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8 May 2021 - 3:20 a. m.

Así eran los tres campamentos que usó las Farc para el secuestro

Los senadores Julián Gallo, Rodrigo Londoño, Pastor Alape y Pablo Catatumbo entregaron detalles de las “pescas milagrosas” y los campamentos en donde retuvieron a cientos de colombianos. El informe de más de 390 páginas reposa en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y fue remitido a las víctimas del conflicto armado acreditadas ante el tribunal.
Cerca de mil campesinos de la vereda Islitas y del corregimiento de San José del Tarra, acudieron al asentamiento humanitario, que se mantuvo en pie por ocho días, tras los combates entre grupos armados y el Ejército.
Cerca de mil campesinos de la vereda Islitas y del corregimiento de San José del Tarra, acudieron al asentamiento humanitario, que se mantuvo en pie por ocho días, tras los combates entre grupos armados y el Ejército.
Foto: Óscar Pérez

Un documento de más 390 páginas relata las barbaries cometidas por las extintas Farc, en cabeza de los actuales senadores Rodrigo Londoño, alias ‘Timochenko’, Julián Gallo alias ‘Carlos Antonio Lozada’, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Miltón de Jesús Toncel, entre otros. El informe reposa en los despachos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y fue suministrado a cada una de las víctimas del conflicto armado que están acreditadas en el macrocaso número 1 ‘toma de rehenes y privaciones graves a la libertad’ que estudia el tribunal.

‘Timochenko’, quien hizo parte del Secretariado Nacional de las Farc, se responsabilizó por el secuestro de civiles, uniformados y políticos. Las detenciones tenían dos motivos: sacar provecho económico de los particulares y “canjear” a las personalidades por prisioneros del grupo guerrillero que estuvieran en poder del Gobierno de turno.

“Todo lo anterior involucra hechos de violencia sexual, tratos crueles y otros crímenes que hubieran ocurrido, aislada o de manera concurrente”, dijo el excombatiente quien añadió que “nunca fue una política de la organización aprovechar la condición de retención y secuestro para cometer actos sexuales. Por el contrario, era una conducta prohibida y castigada cuando era conocida por las comandancias o cualquier instancia superior”.

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‘Timochenkó’ reiteró que la violencia sexual y particularmente la violación eran considerados delitos de alta gravedad. Para su tratamiento estaba estipulado la convocatoria de Consejos de Guerra para establecer, por medio de un juicio la responsabilidad de quienes cometieron las faltas y las sanciones, las cuales podían contemplar la pena máxima. Para el excombatiente, un ejemplo claro de ello es el relato de la actual senadora Criselda Lobo, antes ‘Sandra Ramírez’, quien aseguró que en sus 35 años de vida guerrillera sólo conoció dos casos de violencia sexual en el que se comprobó que al menos en uno hubo violación.

El primero sucedió en 1992 cuando ‘Alejandro’, un compañero de confianza de Manuel Marulanda Vélez y miembro de su Unidad Especial, violó a una campesina en la Macarena, y el otro fue en 2006 cuando otro hombres cercano a Marulanda acosó y asesinó a una guerrillera. Ambos casos fueron juzgados en Consejos de Guerra y sentenciados a la pena máxima.

Julián Gallo, por su parte, dijo que en el caso de retenciones ilegales no solo se debía contar verdad sobre ese flagelo sino también los hechos “indecorosos” de violencia sexual ejercida por el grupo guerrillero, por lo que también reconoció su responsabilidad. “Me permito expresar mi sentimiento de rechazo y frustración, porque las FARC no se constituyeron para cometer estos crímenes”, expuso y coincidió con ‘Timochenko’ en que esa “nunca fue una política de la organización”.

Alape, Toncel y Catatumbo no escaparon de esa confesión. Asumieron su responsabilidad por hacer parte del Secretariado del grupo guerrillero, no obstante, no se ahondó en detalles, pues si bien el documento de la JEP se hizo público, las víctimas pidieron que por respeto no se ventilaran ese tipo de situaciones.

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En cuanto al secuestro, los excombatientes revelaron que en el suroccidente del país, donde delinquía el Bloque Móvil Arturo Ruiz, esta practica no estaba tan marcada como si ocurrió en Santander de Quilichao tras la toma de ese municipio en 1999. Así como también las presentadas en 2001 por la Columna Jacobo Arenas, los Frentes 6, 29, 30, el Bloque Móvil Arturo Ruiz y el Frente Urbano Manuel Cepeda Vargas.

Catatumbo dijo que frente a las detenciones de los miembros de la Fuerza Pública, asumía su responsabilidad, sin embargo, expresó que esto fue provocado por la negativa del Estado de acceder a un acuerdo humanitario por guerrilleros capturados en operaciones de las fuerzas militares. “En particular reconozco aquellas conductas que ocurrieron como producto de las omisiones o imposibilidad de controlar a los combatientes que dependían de mi mando y que tuvieron como resultado malos tratos y acciones degradantes ocurridas en el marco y con ocasión de la política de secuestros”.

Milton de Jesús Toncel, quien ingresó a las filas de las Farc en 1985, también reconoció su responsabilidad como comandante del Bloque Sur que delinquía en San Vicente del Caguán. El exguerrillero dijo que a través de estrategias que acercaban a la comunidad con la estructura ilegal adelantó cientos de secuestros en esa zona del país. Esa situación provocó que las Fuerzas Militares intensificaran su labor.

Las pescas milagrosas”

Una situación similar ocurría en el Magdalena Medio en el que además de avanzar con iniciativas de cercanía a la gente realizaban las denominadas “pescas milagrosas”. En la Gabarra y Tibú, Norte de Santander esta intención se hizo más fuerte en marzo de 1998 por parte del Frente 33. Los excombatientes explicaron que el origen de las mismas obedecieron a que se observó que por esa vía transitaban vehículos costosos, como camionetas Chevrolet Blazer o Jeep Grand Cherokee.

Estos vehículos eran poco habituales y difícilmente accesibles debido a su precio, motivo por el cual cuando alguien tenía un carro de este tipo, sospechaban que era una persona adinerada. “A partir de ese hecho, nos pusimos en la tarea de averiguar información sobre los propietarios de estos automotores y su patrimonio, aunque debemos reconocer que no siempre contamos con información patrimonial de las personas que secuestramos en estas acciones”, dijeron en el documento.

Las “pescas milagrosas” a cambio del secuestro no era aleatorio, es decir, los retenes no buscaban detener a cualquiera que pasara independientemente de su patrimonio. Si bien en algunas ocasiones sí secuestraban a personas que no cumplían con lo establecido en la política financiera del grupo guerrillero, esto no fue algo constante. “Somos conscientes de que para quienes lo padecieron, generó mucha zozobra y sensación de injusticia. Por regla general, nosotros contábamos previamente con una lista de personas que eran identificadas mediante actividades de inteligencia, especialmente en Villavicencio y Bogotá, y que sabíamos que se trasladaban entre ambas ciudades”.

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La practica se hacía mucho más fácil para los guerrilleros cuando retenían temporalmente entre 60 y 100 carros que pasaban por la zona de Guayabetal, desviaban a los mismos para luego identificarlos y verificar si estaban incluidos en las listas que previamente contenían nombres de los conductores y cédulas. “Como indicación general, no se secuestraba a personas que estuvieran en condiciones de debilidad manifiesta o indefensión, es decir, se evitaba secuestrar niños, personas adultas mayores o con enfermedades, así como evidencias claras de que tuvieran movilidad reducida”.

Aunque su intención no era atacar población vulnerable, los excombatientes confirmaron que si se registraron retenciones de ese tipo lo que generó mayor sufrimiento para el secuestrado y sus familiares, pues sus condiciones en cautiverio se hicieron más graves. No obstante, no fue un impedimento para que no solicitaran las cuantiosas sumas de dinero por su liberación.

En cuanto a los recursos económicos obtenidos, los excombatientes dijeron que todos los frentes tenían un manejo similar. “Como hemos señalado en distintas versiones ante la SRVR, el dinero que ingresaba al Frente debía ser reportado al organismo superior y registrado en las planillas y sistemas de información internos de cada Frente, en esa vía destinado para el financiamiento de la actividad de la rebelión armada”.

Cuando los frentes reportaban esos ingresos, que en este caso, era al Estado Mayor del Bloque Oriental que tenía por comandante a Jorge Briceño, era él quien orientaba cómo debían repartirse los recursos. Definían qué cantidad se quedaba en el Frente para sus gastos de mantenimiento, en un determinado periodo, y qué parte se trasladaba para el Estado Mayor del Bloque Oriental (EMBO). La misma situación ocurría con los demás frentes que estaban ubicados en el territorio nacional.

Los campamentos

Si bien el tema económico era base fundamental en la organización, también lo eran los campamentos en los que no solo se ubicaban a las cuantiosas filas armadas sino también a los secuestrados, a quienes movían de lugar cada vez que había una operación militar por parte del Gobierno de turno, o incluso cuando enfrentaban condiciones precarias de salud. En el documento reposa una intoxicación con pescado en la que tanto guerrilleros como víctimas vieron afectada su estado anímico.

“Era tan grave la intoxicación que ni alcanzábamos a ir al baño, por lo cual fueron días muy duros para todos. Tratamos de cambiar el menú que teníamos y mantenernos con mucho líquido, hasta que pasó la emergencia” relata el documento en el que además explica que los campamentos estaban dotados de cocina, alojamientos para personal de las Farc, aula de estudio, zona de preparación de alimentación, sanitarios, y un espacio similar para las personas retenidas.

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“Reconocemos que las condiciones existentes en los distintos campamentos donde estuvieron los prisioneros fueron muy distintas. En algunos casos esas condiciones fueron aceptables, pero en otros fueron muy difíciles”, les dijeron los excomandantes a las víctimas y añadieron que esas variaciones en los campamentos fueron producto de las condiciones del terreno y del contexto de la guerra que había en cada lugar del país.

Para 2001, la guerrillerada tomó la determinación de unificar en un solo campamento a todos los secuestrados, es decir, militares, policías, civiles y políticos. Ese lugar fue conocido por los excombatientes como la “cárcel segura” que se ubicaba en lo que terminó siendo la zona de distensión creada en San Vicente del Caguán durante 1998 y 2002, mientras se adelantó el proceso de paz con el expresidente Andrés Pastrana.

La “cárcel segura” contaba con caletas, panadería, aulas generales, marraneras, canchas, unidades sanitarias y de alimentación para los secuestrados. “En este campamento permaneció el grupo durante más de un año y medio, desde las liberaciones unilaterales de junio de 2001 hasta la salida hacia el siguiente campamento, aproximadamente entre febrero y marzo de 2003”.

El próximo destino era Caño Machetes, cerca de uno de los campamentos principales de las Farc. Allí nadie tenía cadena “teníamos claro que eran seres humanos, que estaban allí en contra de su voluntad” y pese a su condición la rutina diaria casi siempre era la misma: salían de sus dormitorios y eran llevados al aula. Algunas veces y cuando se podía, les ponían televisor o se les daba la opción de jugar microfútbol. “Cuando se dieron los escenarios de hacer pruebas de supervivencia, muchos solicitaban poder mirar si les había llegado a sus familias, si salían en la televisión. Por eso se estableció que todos los días a mediodía los llevábamos a donde teníamos el televisor para que observaran”.

Las pruebas de supervivencia no eran revisadas por parte de los integrantes de las Farc, sin embargo, si advertían sobre el peligro de dar información respecto de la ubicación, pues era claro que esto representaba un riesgo para la vida no solo de los guerrilleros, sino de quienes estaban privados de su libertad. En esa época, afirmaciones como esas establecían con claridad las “normas del juego”, no obstante, a hoy los excombatientes tienen claro que esas amenazas afectaron la vida normal durante y después del cautiverio.

Otro campamento importante en la vida de los excombatientes y secuestrados fue el “embarrizado” que como su nombre lo menciona estaba inundado de lodo por las condiciones del terreno. En ese lugar estuvieron dos meses y medio. “Las condiciones en esta cárcel fueron muy duras, especialmente para los prisioneros; era un punto con mucha humedad lo que, sumado a la época del año en que llegamos, implicaba que todo estuviera embarrizado, de ahí el nombre que le pusimos, lo que dificultaba las condiciones de higiene”.

Ese campamento tenía dos lugares: uno para militares y otro para políticos. Tenían alambradas en el que se habilitó un espacio para patio o cancha, los chontos o dormitorios también se instalaron dentro de ese espacio. “Aquí no se ubicaron camas, sino que dormían en hamacas guindadas bajo un techo; la zona de dormir era cerrada en las horas nocturnas”. El espacio para los prisioneros contaba con seis garitas para los guardias que se mantenían constantemente vigilando con turnos establecidos.

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Esa dinámica no duró mucho pues la presiones militares y los constantes operativos en su contra los obligó a moverse a ocho kilómetros de distancia. Las condiciones eran las mismas a la del “embarrizado” pero el espacio era más grande, incluso, tenían una cancha a la que podían salir todos los días. Los secuestrados se acostumbraron a esos espacios y para cuando llegaron al último campamento, prácticamente, estaban acondicionados al terreno.

“El caño de la cárcel” fue el último campamento que las Farc usó para tener a los secuestrados bajo su dominio. Estaba ubicado cerca al Río Tunia en Cauca. Su infraestructura era en madera y con techo de zinc. Los camarotes tenían el mismo material y costaban de una colchoneta individual. La construcción estaba dividida en dos: en una parte estaban situados siete políticos, y posteriormente los tres norteamericanos, y en la otra los 27 militares y policías.

En total habían 38 retenidos en el lugar. El espacio destinado a los militares era mayor, pues eran más. El de los políticos contaba con camas individuales y tenía un área de aproximadamente de 12 por 6 metros. Afuera de los dormitorios había un patio donde quedaba la zona de lavado, tendido de ropa, mesas y sillas para comidas y otras actividades, así como lugares de ejercicio autoconstruidas. “Este campamento – cárcel tenía mejores condiciones que las anteriores, sin embargo, entendemos que las condiciones nunca fueron aceptables para quienes estaban privados de libertad en ellas”.

Por fuera de los dormitorios había un cerco de alambre cada 20 centímetros, con una altura de tres metros cada uno. Por encima del espacio de retención también tenía un alambre que lo cerraba. El lugar donde se ubicaban los retenidos era rectangular y contaba con cuatro guardias, una en cada extremo, un relevante que visitaba los cuatro puestos y un comandante de guardia que era el que hacía los relevos y los visitaba cada hora.

Las alambradas delimitaban un espacio cerrado y les facilitaba el control de los prisioneros. “Entendíamos que estas permitían una mayor tranquilidad para ellos, que podían moverse en el recinto y no tener un control tan férreo constantemente. Sin embargo, la repercusión social de esas imágenes y los testimonios de los secuestrados, para quienes se convirtieron en sinónimos de campos de concentración nos han hecho comprender la dureza de este tipo de medidas para personas que estaban cautivas y cuya liberación no dependía de ello”.

En ese campamento los secuestrados salían diariamente a bañarse al río. Dentro del espacio donde estaban había construidos unos baños con agujeros en el suelo, que quedaban a una distancia de 20 metros de los dormitorios, estos tenían un plástico alrededor que los tapaba para que pudieran usarlo privadamente.

“El caño de la cárcel” reposa en las memorias no solo de los excombatientes sino también de los secuestrados pues fue su lugar de residencia hasta 2004, momento en el que los dividieron y los frentes 1, 7, 27, 43 y 44 asumieron su custodia en lugares que no se parecían a los mencionados. “Después de este momento no volvieron a existir campamentos permanentes ni cárceles similares pues las condiciones operativas no lo hacían posible”.

Desde ese entonces los secuestrados fueron liberados progresivamente, unos por decisiones de las Farc y otros por operativos militares, entre ellos la Operación Jaque y Camaleón. El último grupo de privados de la libertad fue liberado en 2012 por decisión de la estructura guerrillera.

Los detalles de cada “pesca milagrosa”, secuestro, desaparición forzada y violencia sexual los excombatientes los dejaron plasmados en el documento que hoy tienen las víctimas del conflicto armado.

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