediátricos y una importante cantidad de productos de uso exclusivo de las EPS”, agregó la Fiscalía en la audiencia de imputación por cuatro delitos: corrupción de alimentos, productos, medicamentos o material profiláctico; usurpación de derechos de propiedad industrial (marcas); concierto para delinquir; y enajenación ilegal de medicamentos.

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De acuerdo con las indagaciones, los 13 capturados se encargarían de la comercialización de productos en estado inaceptable para la salud de los colombianos. Había personas que, presuntamente, adecuaban las cajas o empaques, en los cuales se cambiaban las fechas de expiración. Además, habrían recibido medicamentos vencidos y descompuestos de Venezuela y Ecuador, que incluso llegaron a Medimás y Audifarma.

“Cuando se hizo la trazabilidad llegaron justamente a Medifarma de la Costa. Es importante señalar que es una distribuidora a nivel nacional (…) se vendieron medicamentos a Medimás y a Audifarma, que son dispensarios a nivel nacional de EPS. Se le vende a la Policía Nacional, tiene también contratos con el Ejército, para suministro de medicamentos. Esto no es solamente local”, señaló la Fiscalía en la audiencia de imputación.

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Asimismo, en las diligencias de allanamiento se encontró que la presunta red distribuiría los medicamentos de manera arbitraria, pues se encontraron pastillas sueltas en lonas sin ningún tipo de registro. Además, se hallaron los denominados “Kit de Borrado”, compuestos de algodones, quitaesmaltes y copitos para las orejas, con los cuales se borraba la fecha de vencimiento de los empaques.

“Están comercializando todo tipo de analgésicos, antivirales y otros medicamentos, porque hemos escuchado conversaciones de hasta medicina para el COVID-19. También hay medicamentos que requieren cadena de frio, que deben ser almacenados en temperaturas muy por debajo de los 30° y otros a 8°. Cuando se rompe esa cadena se daña el medicamento. Los miembros de esa organización se han propuesto un fin criminal: alterar la seguridad pública”, agregó la Fiscalía.

Asimismo, la Fiscalía aseguró que la supuesta red de adulteración trabajaba vía terrestre y aérea. En uno de los allanamientos en una de las sedes de Medifarma, afirmó el ente investigador, se encontraron plegadizos de la empresa Envía con los cuales se marcaban los empaques. Además, entre las horas de audios que quedaron de conversaciones telefónicas interceptadas, otros posibles integrantes hablan de entregas aeropuerto-aeropuerto.

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“Se trataba de una empresa dedicada a comercializar de manera generalizada, sistemática, sin ningún tipo de prevención, medicamentos alterados o vencidos, que además pertenecían al sistema de seguridad social. La Fiscalía logró mostrar cómo cada uno tenía unos determinados roles, unos borraban, otros se dedicaban a la comercialización. Tienen un tiempo de existencia de más de dos años, además no solamente estaban en el Atlántico, si no estuvieron en Manizales, Bucaramanga, Bogotá y otras ciudades”, concluyó el representante de víctimas.

Siete millones de pesos: esa fue la cifra que una ciudadana pagó, en 2017, por un medicamento para tratar el cáncer de médula que padece. Sin embargo, la costosa medicina no tuvo efecto positivo para su enfermedad, por lo que denunció la irregularidad ante la Fiscalía. Señaló que, pese a su alto precio, al final se trató de un engaño que pudo resultar mortal. Cuatro años después, las autoridades desarticularon una red nacional que, al parecer, comercializaba productos falsos para combatir enfermedades mortales.

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Denuncias de ese tipo llevaron a la Fiscalía a detener este fin de semana a Catherine del Pilar Gómez, a quien señaló como representante de Medifarma de la Costa, una cadena de distribución de medicamentos en la Costa Atlántica. De acuerdo con la investigación, ella era miembro de un grupo de al menos 13 personas, quienes habrían creado toda una red de adulteración de medicamentos, los cuales eran distribuidos en las principales ciudades del país.

En los últimos días, el CTI de la Fiscalía, en compañía del Ejército y la Policía, realizó 19 diligencias de allanamiento en las sedes de dos distribuidoras farmacéuticas, cinco droguerías, bodegas e inmuebles en la Costa Atlántica. Las autoridades encontraron más de una tonelada de medicamentos para el cáncer, VIH-Sida, hemofilia, diabetes, artritis y otras enfermedades con tratamiento de alto costo.

“El valor de estos tratamientos por unidad podría alcanzar los $15′000.000. También se encontraron analgésicos, antivirales, anticonceptivos, antialérgicos, antibióticos, suplementos nutricionales pediátricos y una importante cantidad de productos de uso exclusivo de las EPS”, agregó la Fiscalía en la audiencia de imputación por cuatro delitos: corrupción de alimentos, productos, medicamentos o material profiláctico; usurpación de derechos de propiedad industrial (marcas); concierto para delinquir; y enajenación ilegal de medicamentos.

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“Cuando se hizo la trazabilidad llegaron justamente a Medifarma de la Costa. Es importante señalar que es una distribuidora a nivel nacional (…) se vendieron medicamentos a Medimás y a Audifarma, que son dispensarios a nivel nacional de EPS. Se le vende a la Policía Nacional, tiene también contratos con el Ejército, para suministro de medicamentos. Esto no es solamente local”, señaló la Fiscalía en la audiencia de imputación.

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“Están comercializando todo tipo de analgésicos, antivirales y otros medicamentos, porque hemos escuchado conversaciones de hasta medicina para el COVID-19. También hay medicamentos que requieren cadena de frio, que deben ser almacenados en temperaturas muy por debajo de los 30° y otros a 8°. Cuando se rompe esa cadena se daña el medicamento. Los miembros de esa organización se han propuesto un fin criminal: alterar la seguridad pública”, agregó la Fiscalía.

Asimismo, la Fiscalía aseguró que la supuesta red de adulteración trabajaba vía terrestre y aérea. En uno de los allanamientos en una de las sedes de Medifarma, afirmó el ente investigador, se encontraron plegadizos de la empresa Envía con los cuales se marcaban los empaques. Además, entre las horas de audios que quedaron de conversaciones telefónicas interceptadas, otros posibles integrantes hablan de entregas aeropuerto-aeropuerto.

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“Se trataba de una empresa dedicada a comercializar de manera generalizada, sistemática, sin ningún tipo de prevención, medicamentos alterados o vencidos, que además pertenecían al sistema de seguridad social. La Fiscalía logró mostrar cómo cada uno tenía unos determinados roles, unos borraban, otros se dedicaban a la comercialización. Tienen un tiempo de existencia de más de dos años, además no solamente estaban en el Atlántico, si no estuvieron en Manizales, Bucaramanga, Bogotá y otras ciudades”, concluyó el representante de víctimas.