Así es el acuerdo con el Gobierno que puso fin al paro de mineros en Antioquia

Entre los lineamientos que anuncian el acto administrativo, se incluye cuatro criterios por los cuales se entiende cuando alguien es minero con vocación de formalidad.

Foto: Alcaldía de Segovia

En el corregimiento de Porce (Antioquia), sobre las 4:30 de la tarde, más de 3.000 personas celebraron el anuncio de un acuerdo entre los mineros del nordeste antioqueño y el Gobierno Nacional, que pone a fin a 11 días de paro. El 3 de abril, la Mesa Minero Agroambiental del Nordeste Antioqueño y el ministro de Minas Edwin Palma, junto a los alcaldes y alcaldesas de los diez municipios de la subregión, firmaron varios compromisos que responden a las exigencias de alcanzar mejores garantías para los mineros ancestrales y diferenciarlos de las actividades de extracción ilícita.

El consenso entre ambas partes se expresa en de la resolución N. 40141-25 de 2025, en la cual el Ministerio de Minas definió los lineamientos que permiten diferenciar a los mineros informales de pequeña escala que tienen vocación y están en proceso de formalización, así como los mecanismos para aplicar un tratamiento diferencial en sus procesos de legalización y titulación minera. Esta diferenciación de Minminas permitirá que ministerios como el de Defensa, Agricultura, Ambiente, Interior, y la Unidad para las Víctimas, entre otros, creen planes y proyectos para garantizar la formalización del gremio.

Esteban Bello, abogado delegado por los municipios de Remedios y Segovia (Antioquia) para el acompañamiento y la mediación, explicó al El Espectador que esta resolución logra cumplir “a cabalidad la ley 2250 de 2022, es decir la ley de formalización minera. Cuando construimos esa ley, lo que estábamos buscando era crear competencias o articulaciones entre las entidades para que se pudiera formalizar a los mineros donde es posible, reubicarlos donde no es posible y establecer rutas de reconversión y diversificación productiva para cuando hay que reubicarlos, o cuando ellos voluntariamente quieren pasar a otra actividad productiva”.

Sin embargo, el abogado señaló que hacían faltas medidas más específicas para la formalización minera que ahora la resolución de Minminas busca atender. Entre los lineamientos que anuncian el acto administrativo, se incluye cuatro criterios por los cuales se entiende cuando alguien es minero con vocación de formalidad. El primero de estos es que la persona manifieste su interés y busque formalizar su oficio mediante un diligenciamiento con la Agencia Nacional de Minería (ANM).

La Agencia tiene la competencia “de establecer un certificado o una herramienta de consulta para que todas las entidades puedan saber que una persona, con número de cédula, nombre y coordenadas, tiene un tipo de mina que está en proceso de convocación de formalidad. Es decir que el Estado empezó a encontrar junto con él una forma de darle legalidad a su operación a través de un contrato o una figura de formalización establecida. Esa es la ruta de formalización”, aclaró Bello.

Para entender a detalle cómo esta resolución logró hacer que los mineros del nordeste levantaran el paro, es necesario revisar cómo funcionará en todas las entidades del orden nacional, departamental y municipal. Desde el ministerio de Defensa se expedirá una circular con los protocolos de actuación ante decomiso de maquinaria. El abogado señaló que bajo esta normativa, “si un minero en proceso de formalización está empleando maquinaria en su operación, la maquinaria en lugar de ser destruida deberá incautarse. El reto está en las capacidades que deben tener los municipios para esa incautación”.

“Pero no solo es Mindefensa, también es con el tema de agricultura en donde se empieza a entender que existen campesinos agromineros y se crea una categoría de protección en la cual a través de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), de la Agencia Nacional de Tierra (ANT) y del Ministerio de Agricultura”, de acuerdo con Bello, se empiezan a generar procesos especiales para que esta población sea reconocida como parte de una tradición cultural en la que la agricultura y la minería conviven de manera simultánea, con la proyección de avanzar hacia una industrialización a pequeña escala.

Frente a la relación con la Unidad para las Víctimas, se priorizarán reconocimientos colectivos a comunidades mineras y movimientos sociales, y rutas de atención individual para líderes sociales. Con el ministerio del Interior se crearan convocatorias de manera diferenciada, y una categoría territorial con el Departamento Nacional de Planeación (DNP).

Durante los próximos días en el nordeste de Antioquia, el Ministerio de Minas destinará recursos técnicos y financieros para agilizar los procesos de legalización con una fase intensiva hasta el 28 de abril. Asimismo, el 27, 28 y 29 de abril se instalará formalmente la Mesa Social y Minera por la Vida y la Paz del Nordeste, que garantizará una participación equitativa entre instituciones estatales y organizaciones comunitarias en la toma de decisiones.

“Estos acuerdos son un pacto por la dignidad para avanzar en ese reconocimiento y en esas justas luchas que hemos tenido desde hace muchos años. Nuestras comunidades mineras levantan la mano para decir: ‘Aquí estamos, queremos formalizarnos, que no se aplique terrorismo a través de la quema de maquinaria, sino que se puedan optar por otro mecanismo como es el tema de incautación con fines de custodia’”, manifestó Yarley Marín, presidente de la Mesa Minera Segovia-Remedios y miembro de la Mesa Minera Agroambiental del nordeste antioqueño.

Marín, asume la cabecera de la organización tras el asesinato del expresidente Jaime Mongo Gallego, líder minero asesinado el pasado 9 de marzo. La muerte de Gallego, atribuida al grupo armado el Clan del Golfo, paralizó al municipio de Segovia (Antioquia) y fue una amenaza indirecta para todos los líderes sociales y ambientales que desde hace años vienen denunciando violencias y presiones por parte del Clan, que estaría buscando infiltrarse en sindicatos mineros e instrumentalizar a los trabajadores para acceder a las ganancias de la minería.

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Precisamente, el tema de seguridad también es un punto tratado por la resolución N. 40141-25 de 2025. El acuerdo establece garantías de protección para los líderes sociales y comunidades minero-campesinas, con el objetivo de erradicar la estigmatización, persecución y criminalización de quienes ejercen la defensa del territorio y la actividad minera ancestral.

A través de la Unidad Nacional de Protección (UNP) se implementarán esquemas de seguridad individual, y colectivas desde el Ministerio del Interior. La Defensoría y la Procuraduría asumirán el seguimiento a las alertas tempranas y velarán por el respeto al debido proceso durante los operativos de control. También, en la instalación de la Mesa Social y Minera por la Vida y la Paz, que arranca el 27 de abril, la Defensoría entregará un informe de la situación de riesgo del Movimiento Social Minero del Nordeste Antioqueño.

El nordeste, una subregión que produce entre el 15 y 17% del oro del país, ha estado marcado por la presencia de grupos paramilitares y guerrilleros que intentan controlar las ganancias de la explotación minera. En febrero del año pasado, los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y ELN por el control territorial causaron el confinamiento y desplazamiento de 800 familias de cinco veredas de Segovia. El 26 de enero de 2025, la Defensoría advirtió que los enfrentamientos entre disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y ELN en el nordeste de Antioquia y en el Bajo Cauca causaron el desplazamiento de 160 familias.

Esta lucha del Clan del Golfo por dominar la explotación del oro en Antioquia fue detalla por El Espectador en una publicación del pasado 28 de marzo. Este diario se contactó con Carlos Andrés Zapata, presidente del Instituto Popular de Capacitación (IPC), quien explicó que la insistencia del Clan del Golfo en controlar la minería de oro en el nordeste de Antioquia se debe al mal momento que pasa el negocio de la hoja de coca. Durante años, los grupos armados han alternado allí su financiación entre el control de la minería y de los cultivos de uso ilícito.

En contexto: La guerra del Clan del Golfo por controlar la explotación de oro en Antioquia

“Las estructuras ilegales están migrando del control territorial y de la coca en el sur de Bolívar y el Bajo Cauca, a la minería. Hay una disputa por el control directo o el cobro de extorsiones para explotar y operar maquinaria”, dijo el investigador. Una disputa territorial que, como lo advirtieron los defensores de derechos humanos y líderes sociales de la región, podría llevar a un escenario similar al del Catatumbo.

La comunidad del nordeste y los líderes mineros se preparan para las actividades de seguimiento de las próximas semanas, y se espera que estas nuevas medidas proyectadas por Minminas no queden en el papel, como ocurrió con los acuerdo del 25 de octubre de 2024, firmados en Caucasia (Antioquia), que también exigían priorización para la formalización minera y protección para el territorio. En palabras del abogado Esteban Bello, este paro terminó con una resolución “que no solo se trata de suspender la quema de maquinaria de comunidades, sino que busca entender a estas comunidades como algo más”.

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