Eran víctimas que no tenían familiares y, como nadie las iba a buscar, no habría nunca una investigación. En otras palabras, un crimen perfecto y sin consecuencias. En estos términos fue la advertencia que le dieron al soldado José Fidel Orjuela cuando preparaba un operativo militar que terminó en los asesinatos de Cristian Andrés López Gómez y Carlos Mauricio Duque Pastrana en junio de 2008 en la vereda La Cabaña del municipio de Suaza (Huila).
Dos jóvenes presentados como bajas en combates que nada tenían que ver con el conflicto armado y que terminaron por ser un número más en las cifras de ejecuciones extrajudiciales perpetradas por el Ejército. Dos jóvenes, en todo caso, que sí tenían familia y sí tenían quiénes los buscaran. El primero en aparecer fue Carlos Mauricio Duque, pues su mamá, años después de su muerte, lo encontró enterrado con un N.N. en el cementerio de Suaza.
En cuanto a Cristian Andrés López Gómez, que tenía apenas 16 años cuando fue asesinado, la búsqueda tomó más tiempo. Solo hasta este fin de semana, su familia pudo darle el adiós que buscaron durante 17 años. Los restos del menor de edad volvieron al regazo de sus seres queridos, luego de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) escuchara los testimonios de siete exuniformados que participaron de ambos falsos positivos.
Los relatos
De acuerdo con la investigación de la JEP, el asesinato de Cristian Andrés López Gómez y Carlos Mauricio Duque Pastrana se llevó a cabo bajo una misión táctica llamada Jalón que tuvo como base información falsa. Exsoldados comparecientes señalaron que todo arrancó con un informe de inteligencia en el que se afirmaba, falsamente, que habría un grupo armado en la vereda Divino Niño, dedicado a asaltar habitantes con armas cortas y largas.
El sargento (r) William Capera le explicó a la JEP que en junio de 2008 ordenó al soldado Jorge Eliécer Urbano y a otro militar reclutar a las víctimas y trasladarlas en moto hasta la carretera, donde el pelotón las retendría. Este aporte de verdad no es el único que ha hecho Capera: hace unos años, su testimonio le permitió a jurisdicción especial revelar que en el cementerio de Dabeiba (Antioquia) fueron enterradas decenas de víctimas da falsos positivos.
Sobre el caso en el Huila, Capera confesó que la planeación del crimen se adelantó con una anticipación de entre cinco y ocho días, y destacó que no hizo nada sin que se lo ordenara el oficial de operaciones del batallón, Francisco Adrián Álvarez Calderón. El mayor retirado ya reconoció ante la JEP su responsabilidad en varios casos de ejecuciones extrajudiciales perpetradas por el Ejército en este departamento.
El soldado José Fidel Orjuela, quien recibió la orden directa de Capera, añadió a su relato que desde el comienzo de la misión todo el pelotón supo que las víctimas no eran delincuentes y que la elección de los dos jóvenes la hizo el propio Capera porque “no tenían familiares que digamos, que los reclamaran ni pusieran digamos una demanda, o sea no había, había menos quien investigara el caso, digamos. Que él decía que ellos se quedaban como NN”.
De acuerdo con el expediente, los soldados que participaron de esta operación eran integrantes del pelotón Azteca 2 del Batallón de Infantería No. 26 Cacique Pigoanza (BIPIG). Los siete soldados que le contaron sus versiones a la JEP coincidieron con el modo, tiempo y lugar en el que fueron asesinados Cristian Andrés López Gómez y Carlos Mauricio Duque Pastrana.
El crimen
Todo empezó en la noche del 28 de junio de 2008, cuando el pelotón Azteca 2, cumpliendo órdenes, se dirigió a la vereda La Cabaña donde, al final de la carretera, recibieron a dos jóvenes que llegaron en motocicleta. Según la JEP, las víctimas fueron engañadas con el argumento de que era necesario verificar sus antecedentes y que debían ser llevadas a una base para confirmar su identidad antes de dejarlas en libertad.
Pasadas las diez de la noche, el pelotón trasladó a las víctimas hasta la zona de La Cuchilla, el punto más alto de la vereda. Allí llegaron ya en la madrugada del 29 de junio. Según el soldado José Fidel Orjuela, ese lugar lo eligió el propio sargento Capera Vargas, pues “la ejecución debía realizarse en un sitio inaccesible para impedir que el CTI pudiera subir a levantar los cuerpos”.
La JEP esclareció que, una vez en el sitio elegido para los asesinatos, “las escuadras se dividieron en dos, cada una encargada de una víctima. A las cinco de la mañana, según relataron los comparecientes, se perpetró el crimen”. Además, la jurisdicción pudo establecer que, en las ejecuciones extrajudiciales perpetradas en el Huila, existió un patrón criminal claro: el uso del engaño para aprovecharse de personas en condición de vulnerabilidad.
“De acuerdo con la evidencia judicial, las víctimas no eran consideradas integrantes o afines al enemigo, sino que eran atraídas o reclutadas por miembros de la tropa o por civiles que, por contraprestaciones económicas, las convencían bajo engaño para ser trasladadas desde zonas como Garzón, Pitalito o Neiva a sitios donde terminaban siendo asesinadas”, explicó la jurisdicción especial.
En su mayoría, recalcó la JEP, las víctimas eran personas vulnerables por circunstancias económicas, de desplazamiento, sin domicilio fijo, o habitantes de calle, con consumo problemático de sustancias, “lo que hacía menos probable los cuestionamientos e investigaciones”. En este contexto criminal, la justicia transicional pudo esclarecer los detalles del caso de Cristian Andrés López Gómez.
Por su crimen, señaló la JEP, se pagó un millón de pesos por supuestamente haber informado sobre la presencia de sujetos en la vereda La Cabaña. Sin embargo, según el testimonio del soldado José Anacona, el sargento Capera le pidió a una persona que fingiera haber entregado esa información”, aclaró la jurisdicción especial a través de un comunicado de prensa.
“Este caso evidencia cómo, para ejecutar estos crímenes, se seleccionaron personas vulnerables, quienes fueron asesinadas y presentadas ilegítimamente como integrantes de grupos armados o delincuencia común. Además, los responsables emplearon maniobras para ocultar la identidad de las víctimas, hacer más difícil la investigación y configurar el delito de desaparición forzada”, agregó la JEP.
En el caso del Huila, la jurisdicción especial pasó de 15 condenas en la justicia ordinaria al reconocimiento público de 200 falsos positivos y 32 desapariciones forzadas perpetrados entre 2005 y 2008. Treinta de los 35 máximos responsables de este episodio de terror en el departamento ya aceptaron su responsabilidad, entre ellos ocho coroneles, cinco mayores, seis suboficiales, uno de ellos William Andrés Capera Vargas.
El regreso de Cristian Andrés López Gómez
Seis meses después de la audiencia en la que varios exmiembros del Ejército reconocieron ante la JEP y las víctimas los hechos delictivos, las autoridades lograron recuperar e identificar los restos de Cristian Andrés López Gómez. Para ello, fue clave el cotejo genético con las muestras proporcionadas por su madre, Amalia López, quien buscó a su hijo menor de edad durante 17 años.
La entrega digna de los restos se llevó a cabo el sábado 15 de febrero en una ceremonia íntima entre los seres queridos, amigos y allegados de López Gómez, y el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli; el director de la Unidad de Investigación y Acusación, Giovanni Álvarez Santoyo y el magistrado auxiliar, Fabián Martínez, quien apoya la investigación del subcaso Huila.
“Cristian Andrés López Gómez no fue un delincuente y no se enfrentó a integrantes del Ejército. Cristian fue un joven que murió a los 16 años, un hijo, un hermano, que no debió haber muerto ni debió haber sido desaparecido. Hoy hacemos entrega de su cuerpo para que descanse en la paz que merece. Este acto es tan solo un paso en un largo proceso de duelo y restauración”, expresó Ramelli durante el sepelio.
El presidente de la JEP agregó. “Si bien este acto no borra el sufrimiento que él vivió, ni al que ustedes fueron sometidos por no conocer durante mucho tiempo su paradero, sí es un acto cargado de respeto y dignidad. Un homenaje que reconoce su vida y el profundo impacto que tuvo en quienes lo amaron”. Los mismos que lo buscaron durante 17 años, pese a la advertencia que tuvieron los soldados que lo asesinaron.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
