Así fue el desfalco a Coomeva

Un nuevo capítulo se escribió en la historia reciente de los casos de corrupción que desangraron los recursos para al salud de los colombianos. La Fiscalía acaba de acusar formalmente a ocho personas —entre ellas cinco exdirectivos de la institución— por los delitos de peculado por apropiación, contratos sin requisitos legales y celebración indebida de los mismos. El denunciado desfalco se originó por varios contratos con notables sobrecostos que se firmaron entre la entidad y la empresa Medicamentos de Occidente para la atención especial de pacientes con VIH y las cirugías de implantes articulares de cadera y rodilla.

En la resolución de acusación de 439 páginas, la Fiscalía vinculó a los tres socios de Medicamentos de Occidente (Jairo Alfonso Estarita Monroy, Édgar Antonio Ricardo García y Marina Concepción Carbonell Jimeno), el exgerente general de Coomeva Laureano Guevara, la exgerente nacional de salud Melba Lucía Flórez Toro, el exdirector médico Manuel Humberto León Avellaneda, el exdirector de medicamentos Carlos Arturo Parra Orozco y el exrepresentante legal Jorge Humberto Céspedes Ibarra.

En 2005 se dio inicio a la investigación penal. Todo comenzó el 23 de septiembre de ese año cuando un asociado de la entidad envió un derecho de petición en el que advertía de una serie de irregularidades que se estaban presentando al interior de varias empresas que conformaban la Cooperativa Coomeva. En ese momento, la entidad abrió sus puertas a la Fiscalía y emergieron las primeras pistas del presunto desfalco.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de las autoridades fue que la empresa Medicamentos de Occidente se constituyó seis meses antes (fue creada el 16 de octubre de 2001) de empezar a firmar los multimillonarios contratos que llegaron a sumar $35.000 millones. Para la Fiscalía, los directivos de Coomeva otorgaron “una contratación de unas características muy especiales, sin efectuar ningún estudio que permitiera dar cumplimiento a lo dispuesto en el principio de economía”. Asimismo, encontraron que los precios que ofrecía la empresa estaban por encima del valor que establecía el mercado.

Más grave aún, para la Fiscalía la empresa Medicamentos de Occidente en realidad no ofrecía un servicio diferente al que podría prestar alguna dependencia de Coomeva, por lo que no era concebible que obtuvieran ganancias netas por el 10% de la contratación. En cifras: $3.411 millones que pertenecían a los recursos de la Salud. Supuestamente, la firma contratista tenía como objetivo “la distribución y dispensación de medicamentos, programas de salud, compra y venta de insumos para la salud, contratación con clínicas y hospitales médicos para ofrecer programas de salud”.

Pero la Fiscalía puntualizó que “era una contratación especial la realizada con Medicamentos de Occidente, en la medida que se trató de una de las primeras realizada a nivel nacional por Coomeva EPS, para un tema tan importante como lo es el de la atención integral de pacientes VIH, que requería de una empresa con experiencia en la atención de pacientes con dicha patología. Sin embargo, se contrata con un intermediario sin ningún tipo de experiencia en atención en salud, y menos en dicho campo especializado, el cual había sido recientemente constituido en Cámara y Comercio y no poseía un capital que permitiera vislumbrar la correcta ejecución del contrato y su cumplimiento, lo cual quedó reflejado en la necesidad de otorgarle anticipos multimillonarios para poder dar inicio a la ejecución del contrato”.

Y agregó el ente investigador que “no sólo se trató de los sobrecostos en la prestación del servicio de atención de pacientes VIH, que se evidencia en el hecho que se presentó una disminución sustancial en el precio a través del tiempo, sino los sobrecostos en las cirugías de implantes articulares de cadera y rodilla, tal y como ha quedado claro en los diferentes informes de policía judicial, el dictamen contable, y los diferentes informes de auditoría que obran en las presentes diligencias (...) si bien la actividad comercial debe generar un lucro al prestador, en este caso, tratándose de una simple labor de intermediación, que no conllevó ninguna prestación de servicio, nos resulta desproporcionada una ganancia para el intermediario como la reportada en diciembre”.

Coomeva abrió sus puertas

Al iniciar la investigación formal, la Fiscalía revisó los extractos bancarios de los implicados y transacciones de los beneficiarios de los recursos que giraba Medicamentos de Occidente. Movimientos bancarios realizados en cuentas de Laureano Novoa Guevara entre los años 2001 a 2007, de Héctor Alfonso Parra Quintero entre los años 2002 a 2003, de Melba Flórez Toro para los años 2002 a 2006, de Jairo Alfonso Estarita Monroy para los años 2001 a 2007, de Édgar Antonio Ricardo García entre 2000 a 2007 y de Manuel Humberto León Avellaneda durante 2005 y 2007.

Asimismo, se recepcionaron decenas de declaraciones de antiguos empleados de Coomeva, especialmente, de los asistentes de los hoy implicados que le revelaron a la Fiscalía la forma en que operaban los exdirectivos. A su vez, Coomeva emitió un comunicado en el que revelaba que desde 2007 ellos promovieron la investigación penal porque las irregularidades fueron advertidas por una serie de auditorías internas y externas que realizó la EPS.

“Es de anotar que en el citado proceso Coomeva EPS se constituyó como parte civil, para obtener el resarcimiento de los perjuicios que dicha contratación le causó, por lo cual la determinación adoptada hoy por la Fiscalía, constituye un paso más dentro del trámite procesal de este tipo de investigaciones (...) los hechos registrados corresponden a una investigación promovida por la misma organización, que en su momento derivó en medidas administrativas correctivas, otras de tipo financiero y las penales”, precisó en su comunicado la entidad.

smartinezh@elespectador.com

@santsmartinez

Un nuevo capítulo se escribió en la historia reciente de los casos de corrupción que desangraron los recursos para al salud de los colombianos. La Fiscalía acaba de acusar formalmente a ocho personas —entre ellas cinco exdirectivos de la institución— por los delitos de peculado por apropiación, contratos sin requisitos legales y celebración indebida de los mismos. El denunciado desfalco se originó por varios contratos con notables sobrecostos que se firmaron entre la entidad y la empresa Medicamentos de Occidente para la atención especial de pacientes con VIH y las cirugías de implantes articulares de cadera y rodilla.

En la resolución de acusación de 439 páginas, la Fiscalía vinculó a los tres socios de Medicamentos de Occidente (Jairo Alfonso Estarita Monroy, Édgar Antonio Ricardo García y Marina Concepción Carbonell Jimeno), el exgerente general de Coomeva Laureano Guevara, la exgerente nacional de salud Melba Lucía Flórez Toro, el exdirector médico Manuel Humberto León Avellaneda, el exdirector de medicamentos Carlos Arturo Parra Orozco y el exrepresentante legal Jorge Humberto Céspedes Ibarra.

En 2005 se dio inicio a la investigación penal. Todo comenzó el 23 de septiembre de ese año cuando un asociado de la entidad envió un derecho de petición en el que advertía de una serie de irregularidades que se estaban presentando al interior de varias empresas que conformaban la Cooperativa Coomeva. En ese momento, la entidad abrió sus puertas a la Fiscalía y emergieron las primeras pistas del presunto desfalco.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de las autoridades fue que la empresa Medicamentos de Occidente se constituyó seis meses antes (fue creada el 16 de octubre de 2001) de empezar a firmar los multimillonarios contratos que llegaron a sumar $35.000 millones. Para la Fiscalía, los directivos de Coomeva otorgaron “una contratación de unas características muy especiales, sin efectuar ningún estudio que permitiera dar cumplimiento a lo dispuesto en el principio de economía”. Asimismo, encontraron que los precios que ofrecía la empresa estaban por encima del valor que establecía el mercado.

Más grave aún, para la Fiscalía la empresa Medicamentos de Occidente en realidad no ofrecía un servicio diferente al que podría prestar alguna dependencia de Coomeva, por lo que no era concebible que obtuvieran ganancias netas por el 10% de la contratación. En cifras: $3.411 millones que pertenecían a los recursos de la Salud. Supuestamente, la firma contratista tenía como objetivo “la distribución y dispensación de medicamentos, programas de salud, compra y venta de insumos para la salud, contratación con clínicas y hospitales médicos para ofrecer programas de salud”.

Pero la Fiscalía puntualizó que “era una contratación especial la realizada con Medicamentos de Occidente, en la medida que se trató de una de las primeras realizada a nivel nacional por Coomeva EPS, para un tema tan importante como lo es el de la atención integral de pacientes VIH, que requería de una empresa con experiencia en la atención de pacientes con dicha patología. Sin embargo, se contrata con un intermediario sin ningún tipo de experiencia en atención en salud, y menos en dicho campo especializado, el cual había sido recientemente constituido en Cámara y Comercio y no poseía un capital que permitiera vislumbrar la correcta ejecución del contrato y su cumplimiento, lo cual quedó reflejado en la necesidad de otorgarle anticipos multimillonarios para poder dar inicio a la ejecución del contrato”.

Y agregó el ente investigador que “no sólo se trató de los sobrecostos en la prestación del servicio de atención de pacientes VIH, que se evidencia en el hecho que se presentó una disminución sustancial en el precio a través del tiempo, sino los sobrecostos en las cirugías de implantes articulares de cadera y rodilla, tal y como ha quedado claro en los diferentes informes de policía judicial, el dictamen contable, y los diferentes informes de auditoría que obran en las presentes diligencias (...) si bien la actividad comercial debe generar un lucro al prestador, en este caso, tratándose de una simple labor de intermediación, que no conllevó ninguna prestación de servicio, nos resulta desproporcionada una ganancia para el intermediario como la reportada en diciembre”.

Coomeva abrió sus puertas

Al iniciar la investigación formal, la Fiscalía revisó los extractos bancarios de los implicados y transacciones de los beneficiarios de los recursos que giraba Medicamentos de Occidente. Movimientos bancarios realizados en cuentas de Laureano Novoa Guevara entre los años 2001 a 2007, de Héctor Alfonso Parra Quintero entre los años 2002 a 2003, de Melba Flórez Toro para los años 2002 a 2006, de Jairo Alfonso Estarita Monroy para los años 2001 a 2007, de Édgar Antonio Ricardo García entre 2000 a 2007 y de Manuel Humberto León Avellaneda durante 2005 y 2007.

Asimismo, se recepcionaron decenas de declaraciones de antiguos empleados de Coomeva, especialmente, de los asistentes de los hoy implicados que le revelaron a la Fiscalía la forma en que operaban los exdirectivos. A su vez, Coomeva emitió un comunicado en el que revelaba que desde 2007 ellos promovieron la investigación penal porque las irregularidades fueron advertidas por una serie de auditorías internas y externas que realizó la EPS.

“Es de anotar que en el citado proceso Coomeva EPS se constituyó como parte civil, para obtener el resarcimiento de los perjuicios que dicha contratación le causó, por lo cual la determinación adoptada hoy por la Fiscalía, constituye un paso más dentro del trámite procesal de este tipo de investigaciones (...) los hechos registrados corresponden a una investigación promovida por la misma organización, que en su momento derivó en medidas administrativas correctivas, otras de tipo financiero y las penales”, precisó en su comunicado la entidad.

smartinezh@elespectador.com

@santsmartinez