Así intentaron rebajarle la pena a Julio Gómez

La Fiscalía y la Dijin de la Policía capturaron a dos funcionarios judiciales del Tribunal Superior de Bogotá que, al parecer, habrían manipulado el sistema de la oficina de reparto para direccionar el proceso de Julio Gómez que buscaba una reducción de su pena de cinco años de prisión. Se trata del ingeniero Wilson Fernando Rivera y del exoficial mayor del Tribunal de Bogotá Wilson Fernando Rivera, quienes, supuestamente al alterar los registros informáticos permitieron que el expediente cayera en manos del magistrado Luis Fernando Ramírez Contreras.

El objetivo, según la hipótesis de las autoridades, era que el fallo de segunda instancia redujera la pena impuesta a Gómez de cinco a cuatro años de prisión, para que así el contratista tuviera la posibilidad de acceder a los beneficios de ley que le permitían salir de la cárcel al ser su pena excarcelable. Tanto a Ortiz como a Rivera les imputarán cargos por los delitos de falsedad ideológica en documento público y daño informático.

Todo comenzó el 17 de octubre de 2012 cuando un anónimo llegó a las oficinas del Tribunal Superior de Bogotá –que inmediatamente fue remitido a la Fiscalía– en el que se advertía que una alta suma de dinero había sido pagada por Julio Gómez para que su recurso de apelación fuera decidido por el magistrado Ramírez. Por esa misma época, el togado ya había presentado su ponencia en la que efectivamente rebajaba la pena a 48 meses de prisión del preacuerdo al que habían llegado Gómez y la Fiscalía en noviembre de 2011.

Sin embargo, los otros dos compañeros de sala del magistrado Ramírez, Ramiro Riaño y Raúl Gutiérrez, el 25 de octubre de 2012 se opusieron a la ponencia y la derrotaron, advirtiendo que no era conveniente que un hombre que había participado en el mayor desfalco a las arcas del Distrito recibiera una pena menor a alguien que se roba un celular. Fue entonces, que con un nuevo proyecto de fallo, presentado por el magistrado Riaño el 19 de noviembre de 2012, el Tribunal de Bogotá decretó nulidad en todo lo actuado y tumbó el preacuerdo firmado ente el contratista y el ente investigador.

Según reveló la Revista Semana en diciembre de 2013, toda esta situación se derivó de una auditoría al software de reparto que distribuye los procesos de acuerdo con la carga que tenga cada magistrado, ya que al que menos tenga se le asigna un nuevo expediente. En este proceso, se evidenció en tan sólo dos minutos y 21 segundos, se modificaron las ‘puertas’ (terminó técnico para referirse al número de casos de cada togado) de 26 despachos.

En el informe se establecía que a todos los magistrados se le subió la carga de expedientes a 200, menos a Ramírez que quedó con 195. Asimismo, Semana puntualizó en que en el anónimo se indicaba que al magistrado Ramírez le habrían prometido un pago de cerca de $1.800 millones y otros $200 millones a los dos funcionarios que colaboraron con la manipulación de software. El 22 de julio de 2013 agentes de la Dijin y miembros de la Fiscalía realizaron una inspección al Tribunal.

Los resultados terminaron de confirmar la hipótesis las autoridades. En las pesquisas se estableció que solamente Ortiz y Rivera fueron los hombres que tuvieron acceso al sistema el día en que se incrementó la carga de expedientes en los distintos despachos del Tribunal de Bogotá. Tanto así, que, al parecer, el oficial mayor cambió el número de la noticia criminal para que el sistema no le asignara el caso al magistrado encargado de adelantar todo lo correspondiente al expediente del carrusel de la contratación.

Tanto la Dijin como la Fiscalía interceptaron las líneas telefónicas de los capturados, revisaron bases de datos y, con los resultados de la inspección, solicitaron la captura de Ortiz y Rivera. Aún se desconoce qué sucederá con el magistrado Ramírez y con Julio Gómez, quien finalmente decidió no llegar a un preacuerdo con la Fiscalía sino aceptar cargos –asimismo tiene un principio de oportunidad por el delito de concierto para delinquir– y seguir colaborando con la justicia.
 

La Fiscalía y la Dijin de la Policía capturaron a dos funcionarios judiciales del Tribunal Superior de Bogotá que, al parecer, habrían manipulado el sistema de la oficina de reparto para direccionar el proceso de Julio Gómez que buscaba una reducción de su pena de cinco años de prisión. Se trata del ingeniero Wilson Fernando Rivera y del exoficial mayor del Tribunal de Bogotá Wilson Fernando Rivera, quienes, supuestamente al alterar los registros informáticos permitieron que el expediente cayera en manos del magistrado Luis Fernando Ramírez Contreras.

El objetivo, según la hipótesis de las autoridades, era que el fallo de segunda instancia redujera la pena impuesta a Gómez de cinco a cuatro años de prisión, para que así el contratista tuviera la posibilidad de acceder a los beneficios de ley que le permitían salir de la cárcel al ser su pena excarcelable. Tanto a Ortiz como a Rivera les imputarán cargos por los delitos de falsedad ideológica en documento público y daño informático.

Todo comenzó el 17 de octubre de 2012 cuando un anónimo llegó a las oficinas del Tribunal Superior de Bogotá –que inmediatamente fue remitido a la Fiscalía– en el que se advertía que una alta suma de dinero había sido pagada por Julio Gómez para que su recurso de apelación fuera decidido por el magistrado Ramírez. Por esa misma época, el togado ya había presentado su ponencia en la que efectivamente rebajaba la pena a 48 meses de prisión del preacuerdo al que habían llegado Gómez y la Fiscalía en noviembre de 2011.

Sin embargo, los otros dos compañeros de sala del magistrado Ramírez, Ramiro Riaño y Raúl Gutiérrez, el 25 de octubre de 2012 se opusieron a la ponencia y la derrotaron, advirtiendo que no era conveniente que un hombre que había participado en el mayor desfalco a las arcas del Distrito recibiera una pena menor a alguien que se roba un celular. Fue entonces, que con un nuevo proyecto de fallo, presentado por el magistrado Riaño el 19 de noviembre de 2012, el Tribunal de Bogotá decretó nulidad en todo lo actuado y tumbó el preacuerdo firmado ente el contratista y el ente investigador.

Según reveló la Revista Semana en diciembre de 2013, toda esta situación se derivó de una auditoría al software de reparto que distribuye los procesos de acuerdo con la carga que tenga cada magistrado, ya que al que menos tenga se le asigna un nuevo expediente. En este proceso, se evidenció en tan sólo dos minutos y 21 segundos, se modificaron las ‘puertas’ (terminó técnico para referirse al número de casos de cada togado) de 26 despachos.

En el informe se establecía que a todos los magistrados se le subió la carga de expedientes a 200, menos a Ramírez que quedó con 195. Asimismo, Semana puntualizó en que en el anónimo se indicaba que al magistrado Ramírez le habrían prometido un pago de cerca de $1.800 millones y otros $200 millones a los dos funcionarios que colaboraron con la manipulación de software. El 22 de julio de 2013 agentes de la Dijin y miembros de la Fiscalía realizaron una inspección al Tribunal.

Los resultados terminaron de confirmar la hipótesis las autoridades. En las pesquisas se estableció que solamente Ortiz y Rivera fueron los hombres que tuvieron acceso al sistema el día en que se incrementó la carga de expedientes en los distintos despachos del Tribunal de Bogotá. Tanto así, que, al parecer, el oficial mayor cambió el número de la noticia criminal para que el sistema no le asignara el caso al magistrado encargado de adelantar todo lo correspondiente al expediente del carrusel de la contratación.

Tanto la Dijin como la Fiscalía interceptaron las líneas telefónicas de los capturados, revisaron bases de datos y, con los resultados de la inspección, solicitaron la captura de Ortiz y Rivera. Aún se desconoce qué sucederá con el magistrado Ramírez y con Julio Gómez, quien finalmente decidió no llegar a un preacuerdo con la Fiscalía sino aceptar cargos –asimismo tiene un principio de oportunidad por el delito de concierto para delinquir– y seguir colaborando con la justicia.